El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha salido de la cárcel de Albolote (Granada), una vez que esta mañana se hizo efectiva la fianza de un millón de euros impuesta por el juez que instruye la causa, Óscar Pérez, según informaron fuentes de la defensa de éste.
Roca lleva más de dos años encarcelado por su presunta implicación en el caso 'Malaya', en el que está procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales “como jefe de una organización”, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.
La familia del ex asesor de Urbanismo y sus abogados llevan 17 días, desde finales del pasado mes de marzo, realizando gestiones para obtener este dinero. Su letrado, José Aníbal Álvarez, se mostró hoy “muy satisfecho, porque va a poder empezar a defenderse él mismo y a tratar de demostrar su inocencia”.
Además, dijo que “está muy agradecido a la gente que ha colaborado para su libertad” con dinero para la fianza, que se ha abonado mediante transferencia, y aseguró que ya se lo ha comunicado el juzgado de guardia y que está previsto que esta tarde se envíe al centro penitenciario el mandamiento que permitirá su salida de la cárcel.
A partir de que salga en libertad, Roca deberá comparecer diariamente en el juzgado, según el auto del instructor, que también ordenó la retirada del pasaporte de éste con la prohibición de salir de España sin autorización y de acercarse a menos de 500 metros a cualquier aeródromo público o privado.
En dicha resolución, se justifica la “elevada” cuantía de la fianza en “su relación acreditada en la causa con personas que pueden facilitar la prestación” de dicha cantidad y en “la sospecha de poseer dinero en el extranjero”. Aunque señala que el riesgo de fuga existente es, “sin duda, elevado”, se inclina por sustituir por medidas “menos gravosas” la prisión incondicional tras dos años, al recordar el carácter “excepcional” de ésta.
Así, Pérez señalaba que aunque “es razonable pensar” que tiene fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, precisa que “tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación, especialmente la Isla de Man”. Apuntaba que “en esta misma situación de sospecha de poseer fondos en el extranjero se encuentran otros procesados en la causa en libertad bajo fianza”.
Respecto a las causas pendientes, el juez dijo que “cumplió durante cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad” en un procedimiento ante la Audiencia Nacional, en el que el fiscal le pide 10 años de prisión. Además, añadía que durante ese tiempo “ya dispondría de dinero en territorios considerados como paraísos fiscales” e incidió en que “tiene muy importantes intereses económicos que defender en España, donde bien puede afirmarse que radica la mayoría de su fortuna”.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción en Málaga como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento marbellí han recurrido esta decisión del juez, al entender que existía riesgo de fuga, por el capital que supuestamente tendría en otros países, algunos de ellos paraísos fiscales; solicitando, en el caso de la administración andaluza, que en su caso se fijara una fianza de cinco millones de euros y que se contemplara también la prohibición de acercamiento a puertos y fronteras.