Pastorear el fuego
En la Alpujarra granadina, el Seprona investigó hace unos años a un pastor por cuatro incendios presuntamente provocados para regenerar los pastos de su rebaño. Los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía habían encontrado un patrón: fuegos intencionados, en lugares de difícil acceso, alejados de los caminos, siempre en el mismo término municipal. El hombre fue investigado por incumplir las condiciones de quema que fija el decreto andaluz de prevención de incendios forestales.
No lo cuento como anécdota curiosa, sino como síntoma. Ahí donde durante generaciones hubo una práctica rutinaria, transmitida de padres a hijos, hoy hay una diligencia penal. La pregunta que me interesa no es la que ocupa los titulares cada verano —¿por qué arde el monte?— sino otra, menos cómoda: ¿qué dejó de hacer alguien, durante cuánto tiempo, para que ardiera así?
El cambio climático multiplica el riesgo y las condiciones meteorológicas extremas hacen más violentos los incendios. Pero hay una causa mucho menos discutida: el abandono de las prácticas que durante siglos mantuvieron el paisaje en equilibrio.
Solemos hablar del monte como si fuera naturaleza en estado puro, un espacio que el ser humano ha ido invadiendo con sus pueblos y sus rebaños. Es una inversión curiosa de la historia real. Durante siglos, el paisaje que hoy llamamos natural fue en realidad un artefacto: un mosaico de pastos, cortafuegos vivos y claros abiertos por el diente del ganado y la mano del pastor. Lo que hoy se percibe como renaturalización —el monte que recupera su estado salvaje tras el éxodo rural— es, mirado de cerca, el colapso silencioso de una infraestructura ecológica construida durante generaciones.
Un informe técnico elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados lo confirma con datos: la superficie arbolada en España ha crecido en torno a un millón de hectáreas en los últimos quince años, un aumento derivado directamente del abandono rural. El problema no es que haya más bosque, sino que ese bosque ha crecido sin gestión, de forma homogénea y conectada, en las peores condiciones posibles para resistir un incendio extremo. El mismo informe apunta a algo que rara vez se dice en los platós de televisión cada agosto: entender los incendios exige comprender las dinámicas sociales y las estructuras políticas del mundo rural, empezando por la relación extractiva que las ciudades han mantenido con él.
Conviene detenerse en los números, sin comentario, porque ellos solos dibujan la pendiente.
El censo de ganado ovino en España ha perdido cerca de dos millones de cabezas desde 2020, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura. La organización agraria COAG calcula que cada año 1.550 ganaderos en régimen extensivo se ven obligados a cerrar su explotación, y que desde 2006 España ha perdido casi 22.000 explotaciones de vaca nodriza y más de 6.000 de ovino de carne. La red de vías pecuarias —los caminos que durante siglos permitieron la trashumancia— ha pasado de 125.000 kilómetros en su momento de mayor extensión a apenas 80.000 conservados hoy.
Pero el dato que de verdad golpea es otro. El Libro Blanco de la Trashumancia, elaborado en 2013, contabilizaba entonces unos 3.000 trashumantes a pie en toda España. Las estimaciones actuales del sector apenas llegan a doscientos. En poco más de una década, una forma de habitar el territorio que llevaba practicándose desde la Edad Media ha quedado reducida a un puñado de personas.
No es un dato folclórico. Cada trashumante que deja de caminar es un tramo de monte que deja de estar peinado cada temporada. Es un cortafuegos vivo que se apaga sin que nadie prenda ninguna mecha.
Y sin embargo, donde el pastoreo sobrevive, con frecuencia lo hace en fricción constante con la administración que debería protegerlo.
