Un sorteo cuyo premio sea el avión presidencial mexicano. Esta es la propuesta que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para deshacerse de la aeronave que se encontró al tomar posesión del cargo, un Boeing 787, que ya lleva un año a la venta.
En diciembre de 2018, el recién nombrado presidente de México anunciaba que el avión presidencial se ponía a la venta para reducir gastos del Gobierno y que se enviaría a California para que Boeing lo custodiara hasta que un posible comprador estuviera dispuesto a desembolsar los 130 millones de dólares en los que está valorado. Pero más de un año después, la aeronave está de vuelta para continuar a la espera de alguien que quiera hacerse con ella.
En una rueda de prensa la semana pasada, el presidente anunció varias propuestas para conseguir deshacerse del avión. Entre ellas, una lotería. Un sorteo de 6 millones de “cachitos” a 500 pesos cada uno (24 euros). Además del avión, el agraciado disfrutaría también de un servicio de operación de 1 o 2 años. Con la rifa se pretendería recuperar los 2.500 millones de pesos que ha costado el proceso.
El Gobierno ha insistido que sortear el avión en la lotería es solo una de las opciones, puesto que si el comprador que se ha puesto en contacto con ellos ofreciera los 5 millones restantes o el Gobierno de EEUU aceptase intercambiarlo por equipamiento sanitario no sería necesaria la rifa. “Lo que tengamos más pronto”, ha dicho el presidente.
Además, López Obrador ha aclarado que se definirán algunas reglas para que la aeronave no perdiese valor en caso de que se vendiera. “Si lo vende que cuando menos sea a precio de avalúo [un valor fijado con anterioridad]”. López Obrador ha añadido también que los empresarios tendrían que ayudar a vender los boletos, “yo estoy seguro de que la gente nos va a ayudar”.
Otras de las propuestas han sido una venta “en partes” del aparato a 12 compañías nacionales reunidas en una sociedad y un alquiler por horas a 70.000 euros la hora.
Una de las grandes luchas de López Obrador desde que asumió la presidencia es la lucha por la corrupción. “Me comprometo a no robar y a luchar contra la inmunda corrupción pública y privada”, prometió durante su discurso de investidura.
Días antes de que tomara posesión de su cargo, ya anunció que renunciaba a la seguridad oficial, la residencia de Los Pinos y el avión presidencial, ahora a la venta para viajar en vuelos comerciales. También dijo que se bajaría el sueldo “a la mitad” de lo que ganaba Enrique Peña Nieto –208.000 pesos (unos 10.000 euros)–.
En su primer informe anual de Gobierno el pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo mexicano presentó un discurso triunfalista respecto a su lucha contra la corrupción, pero admitió, aunque con la boca pequeña, ciertos retrasos en la economía y la seguridad pública.
López Obrador esgrimió una extensa retahíla de medidas adoptadas para acabar con los privilegios, como la cancelación de las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, la reducción de los sueldos públicos, la salida a subasta de aviones y helicópteros gubernamentales y la eliminación del cuerpo de escoltas del presidente.
“La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, hay más desarrollo y hay más bienestar”, aseguró el mandatario. Ya en su primera rueda de prensa de este año, el presidente de México ha asegurado que su Gobierno sigue teniendo como asignatura pendiente “serenar el país y parar la violencia que se desató cuando inició la guerra de delincuentes comunes”. Durante su primer año al frente, su estrategia no ha funcionado puesto que ha aumentado la inseguridad y la violencia.
Según recoge EFE, los asesinatos aumentaron en los primeros 11 meses de 2019 un 2,7%, comparado con el periodo similar de 2018, con 31.688 muertes. Es probable que 2019 se convierta en el año más violento desde que se iniciaron los registros oficiales en 1997. Pese a esos datos, López Obrador aseguró que mantendrá su estrategia: reforzar todo lo relacionado con el bienestar de los jóvenes e impulsar el empleo para que nadie se vea abocado a la delincuencia; la consolidación de la Guardia Nacional durante este año; y evitar “el contubernio entre delincuencia y autoridades”.