El Ministerio Fiscal pide un total de ocho años y medio de cárcel y multas que alcanzan los 12 millones de euros para tres personas acusadas de un delito de blanqueo de capitales, un dinero que uno de ellos había obtenido previamente mediante un delito de estafa continuada. El juicio está previsto que se celebre este lunes, a partir de las 10,30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.
De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, existen unos antecedentes, el delito continuado de estafa cometido entre marzo y octubre del año 2005, por el que uno de los tres acusados, J.B.A., había sido ya condenado, pero del que se especifica que “le reportaron unas importantes ganancias provenientes de la actividad delictiva”.
Así, “de manera simultánea a la comisión de los hechos”, el acusado dispuso de 3,17 millones de euros “que había obtenido mediante el engaño”, tras lo que se planteó “la finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero, dificultar su descubrimiento e incorporarlo al tráfico jurídico en condiciones de legalidad aparente”.
Para ello, “aprovechó la articulación mercantil y bancaria de la empresa Nalcon Consulting SL”, en la que “compartía intereses” con los otros dos acusados, J.A.G. y F.J.A., “realizando diversas disposiciones y transferencias de dinero”. Operaciones, prosigue el escrito de la Fiscalía, llevadas a cabo “sin más causa ni motivo que la pura dispersión del dinero contaminado por ilícito entre diferentes destinatarios, quienes, en ocasiones, le volvían a entregar el dinero que habían recibido”.
La acusación recuerda en su texto el antecedente, el delito continuado de estafa, relatando que el acusado conoció “a través de terceras personas” a M.J.P., quien “ya en ese momento estaba afectada por un trastorno bipolar de la personalidad y por el consumo excesivo de alcohol y tenía la necesidad compulsiva de conseguir dinero para gastarlo en actividades diversas de ocio”.
Así, el acusado J.B.A. “tuvo conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de la madre de M.J.P.” y, “para conseguir un notable beneficio económico”, aprovechando además “el deterioro” de la mujer, le propuso “un plan para hacerse con el dinero” mediante el uso de los inmuebles “para conseguir efectivo con el que financiar supuestos negocios” del acusado, que “no existían, ni pensaba poner en marcha ninguno”.
A ello se sumó que el acusado logró que la mujer consiguiera un apoderamietno general de los bienes de su madre -que padecía una enfermedad neurodegenerativa “que anulaba completamente sus facultades para entender cualquier operación intelectual mínimamente compleja”-, “para luego transmirtirselo a él mismo”.
Una vez en posesión de este poder, J.B.A. llevó adelante una serie de operaciones inmobiliarias, por las que pidió varios préstamos hipotecarios de cantidades elevadas, que nunca se devolvieron. Estos hechos fueron juzgados en el año 2005, y, tras ser declarado culpable, se impuso por ellos una condena a J.B.A, de cuatro años y seis meses de prisión, además de diversas cantidades en concepto de indemnización.
Sobre estos antecedentes, surge el delito que se va a juzgar mañana, con “maniobras concretas de blanqueo de capitales”. En este sentido, la acusación indica que “Nalcon Consulting SL es una sociedad con sede en Madrid dedicada a la consultoría jurídica, económica, financiera, informática, telecomunicaciones, inmobiliaria, de recursos humanos y medioambiental”.
La firma contaba con tres apoderados, los tres ahora acusados -J.B.A., F.J.A. y J.A.G.-. “Bajo el conocimiento común y los intereses mercantiles compartidos, con las capacidades jurídicas otorgadas de los negocios anteriores, J.B.A., en plena comisión del delito -3 de octubre de 2005- por el que luego fue condenado”, abrió dos cuentas corrientes a nombre de Nalcon en una sucursal de una entidad bancaria de Logroño.
Cuentas, continúa el escrito, “con la finalidad de recepcionar y establecer el dinero ilícito obtenido”, y desde donde realizó una serie de movimientos “que no tenían más causa ni finalidad que la distribución de sus ganancias entre personas diferentes, simulando que obedecían a reales y variadas relaciones mercantiles, cuando en realidad no eran más que la manera de articularlas e introducirlas con apariencia de legalidad en el circuito financiero, ocultando su procedencia ilícita”.
De este modo, en una de estas cuentas se señalan dos únicos ingresos por importes de 137.000 euros y 40.000 euros, mientras que hay once reintegros por 80.100 euros, dos emisiones de cheques por casi 43.400 euros, cinco órdenes de movimientos de fondos (transferencias urgentes) por 48.500 euros y cuatro movimientos por un total de 2.000 euros con conceptos señalados a nombre de una persona.
Además, en la segunda cuenta, figura que el acusado J.B.A. recibió nueve cheques “en el momento de la compraventa fraudulenta”, por un total de 2,85 millones de euros. De esta cuenta, posteriormente, se extraerían entre el 3 de octubre -día de su apertura- y el 9 de noviembre de 2005 un total de 2,99 millones de euros.
Según el desglose que se realiza, entre estas extracciones se llevan a cabo diversas transferencias, entre las que aparecen 450.000 euros a dos cuentas de Nalcon, 100.000 euros a otra cuenta “de la que son apoderados los tres acusados”, 350.000 euros a otra cuenta diferente con J.B.A. como único apoderado.
Todos estos hechos son, para la acusación, constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, del que son autores los tres acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Por ello, el fiscal considera que procede imponer a J.B.A. pena de tres años y seis meses de prisión y 5 millones de euros de multa; y a cada uno de los otros dos acusados, F.J.A. y J.A.G., penas de dos años y seis meses de prisión y multas de 3,5 millones de euros. Además, se indica que “procede el comiso de todas las ganancias obtenidas -movimientos financieros por importe de 3,17 millones desde las cuentas de la mercantil- y comiso de la propia empresa Nalcon Consulting SL.