En octubre de 2025, el Seprona de Castilla y León impuso 22 sanciones —entre 1.800 y 8.100 euros— a ganaderos del concejo asturiano de Mieres por llevar su ganado al Puerto de Pinos, un pasto de montaña que el ayuntamiento de Mieres posee desde 1926 pero que se encuentra, por una rareza administrativa, en suelo leonés. No es un conflicto nuevo: los ganaderos lo vienen usando desde hace casi un siglo. Lo que ha cambiado no es el pasto, ni el ganado, ni la costumbre: ha cambiado la capacidad del aparato jurisdiccional moderno para absorber un uso consuetudinario que nació antes que las fronteras administrativas que hoy lo sancionan.
El antropólogo James C. Scott llamó mÄ“tis a ese saber práctico, situado, afinado durante generaciones, que no se deja traducir fácilmente a norma escrita. Frente a él, el Estado moderno tiende a imponer un episteme burocrático: reglas generales, pensadas desde el despacho, que no distinguen contextos. El pastor de la Alpujarra y los ganaderos de Mieres son dos versiones del mismo choque: no delincuentes, sino portadores de una lógica que la administración ya no sabe leer.
El paisaje que el pastor y el ganado mantenían no era un simple escenario: era una infraestructura viva, tan funcional como una carretera o un canal de riego, pero sin reconocimiento legal. La geografía cultural llama a estos territorios paisajes patrimoniales: no por su antigüedad o belleza, sino porque funcionan como una obra de ingeniería que regula el agua, contiene el fuego y sostiene la biodiversidad. La administración no ve un dique contra el fuego cuando mira un pasto; ve monte. No ve una red de drenaje natural abierta por pezuñas; ve un suelo pisoteado. Esa ceguera conceptual no es inocente: convierte lo que fue obra colectiva en simple azar, y su decadencia, en catástrofe anunciada.
Pero el conflicto entre el saber pastoril y la administración no se limita al uso del fuego. Se extiende a la letra pequeña del día a día. Donde antes había un saber práctico transmitido, hoy hay un expediente que cumplimentar. Los ganaderos no se quejan de la cartilla por capricho, sino de una lógica que confunde el control con la gestión. Es el mismo choque entre mÄ“tis y episteme burocrático del que habla Scott.
El foco de la queja actual está en la identificación electrónica obligatoria del ganado vacuno. Organizaciones como COAG y ASAJA denuncian que el nuevo crotal electrónico no está exigido por el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, y de hecho solo es obligatorio en cinco países de la UE. Alegan que la trazabilidad ya estaba resuelta desde hace décadas con el crotal auricular convencional, y que el nuevo sistema añade un sobrecoste —frente al crotal convencional— y complica la gestión cuando un animal lo pierde en el monte, ya que su movimiento queda paralizado hasta su sustitución. Para estas organizaciones, es más coste y más burocracia, sin beneficio adicional para el ganadero o el consumidor.
La misma lógica se repite con la PAC y sus exigencias digitales. Aunque la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital se ha retrasado, el sector denuncia que las normas están pensadas para macrogranjas y no para el pastor con doscientas ovejas en la montaña. Agricultores de Castilla y León, por ejemplo, advertían en 2025 de la dificultad de cumplir con registros digitales en zonas sin cobertura de internet y de la carga que supone tener que hacer de “informático” e “ingeniero agrónomo” además del trabajo de campo. La percepción generalizada es que el ganadero dedica más tiempo al papeleo que a los animales, con visitas veterinarias duplicadas y trámites digitales pensados para una realidad, la industrial, muy distinta a la suya.
A esa asfixia administrativa se suma otra, más silenciosa y más dura: el programa de erradicación de la tuberculosis bovina, que en zonas de alta prevalencia puede obligar al vaciado sanitario completo de una explotación aunque solo una fracción de los animales haya dado positivo. El rigor de la norma no es caprichoso —la tuberculosis bovina es una zoonosis transmisible al ser humano, de ahí la cautela extrema de las autoridades sanitarias—, pero organizaciones ganaderas como UCCL han denunciado que en algunas campañas de saneamiento la mayoría de los animales sacrificados resultan, según sus cálculos, falsos positivos a la prueba de tuberculina —algo que la comunidad veterinaria discute abiertamente y no da por zanjado—. Lo que no admite discusión es el efecto sobre el terreno: un ganadero que ve cargar su rebaño entero en un camión rumbo al matadero rara vez vuelve a empezar. Cada vaciado sanitario es, también, un tramo de monte que deja de tener quien lo gestione.
