La operación cerrada con la entidad colocadora CaixaBank asciende a quince millones de euros, mientras que la operación con el BBVA es de treinta millones; en ambos casos se ha emitido con un tipo de interés del 2,9% y la fecha de vencimiento de la emisión es el 1 de diciembre de 2017.
Estas dos nuevas operaciones se enmarcan en la estrategia del Gobierno de La Rioja de refinanciar y alargar la cartera de deuda pública con el objetivo de encontrar en los mercados condiciones que mejoren las características de los préstamos que se subscribieron desde 2011 cuando el escenario económico estaba condicionado por una prima de riesgo muy elevada y por dificultades de acceso al crédito así como plazos de vencimientos muy limitados. En concreto, con estas líneas de financiación se va a amortizar el préstamo de 70,8 millones de euros que en 2011 se subscribió en el marco del Plan de Pago a Proveedores y para los que actualmente se están pagando tipos de interés de un 5,5% con objeto de ahorrar 1,4 millones de euros.
Estas operaciones, que en ningún caso supondrán aumentar los niveles de endeudamiento de la región, confirman cómo los mercados financieros valoran la solvencia, credibilidad y rigor en la gestión de las cuentas públicas regionales realizada por el Ejecutivo regional.
Recientemente, la agencia Fitch ha mejorado la perspectiva de la deuda a largo plazo de la Comunidad Autónoma de La Rioja con una calificación de triple BBB estable en emisiones a largo plazo y F2 en emisiones a corto. Esta calificación “ratifica la solvencia de la comunidad dado que la triple BBB estable significa alta solvencia y la F2, seguridad muy alta y riesgo de impago muy bajo”.
Asimismo, según los últimos datos publicados por el Banco de España, el ratio de la deuda sobre el PIB de La Rioja se situó en el tercer trimestre de 2013 en un 14,3%, porcentaje inferior al registrado por el conjunto de las Comunidades Autónomas, que representa el 19,3% de su PIB.
Así, la deuda de La Rioja en el III trimestre de 2013 es de 1.128 millones de euros, por debajo del límite autorizado por el Ministerio de Hacienda fijado en 1.150 millones de euros, un 14,5% del PIB.