Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lidia ya con otro toro, el de los contratos de las mascarillas que ha terminado derivando en una estafa millonaria que investiga un juzgado de Madrid, la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento para esclarecer el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMSV) entra ya en su recta final sin apenas avances y eclipsada por el nuevo escándalo, un caso que a medida que avanzan las pesquisas compromete más seriamente al regidor madrileño.
Contando con la prevista para este viernes -sesión en la que comparecerá Alvaro Gonzaléz, presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda, que está certificado que habló con el dueño de la agencia de detectives, Julio Gutiez, para “contrastar” la información que le había llegado sobre el intento de espionaje -, hasta la fecha se han celebrado ya siete sesiones para dilucidar si hubo o no espionaje a Ayuso y las ausencias a la hora de declarar han sido mucho más numerosas que las presencias. Hasta tal punto, que la tercera convocatoria, la del pasado 6 de abril, fue suspendida a los dos minutos de dar comienzo dado que no acudió nadie a declarar. Los grupos de la oposición hablan ya de “fiasco” y “fracaso” mientras incrementan su presión contra Begoña Villacís para que rompa el Gobierno de coalición, una posibilidad que parece totalmente descartada después de escuchar a la vicealcaldesa, quien no ha dudado estos últimos días en dar apoyo al alcalde.
Su actitud ha indignado a los grupos de la oposición, que dejaron que Ciudadanos presidiera la comisión de investigación. Tanto Más Madrid como el PSOE insisten en pedir a Almeida que dimita, pero el alcalde se ha enrocado y sigue manteniendo que no ha habido espionaje y no hay responsabilidades políticas ni penales del Ayuntamiento en el caso de los contratos de las mascarillas. Pero salvo Ciudadanos y Vox, los portavoces de los demás grupos coinciden en opinar que “su situación es ya insostenible”. Incluso Recupera Madrid, que cree que la única solución es impulsar una moción de censura.
Hace ahora tres semanas, el 28 de marzo, se convocaba la primera sesión de la comisión abierta en Cibeles en la que fueron llamados a comparecer los seis primeros dirigentes políticos y cargos públicos que figuran en la lista de las más de 40 peticiones que realizaron los grupos. Según pactaron en la Junta de Portavoces, las siguientes sesiones tendrían lugar el 4, 6, 18, 22, 25 y 29 de abril; y el 4, 6 y 9 de mayo, en turnos de mañana y tarde y a razón de seis comparecientes por día.
Aquella primera sesión ya hizo sospechar a Más Madrid, PSOE y también al Grupo Mixto que las promesas del alcalde, que aseguró que no pondría ningún impedimento a los trabajos de la comisión, no se iban a cumplir, por lo que iba a ser muy complicado conocer la verdad sobre el supuesto espionaje a la presidenta regional. Aquel día se esperaba a la propia Ayuso; al entonces presidente del PP, Pablo Casado; al ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños; a los exministros de Justicia Alberto Ruiz Gallardón -también exalcalde de Madrid- y Rafael Catalá; y al consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano. Pero solo este último accedió a acudir a declarar.
El portazo más sonoro fue el que dio la propia Ayuso a pesar de ser la agraviada en este asunto y de que ella misma siempre ha dado veracidad a su espionaje pidiendo además el cese de todas aquellas personas del PP que hubieran participado en esa supuesta operación. Fue disculpada por el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, quien sentenció que “no tenía sentido” que acudiese a testificar. “Para ir a una comisión de investigación tú tienes que informar de lo que sabes, de lo que tú conoces, pero no información que te ha llegado de segunda mano”, aseguró. Poco después, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, respondía a la carta que previamente le había enviado el Grupo Mixto reafirmando su decisión de no acudir a declarar.
Casi simultáneamente se supo que su hermano Tomás estaba ilocalizable y que los requerimientos para citarle habían resultado infructuosos. También se negaron a asistir a la siguiente sesión del 4 de abril Teodoro García Egea; la diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul; el exdirector de comunicación de la Empresa de Vivienda, David Fernández, y el dueño de la agencia de detectives a la que se le encargó el espionaje, Julio Gutiez, clave en todo este asunto, a quien, según fuentes de la comisión, se remitieron dos comunicaciones, el 28 y 30 de marzo, a las que no contestó
Los no comparecientes aumentan
Además de a Diego Lozano, los portavoces por ahora solo han podido preguntar a varios cargos de la EMVS: la Jefa del Departamento de Contratación, María Teresa Peral García; al delegado de Desarrollo Urbano y vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes, de Ciudadanos; al gerente de la empresa, José Antonio Acosta Morales; al presidente del comité de empresa, Antonio Manchón Molina, y a Carlos Medina Martínez, director de servicios jurídicos de esta empresa. Ninguno aportó grandes novedades al caso, pero dudaron de que Almeida hubiera encargado una investigación interna para esclarecer los hechos, como ha asegurado el alcalde desde el principio.
Mientras, la lista de los no comparecientes ha seguido aumentando. Además de Tomas Díaz Ayuso, han hecho mutis por el foro el director de comunicación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Joaquín Vidal y el contratista Chen Shengli. Tampoco han aparecido por el Ayuntamiento el responsable de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, Carlos Granados, que excusó su ausencia por enfermedad. Otro de los grandes ausentes ha sido el presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado.
Y aunque Almeida aseguró que los cargos del PP sí responderían a la llamada, los principales protagonistas de la crisis desatada en el partido, ninguno se ha dignado en comparecer. Como el ex vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y la delegada de Cultura y exsecretaria del Comité de Derecho y Garantías, Andrea Levy. En la quinta sesión, tampoco han aparecido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, ni uno de los consejeros del Gobierno de Madrid que están en la lista, el de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty. No obstante, la vicealcaldesa Begoña Villacís aseguró que todos los que se negaran a acudir -a los que acusó de “boicotear” la comisión -volverán a ser citados. Pero las posibilidades de que alguno se retracte es prácticamente nula.