A ese mismo callejón conduce, por otra vía, el fomento de la repoblación forestal. Las ayudas autonómicas a la forestación de terrenos rústicos —accesibles también para ayuntamientos— financian la plantación y su mantenimiento durante cinco años, un incentivo económico que compite directamente por el mismo suelo que antes ocupaba el pasto comunal. La misma lógica alcanza al vecino de a pie: la normativa que regula la recogida de leña, piñas o matorral en el monte —vigente desde 1962 y endurecida después por cada comunidad autónoma— ha llevado, según denuncian ingenieros forestales, a que en no pocos municipios ni siquiera esté permitido retirar del suelo una rama seca. El resultado es el mismo de siempre: toneladas de biomasa que nadie recoge, esperando la chispa del verano.
Conviene matizar, eso sí, que ninguna de las dos normas nació de la nada: la restricción a la leña responde a un historial real de sobreexplotación del monte en la posguerra, y las ayudas a la reforestación persiguen fines legítimos —fijación de carbono, freno a la erosión— que nada tienen que ver con desplazar al pastor.
Como con las quemas y el conflicto de los pastos de Mieres, la administración responde con una norma uniforme, pensada desde el despacho, que no distingue entre una gran explotación tecnificada y un pastor familiar de montaña. No es malicia, es la imposición de una racionalidad centralizada que, al no entender el contexto, convierte una práctica ancestral en un problema administrativo, contribuyendo así al abandono silencioso del monte.
Ese mismo patrón, llevado al extremo, aparece en las propias zonas quemadas. La normativa forestal prohíbe el pastoreo en un terreno incendiado durante años —cinco en algunas comunidades—, con el argumento de proteger la regeneración del suelo. Hay una razón real detrás de esa cautela: un suelo recién quemado es frágil, y el pisoteo del ganado puede frenar su regeneración. Pero un pasto que nadie consume no se queda en reposo: al segundo año es hierba seca y fina, puro pábulo; al tercero, matorral descontrolado; al quinto, una acumulación de biomasa envejecida que ni el propio ganado querría ya comer. La ley pensada para proteger el monte termina fabricando el combustible del siguiente incendio. La Xunta de Galicia lo reconoció, con meses de retraso y solo tras la presión del sector, cuando en mayo de 2026 flexibilizó de oficio esa prohibición en las zonas calcinadas por los incendios de agosto de 2025: la misma administración admitiendo que su propia norma causaba más daño que beneficio.
Conviene no caer en el maniqueísmo fácil. La propia Guardia Civil lo matiza: en Castilla y León, donde en 2022 los incendios forestales superaron por primera vez al maltrato animal como principal delito perseguido por el Seprona, los mandos reconocen que la mayoría de los investigados no responden al perfil del pirómano, sino que actuaron por negligencia o imprudencia al usar el fuego en tareas tan habituales como la quema de rastrojos o de pastos. No es persecución del saber pastoril en sí. Es, más bien, la prueba de que ese saber ya no tiene un cauce legal claro por el que discurrir.
Hay, sin embargo, un contraejemplo esperanzador, y viene de donde menos se espera: de la propia administración.
En Asturias, donde la intencionalidad de pastores y ganaderos para regenerar pastos llegó a originar hasta el 70% de las igniciones de la región, la estrategia autonómica de prevención de incendios no optó por la prohibición generalizada. Optó por sentarse a negociar criterios técnicos con los propios ganaderos para realizar quemas prescritas y controladas, adaptadas a cada zona. Es la administración reconociendo, de facto, que el fuego pastoril no es el enemigo, sino una herramienta que necesita cauce no censura.
