Unas 50.000 personas en La Rioja viven en exclusión en La Rioja de las que 27.000 están en exclusión severa, el mayor tramo de vulnerabilidad. Son cifras extraidas del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, una radiografía que ha analizado Cáritas La Rioja y que confirma el avance de la fragmentación social y el ensanchamiento de la brecha entre quienes logran sostener una vida digna y quienes quedan atrapados en la precariedad.
El informe, que forma parte un estudio a nivel estatal, sitúa el análisis riojano en un contexto nacional de clase media en retroceso y de exclusión que no cede pese a las fases de recuperación económica. En La Rioja, la exclusión severa prácticamente se ha doblado respecto a 2018, mientras la integración plena crece, dibujando una sociedad más polarizada.
El director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, ha puesto imagen a la dimensión humana de estas cifras: “Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros, capaz de unir Logroño con Nájera. Detrás de estos números hay vidas bloqueadas y esfuerzos cotidianos por salir adelante”. “Este informe describe un modelo social agotado que produce desigualdad, precariedad y fractura. No fallan las personas, falla el sistema. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión –trabajan o buscan empleo, se forman, activan redes–, pero chocan con las barreras estructurales de un sistema que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, especialmente en vivienda y salud. Necesitamos un cambio de rumbo valiente hacia una sociedad del cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Eso exige instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar en políticas que prevengan la exclusión desde su origen”, ha destacado.
Pérez ha estado acompañado por el coautor del informe y miembro del Equipo de Estudios de la Fundación FOESSA, Pedro Fuente, y el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, Carmelo Juárez. Fuentes ha detallado la realida social de La Rioja: “Desde 2018 hasta 2024, en La Rioja se observa que la exclusión social aumenta en 4,1 puntos, el deterioro se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad social: la exclusión social severa casi duplica su incidencia y pasa de afectar al 4,5 por ciento de la población riojana en 2018, al 8,7 por ciento en 2024. Hoy la exclusión social en La Rioja, al igual que en España, funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión”.
Vivienda, el epicentro de la desigualdad
El estudio identifica la vivienda como epicentro de la desigualdad: en 2024, el 14,3 por ciento de la población y el 11,6 por ciento de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. El 8 por ciento de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que significa que, descontados los gastos de vivienda, ese hogar queda con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa.
Alrededor de 10.000 personas estarían en una situación de vivienda insegura, y unas 26.000 personas en una vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. La carestía del alquiler golpea con especial dureza a los hogares con menos ingresos: el 34,2 por ciento de la población en riesgo de pobreza vivía de alquiler, el doble que en el conjunto de la población.
La vivienda se ha convertido en el cuello de botella de la integración social en La Rioja. Por ello, desde Cáritas La Rioja urgen a la creación de un parque estable de alquiler social y piden adecuar las ayudas a los costes reales, así como reforzar la coordinación entre políticas de vivienda y servicios sociales.
Empleo: se recupera, pero no siempre protege
La Rioja crea empleo y estabiliza parte del mercado laboral, pero la mejora no se traslada con la misma intensidad a los hogares. “Entre 2018 y 2023 el salario medio bruto mensual creció un 20 %; sin embargo, descontada la inflación, el avance real se reduce a apenas un 3 %. Resultado: hay más trabajo, pero una parte de la población sigue en la cuerda floja”, ha expuesto el experto de Cáritas Española.
La precariedad tampoco desaparece. Un 12 % de los hogares presenta algún indicador de exclusión laboral; destacan la parcialidad involuntaria y la inestabilidad laboral grave (≈4 %). “De ahí la paradoja: la recuperación del empleo convive con el crecimiento de la exclusión. Por estos motivos, las políticas de inclusión deben actuar en dos frentes complementarios: apoyo efectivo a las personas desempleadas y mejora de la calidad del empleo (reducir parcialidad e inestabilidad, elevar salarios en términos reales y reforzar la protección). Así el trabajo volverá a ser un verdadero motor de integración”, ha afirmado.
La erosión de la equidad en el cuidado de la salud
En 2024, un 10 % de la población riojana –más de 35.000 personas– se encontraba afectada por algún problema de exclusión social en la dimensión de la salud, y la causa principal es económica. Un 7 por ciento de los hogares no podía comprar medicación ni mantener tratamientos. Las carencias se concentran en prestaciones con copago o fuera de la cartera pública, como odontología, con necesidades sin cubrir en el 45 % de la población; prótesis dentales, inasumibles para el 28 por ciento y gafas/audífonos, fuera del alcance del 24 por ciento. Además, un 6 por ciento no accede a terapia psicológica por su coste.
Los rostros de la exclusión
La exclusión social en La Rioja tiene rostros reconocibles. El primero está marcado por el origen y la nacionalidad. Como ha precisado Pedro Fuentes, “las tasas de exclusión entre las personas con nacionalidad extranjera se sitúan en torno al 60 por ciento, seis veces más que entre quienes tienen nacionalidad española”. Este diferencial evidencia que la irregularidad administrativa, las barreras en el acceso a la vivienda y la discriminación en el mercado laboral multiplican el riesgo para la población migrante.
El segundo rostro es el de la infancia y la juventud, donde la vulnerabilidad es singular. “Entre los menores de 18 años la exclusión alcanza el 28 por ciento, cinco veces más que entre las personas mayores de 65 años (6 por ciento)”, ha concretado. El impacto se agrava en los hogares con niños: los hogares con dos o más menores presentan una incidencia del 34 por ciento, frente al 8 por ciento de los hogares formados solo por adultos, y los hogares con menores representan el 69 % de toda la población excluida en la comunidad. “Cuando hay menores en casa, cualquier fragilidad en ingresos o vivienda se convierte en una barrera estructural para la inclusión”, ha añadido.
La juventud se ve además atrapada por un mercado laboral que penaliza su entrada y continuidad. En palabras de Fuentes, “la tasa de paro entre los menores de 30 años ronda el 22 por ciento, más del doble que la tasa general (10 por ciento)”. A ello se suma la inestabilidad laboral –parcialidad e intermitencia–, que merma la capacidad de ahorro, y el encarecimiento de la vivienda, factores que “retrasan la emancipación y prolongan trayectorias de precariedad, incluso entre jóvenes ocupados”. El resultado es una generación que, pese a formarse y trabajar, no logra consolidar proyectos de vida autónomos sin apoyos eficaces en empleo y vivienda.
Pobreza y garantía de ingresos: lo que mejora y lo que falta
Desde 2019, el riesgo de pobreza ha pasado del 12 % al 19 % en 2024 (unas 62.000 personas), y la pobreza severa del 5,7 % al 6,5 % (en torno a 21.000). El sistema de garantía de rentas no acompasa esta realidad: a los cuatro años de su puesta en marcha, el IMV solo alcanza al 66 % de quienes viven en pobreza severa en La Rioja, y la renta mínima autonómica ha reducido su cobertura del 1,84 % (≈2.300 titulares en 2018) al 0,61 % (≈1.000 en 2023).
En palabras de Pedro Fuentes: “La comunidad crece en pobreza mientras la cobertura de las rentas mínimas se debilita y la información sigue siendo una barrera crítica. Reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV es una prioridad si queremos reducir privación y llegar a quien más lo necesita”.