El alcalde defiende ahora que casi ninguno de ellos tiene nada que ver con los trabajos de la comisión y acusa a las portavoces de Más Madrid, Rita Maestre, y del PSOE, Mar Espinar, fundamentalmente, de querer “montar un circo” y de buscar solo “el paseíllo” de los cargos del su partido, del que él ha sido portavoz nacional hasta días después de saltar a la luz el escándalo del supuesto espionaje.
Liberado ya de ese cargo, Almeida se sintió aliviado y se dedicó a echar balones fuera asegurando que había “dos informes” que concluían que no había habido ninguna “irregularidad” en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ni, por supuesto, espionaje: el elaborado por la Comisión de Ética de la propia EMVS, y otro de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, que en realidad no ha dado carpetazo al tema y sigue investigando.
Durante las siguientes semanas Almeida intensificó su agenda como alcalde para reforzar su deteriorada imagen. Pero su estrategia se volvió a ver frustrada ante el avance de las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción por los contratos cerrados por el Ayuntamiento a través de la funeraria municipal para la compra de material sanitario por el que dos empresarios -uno de ellos el aristócrata Luis Medina Abascal- se embolsaron comisiones millonarias. Ahora los grupos de la oposición le aprietan por ambos frentes. Un asunto por el que el lunes pasado Almeida tuvo que volver a dar la cara en un bronco pleno extraordinario en el que se enrocó y siguió manteniendo las mismas tesis de que el Ayuntamiento es “la víctima” y ha sido el “estafado”, mientras defendía a capa y espada a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y a la encargada de gestionar los contratos, Elena Collado.
Y es que a medida que se suceden las sesiones para intentar avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el espionaje a Ayuso, Más Madrid, el PSOE y también el Grupo Mixto siguen chocando con todo tipo de trabas. Las quejas se centran asimismo en la negativa del Ayuntamiento a entregarles gran parte de la numerosa documentación que han solicitado, entre otras cosas, la huella digital de las agendas de Diego Lozano y José Antonio Acosta -cargos de la EMVS- alegando que “el sistema no lo tenían adecuado para dar ese dato pues no se grababa”; y no hay una auditoría externa de los contratos la empresa pública. Tampoco les han remitido el listado de llamadas realizadas y emitidas desde teléfonos corporativos, ni correos electrónicos, de la relación de personal municipal que solicitaron, ni los pagos realizados por la EMT desde diciembre 2021 a marzo 2022. El colmo fue ver, según relata Mar Espinar, que cuando desde su grupo pidieron el informe sobre la investigación interna, que según dijo Almeida había ordenado hacer en la EMVS, el Ayuntamiento les remitió a las meras declaraciones públicas del regidor y a las transcripciones de sus intervenciones en los Plenos. “Una tomadura de pelo”, clamó la portavoz del PSOE.
Toda la expectación se centra ahora en Carromero
En estas circunstancias, la expectación se centra en estos momentos en Ángel Carromero, el dimitido coordinador general del Ayuntamiento. Tanto él como la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González -que fue consejera del PSOE en la EMVS-, que habían sido citados para la segunda sesión, (4 de abril), pidieron cambiar de fecha. La nueva cita para la declaración de Carromero sigue en el aire pero su testimonio es clave para conocer qué ocurrió en la EMVS y qué papel jugó el asesor municipal en todo ese embrollo. Almeida aseguró que en una conversación que mantuvieron ambos nada más estallar el escándalo, Carromero le dijo que no tenía nada que ver en el caso, pero la oposición se pregunta por qué dimitió entonces, y quiere someterle a un exhaustivo interrogatorio.
El que ha sorprendido anunciando que no faltará a la cita del 4 de mayo ha sido el expresidente regional, Ignacio González, bajo cuyo mandato y el Esperanza Aguirre se destapó también otro sonado caso de espionaje interno del PP. Su comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Mixto al considerar que puede aportar algo teniendo en cuenta que fue protagonista de seguimientos por la misma empresa de detectives -Mira- con la que alguien de la EMVS parece que intentó ahora encargar que se investigara a Ayuso y a su hermano Tomás.
Aunque el alcalde es el principal blanco de las críticas de la oposición, tampoco se ha librado de ellas la vicealcaldesa, Begoña Villacís, a la que Más Madrid y PSOE dejaron que su grupo presidiera los trabajos de la comisión. Ahora creen que no está cumpliendo las expectativas que se le presumían.
Sus declaraciones defendiendo al alcalde y diciendo que le consta que “lo está pasando muy mal” y que no cree que el caso de los contratos de las mascarillas haya habido “corrupción” que salpique al Ayuntamiento de Madrid han irritado a los grupos de izquierda. La portavoz socialista, Mar Espinar, saltaba en las redes muy enfadada, reprochando a la vicealcaldesa que se sumara “al victimismo del alcalde”.
El broche final a la comisión de investigación tendrá lugar entre el 6 y 9 de mayo, precisamente con las declaraciones de Villacís y del alcalde; de su nuevo jefe de Gabinete, Daniel Bardavío; del consejero de Justicia de Ayuso, Enrique López; de Daniel Alcázar, el empresario relacionado con Tomás Díaz Ayuso al que la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. A esas sesiones también están citados Matilde García Duarte, directora general de la alcaldía de Madrid, y muy amiga de Almeida y cuyo correo le llegaron las ofertas de contratación; y la de Manuel de la Puente Andrés, el alto cargo de la Comunidad que firmaba los contratos de adquisición de material sanitario. De todos ellos solo se espera con seguridad la presencia de Villacís y de Almeida.