El PSOE denuncia una “red de intereses” en el CIBIR y acusa al Gobierno de La Rioja de diluir la frontera entre lo público y lo privado
Nueva ofensiva del PSOE de La Rioja contra la gestión de la sanidad pública riojana. El diputado socialista, Miguel González Legarra, ha denunciado la existencia de una “red de intereses” en torno al CIBIR además de una “confusión inaceptable entre lo público y lo privado”. Entre los responsables, el socialista señala directamente al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Salud, María Martín, y el gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva Pérez.
Asimismo, González de Legarra ha apuntado a Eduardo Mirpuri Merino, coordinador de Investigación del CIBIR del que ha recordado “las dudas sobre sus incompatibilidades y falta de transparencia sobre su situación laboral”. Y es que, según ha detallado, el coordinador compagina la dirección científica del CIBIR con tres actividades en el ámbito universitario y empresarial: es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universitat Internacional de Catalunya; es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Internacional de La Rioja y administrador único de una empresa dedicada a la investigación y fabricación de especialidades farmacéuticas. “A día de hoy”, ha dicho el socialista, “no sabemos en qué régimen de compatibilidad está trabajando Mirpuri, con qué dedicación real ejerce su función, quién ha autorizado esta acumulación de responsabilidades y bajo qué criterios a pesar de haber solicitado esta información”.
Y además de todo esto, el socialista riojano ha desvelado que Fundación Rioja Salud ha convocado “de golpe cuatro nuevos procesos de selección: Coordinador de Investigación, Gestor de Proyectos, Coordinador de Estudios y Coordinador de Desarrollo Científico con el único objetivo de cubrir las funciones que el propio Mirpuri debería desempeñar, pero que no atiende debido a sus múltiples compromisos privados”. Cuatro nuevos puestos y cuatro procesos de contratación que “no cuentan con el aval del área de Recursos Humanos de la Fundación, no han pasado por promoción interna ni por movilidad y tampoco cuentan con la participación del Comité de Empresa que los tilda de irregulares”. Estos cuatro puestos están bajo el paraguas de una nueva Unidad de Coordinación y Desarrollo Científico.
Las “sospechas” sobre los profesionales seleccionados y contratados
Los profesionales seleccionados para cubrir estos nuevos puestos, también han suscitado las “sospechas” del socialista. Y es que para el primero de ellos se ha seleccionado y contratado a una persona vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya y del departamento del que Mirpuri es vicerrector. “Incluso en estos momentos sigue figurando en la web de la UIC como docente en este curso 2025-2026”. En el proceso de Gestor de Proyectos de Investigación se ha seleccionado y contratado “a una persona que durante los últimos siete años ha trabajado como investigador en la empresa privada de la que Murpuri es administrador único y que, curiosamente, también es propiedad de otro investigador principal del CIBIR”.
Y toda esta dinámica de gestión que ha calificado de “cortijera” ya está pasando factura dentro del CIBIR. Y es que el socialista alerta de un grave deterioro del clima laboral, marcado por quejas internas y la fuga de profesionales, una situación de tensión que la dirección estaría intentando maquillar mediante “actividades de convivencia entre los trabajadores e incluso excursiones familiares a La Grajera confiando que con cuatro meriendas en el campo se van a solucionar los problemas”. El socialista también se ha referido a la gestión de proyectos de investigación y la gestión de los fondos europeos alertando de la pérdida de alguno de ellos.
Por todo ello González de Legarra exige responsabilidades, y no solo a Mirpuri, “porque todo esto está ocurriendo bajo la batuta y la dirección del gerente Juan Carlos Oliva Pérez, la consejera de Salud, María Martín, y el pleno consentimiento del presidente riojano, Gonzalo Capellán”. Y es que ha concluido, “la investigación pública no puede convertirse en un espacio donde unos pocos deciden sin control y donde se reparten oportunidades y se gestionan los recursos públicos como si fueran propios”.