Grupos musicales y organizaciones sociales piden paralizar el contrato de la Terraza de San Mateo por las vinculaciones ultras de la empresa

Una plataforma ciudadana “por unas fiestas de San Mateo seguras para todas” se acaba de formar sumando a grupos de la escena musical riojana, organizaciones sociales, sindicatos, espacios culturales y deportivos y partidos políticos que piden paralizar la adjudicación de La Terraza de San Mateo a la única empresa presentada, BOAL Eventos. La sociedad riojana ha denunciado la posible adjudicación de la licitación del anterior Espacio Peñas por cuatro años “a una empresa que tiene una clara vinculación con grupos neonazis extremadamente violentos”.

Como ya publicó Rioja2, la única empresa que se ha presentado es BOAL Eventos y uno de sus administradores es Borja Benito, uno de los fundadores de la asociación Nueva Época, declarada ilícita por la Audiencia Provincial de Logroño y relacionada con agresiones de carácter ideológico con miembros que Fiscalía describía como “jóvenes radicalizados de tipo skinhead” que además exhibían simbología de extrema derecha.

Según ha relatado la plataforma en el comunicado, “Benito Marín, entre otras vinculaciones y condenas, estuvo implicado en un apuñalamiento en Logroño y ha sido condenado a 2 años de prisión por un delito de lesiones con agravantes racistas y xenófobos, entre ellas, el ataque a un menor por portar una camiseta antifascista, insultos y golpes a jóvenes, y la persecución a vecinos de origen extranjero”.

Esta plataforma también ha afeado “la total falta de participación previa de las peñas y otros agentes y los anuncios del teniente alcalde Miguel Sáinz antes de resolverse la licitación”, lo que significa para estas personas “una sospecha de connivencia a su ya larga lista de arbitrariedades con los proyectos europeos y contrataciones irregulares”. Así, han denunciado que esta adjudicación, que todavía no se ha realizado, “adolece de una total falta de transparencia, y abre la puerta a que situaciones como ésta se repitan en un futuro”.

Consideran que dejando el espacio en manos de una empresa “cuyo CEO tiene una trayectoria delictiva como la descrita”, el Ayuntamiento de Logroño “renuncia por completo a proteger los más elementales derechos humanos”. Por todo ello, han pedido “paralizar de inmediato” el proceso de contratación y han exigudi un nuevo modelo en las adjudicaciones públicos que garantice la transparencia, la participación ciudadana, el respeto por la diversidad y los derechos humanos.