Municipios y asociaciones de inmigrantes apuestan por la integración

Los municipios españoles con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada apuestan por políticas de integración y defienden que tanto los extranjeros “con papeles como los sin papeles” puedan registrarse en el padrón, en referencia a la polémica surgida en Vic sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. Además, se apoyan en su experiencia para plantear los problemas que encuentran en la Ley de Extranjería y la falta de ayudas por parte del Gobierno.

El alcalde de Rojales [Alicante], el municipio de más de 15.000 habitantes que tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de España, Antonio Martínez Cánovas [del Partido Popular], aseguró que “hay que seguir, independientemente de lo que pienses algunos, intentando integrar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan”.

En Rojales el 73,9 por ciento de la población es inmigrante, según datos del Padrón municipal publicado en el 2008 por el Instituto Nacional de Estadística [INE]. La mayoría de ellos son ciudadanos comunitarios, principalmente ingleses, que tienen en el municipio su segunda residencia. En cualquier caso, pese a reconocer que “Rojales no tiene el problema de la inmigración ilegal”, Martínez apostó por una política de integración que lleve a acoger lo mejor posible a los que vengan de fuera, “con papeles o sin papeles”.

En Cataluña, Castelló d'Empúries es el municipio catalán con mayor porcentaje de extranjeros empadronados con un 49,9 por ciento de la población. Su alcalde, Salvi Güell [Esquerra Republicana de Catalunya], afirmó que en los últimos presupuestos han reforzado los servicios sociales, ya que “es mejor una buena integración que una exclusión porque al final los problemas que te puede reportar la gente excluida son mayores que si intentas integrarlos”.

En este sentido, Güell explicó que han hecho frente a la integración desde hace mucho tiempo, ya que su situación “privilegiada” provocó que poco a poco, muchos propietarios extranjeros fueran a instalarse allí, “sobre todo alemanes, franceses e ingleses”. Sin embargó indicó que “últimamente ha habido una inmigración diferente, que es la del norte de África, de países del Este y de suramericanos”, por lo que en la actualidad, su municipio cuenta con más inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea que comunitarios.

Aludiendo al debate sobre el empadronamiento y dijo que su Ayuntamiento “es muy escrupuloso en lo que marca la normativa y lo aplican”. Así, criticó que “dos o tres municipios quieran hacer las cosas diferentes”, debido a que “esto no sirve para nada”. “O cambiamos todos la normativa o no se cambia”, apostilló.

Las asociaciones de inmigrantes Aculco, Rumiñahui, Ari-Perú, Vomade, FEDROM, y Federación de Paraguayos en España, por su parte, han emitido un comunicado conjunto para “celebrar que el Estado de Derecho se haya impuesto” en Vic cuyo ayuntamiento ha asumido el informe de la Abogacía del Estado que certifica la ilegalidad de excluir del padrón a los inmigrantes en situación irregular.

“Entendemos que el Estado de Derecho se ha impuesto a favor de los más indefensos y esperamos que el alcalde de Vic termine compartiendo la posición gubernamental y entienda que negar el empadronamiento de una persona supone la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la educación”, reza el comunicado.

No obstante, las organizaciones expresaron “mucha preocupación por cómo se utiliza desde diversos frentes políticos un asunto tan delicado y sensible” como es la inmigración y dijeron temer que “esta reactivación oportunista merme la convivencia entre nacionales y extranjeros”.