El ingeniero aeroespacial Edward Aloysius Murphy trabajó a finales de la década de 1940 en un proyecto para la fuerza aérea estadounidense sobre la investigación de los efectos de la desaceleración rápida con el objetivo de analizar la resistencia humana en los pilotos. En el momento de la medición se produjo un error, cuyo punto de origen era la instalación incorrecta de los sensores de un arnés porque se había cableado al revés.
Murphy, enfadado con su asistente técnico, manifestó lo siguiente: “Si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culmina en desastre, alguien lo hará de esa manera”. Esta afirmación se popularizó y sufrió una variación con el tiempo hasta la conocida como ley de Murphy donde “si algo puede salir mal, saldrá mal”.
El enunciado refleja el carácter negativo y la tendencia de que se produzcan fallos en los momentos más inesperados e inoportunos. Esta ley cuenta con una variante logroñesa particular en el caso de las fiestas de San Mateo, la cual postularía algo parecido a “si algo se puede hacer mal, se hará peor”.
Resulta muy complicado poner de acuerdo a toda una comunidad autónoma sobre lo mismo en el ámbito político. La extensa influencia del poder de Pedro Sanz para alcanzar el control de cualquier rincón o la cadena de despropósitos de la consejería de Raquel Romero constituyen ejemplos de las limitadas excepciones. La organización de las fiestas mateas en esta legislatura por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño puede añadirse a esa escueta lista.
Hay mucho donde elegir en el desastre organizativo: la improvisación y tardanza en la elaboración del programa, la ausencia de formalización de contratos para espectáculos a falta de menos de una semana para el inicio de las fiestas, el caos generado con el concurso de calderetas... Dentro de todo el desaguisado, el cual requería una mayor intervención por parte de la concejala de Festejos, Laura Lázaro, hay, sobre todo, dos elementos que destacan.
El primero de ellos es la polémica en torno al concierto de Mikel Izal. La raíz del problema parte de la promesa del concierto de un “grupo top” para el que se iban a destinar 160.000 euros. No es que la de Mikel Izal sea una mala elección, pero no la esperada por la forma de venderla, ya que lo que tiene hablar de un espectáculo de “primerísimo nivel” es que se da alas a las expectativas.
Por otra parte, está la cuestión del precio. Por lo que sea se les olvidó incluir el IVA cuando lo anunciaron en primera instancia para luego admitir que la cuantía ascendía realmente hasta los 193.600 euros, lo que aumentó aún más el nivel de enfado de la gente y de esperpento en el evento estrella.
No quedaba ahí todo en el dislate porque, aunque inicialmente la DJ Carmen de la Fuente estaba incluida en ese desembolso económico, posteriormente pasó a un lote aparte en la contratación con aproximadamente 10.000 euros adicionales. Que por primera vez una mujer se encargue de amenizar la plaza tras el cohete anunciador ha sido uno de los escasos aciertos.
El segundo aspecto, el de mayor gravedad, lo ha constituido el proyecto fallido de la Terraza de San Mateo. Tras enterrar el Espacio Peñas 2.0 en 2024, decidieron que la mejor idea era privatizar el espacio y licitar su gestión por una empresa con un contrato de hasta cuatro años de duración. Ya fue casualidad que solamente se presentara una oferta, la que pertenecía a BOAL Eventos.
El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, sustituyó la promoción de la ciudad por la de la empresa, dado que se evidenció su conocimiento de los detalles de la oferta de manera previa a la reunión de la mesa de contratación y la apertura del sobre de la licitación pública. A día de hoy sigue sin aclarar cuál es la relación que le une a él o su partido con la empresa y en qué momento y forma conoció la propuesta.
Si esta irregularidad ya levantó polvareda, el asunto agrandó su dimensión cuando se publicó que la empresa está administrada por Borja Benito, quien fue dirigente de la organización ultra Nueva Época. Por mucho que quisieron justificarlo mediante una referencia en un comunicado a “circunstancias personales pasadas de un trabajador” omitiendo que es uno de los dos máximos responsables de la empresa y equiparando un historial de vínculos neonazis y violencia a algo que acontece como la lluvia, no funcionó.
De hecho, se creó la plataforma ciudadana Por unas fiestas de San Mateo seguras para todas, compuesta por más de ochenta entidades de diferentes ámbitos, con el fin de mostrar su rechazo conjunto y pedir la paralización del proceso de contratación para que el espacio no acabara en manos de alguien con tales antecedentes y se incurriera así en la falta de protección de los derechos humanos.
Finalmente, la empresa acabó anunciando su renuncia a la gestión por “el clima de confrontación”, aunque la razón de peso quizás tenía más que ver con la merma en la rentabilidad que iba a tener ante la oposición social existente. En cualquier caso, hubiera tenido que ser el equipo de Gobierno quien tomara la iniciativa y diera los pasos necesarios para resolver el contrato por una cuestión de seguridad pública.
Lo que hicieron fue exactamente lo contrario: echar balones fuera, eximirse de responsabilidad y acusar de sabotaje a todo ser viviente que hubiera osado cuestionar la propuesta. Cualquiera que tenga conciencia democrática preferirá que un proyecto como la Terraza de San Mateo no vea la luz si la condición es que el espacio vaya a estar gestionado por alguien condenado por agresiones xenófobas y pertenencia a una asociación ilícita. Para ello se puede repasar la hemeroteca al respecto o recordar cómo se comportaron recientemente tres ultraderechistas cuando agredieron cerca de su domicilio al periodista Román Cuesta.
La organización de la semana más especial del año es algo que ha de elaborarse con dedicación en lugar de que el alcalde, Conrado Escobar, tenga que buscar en el último momento el salvavidas de unas peñas hasta entonces desplazadas. Por eso mismo no tiene un pase la planificación y toma de decisiones en relación con las fiestas, especialmente la opacidad en el proceso y la permisividad ante las condenas por violencia xenófoba y asociación ilícita de grupo neonazi de quien iba a gestionar la Terraza de San Mateo, así como el retrato de modelo de gestión que todo ello deja.
Las fiestas no suponen lo más importante, pero sí son, como sucede con otros ámbitos, un reflejo de cómo se cuida a la gente y cómo se hacen las cosas. A pesar de todo, uno espera que sean fechas de vivir una alegría compartida, que haya espacio para recordar el genocidio en Palestina en lugar del bochorno que da escuchar los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” como sucedió en Calahorra y que, igual que la ciudadanía debe implicarse en el desarrollo de lo colectivo, sus representantes gubernamentales estén a la altura la próxima ocasión después de dos años sin hacerlo.