Y hay una imagen todavía más elocuente, casi literaria: en el valle de Arán ya se practica lo que los técnicos llaman el pastoreo de incendios. Bajo determinadas condiciones meteorológicas, algunos fuegos no se apagan de inmediato, sino que se dejan pastar, como si fueran ganado, consumiendo el exceso de combustible acumulado en el monte. La metáfora ganadera, la misma que durante siglos organizó la relación entre las personas y el fuego en el campo español, reaparece hoy en el vocabulario técnico de quienes combaten los grandes incendios. Como si el conocimiento expulsado por la puerta volviera a entrar, disfrazado de innovación, por la ventana.
Hay, además, un paso más allá de la negociación con pastores: administraciones que directamente vuelven a poner en pie sus propios rebaños. En Vilamòs, en el Valle de Arán, el Ayuntamiento creó un rebaño de titularidad pública de más de 250 ovejas y cabras. El proyecto, llamado Ovihuec.sost, tiene un objetivo explícito: prestar servicios ecosistémicos limpiando el sotobosque para prevenir incendios y mantener despejadas las zonas bajo las líneas eléctricas.
No es un proyecto romántico. Utilizan collares inteligentes y cercado virtual para dirigir al rebaño con precisión. Está coordinado científicamente por el IRTA y, este mismo año, se ha sumado Endesa, que ve en el pastoreo una herramienta de alto valor para su propia estrategia de prevención. Es la administración y la empresa privada reconociendo que la ganadería extensiva cumple una función de gestión del paisaje que hay que poner en valor, en palabras del alcalde de Vilamòs, Oriol Sala. No es un caso aislado. En Xixona (Alicante), el Ayuntamiento lleva desde 2013 contratando rebaños —no necesariamente de titularidad municipal, pero sí bajo gestión pública— para mantener limpios los cortafuegos de sus montes públicos, con un coste anual de apenas 3.300 euros para 15 hectáreas.
Lo que hace especialmente poderoso el caso de Vilamòs es que demuestra que la idea del rebaño público es viable, eficaz y escalable. Si el rebaño es público y su función principal es un servicio ecosistémico —gestionar el paisaje para prevenir incendios—, su carne podría y debería tener un destino social. No sería una utopía, sino la culminación de una cadena de valor que convierte el problema del abandono rural en una solución para otro problema estructural: el de la alimentación. Destinar esa carne a comedores sociales, a escuelas o a bancos de alimentos sería un acto de coherencia que devolvería valor a un paisaje que durante generaciones fue un artefacto productivo. Es el siguiente paso de una misma idea: que el monte no es naturaleza pura, sino un espacio que requiere gestión; y que esa gestión, si es pública, debe tener también un retorno público.
El obstáculo previsible es sanitario y administrativo: la carne de un rebaño gestionado como servicio ecosistémico tendría que pasar igualmente por matadero autorizado y control veterinario para el consumo humano, con un coste que alguien —ayuntamiento, diputación, la propia Consejería— tendría que asumir como parte del servicio, no como negocio ganadero al uso. No es un obstáculo insalvable, es una decisión de financiación pública más, del mismo tipo que ya se toma para pagar el pastor de Xixona o el rebaño de Vilamòs.
El incendio no es el origen del problema. Es la factura que llega al final de una cadena de renuncias tomadas en otro sitio, por otros, durante décadas: una política agraria que premió la intensificación frente al pastoreo de montaña, un éxodo rural que vació los pueblos antes de vaciar el monte, y una administración que aprendió a temer el fuego pastoril antes que a gestionarlo.
No se trata de romantizar al pastor como héroe ecológico ni de convertir la trashumancia en objeto de museo o ruta de turismo verde. Se trata, sin nostalgia, de preguntarnos qué modelo de relación con el territorio queremos sostener a partir de ahora —y si, cuando por fin lo decidamos, quedará alguien dispuesto y capaz de caminar detrás del rebaño.