El alcalde del PP de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, ha anunciado a última hora de este jueves que dimite como regidor de este municipio de 8.000 habitantes del sureste de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en un vídeo en las redes sociales del Ayuntamiento, en el que ha explicado que ha tomado la decisión de “dar un paso al lado” debido a “circunstancias políticas y personales que han erosionado el ánimo, las ganas y la energía necesaria para liderar con la fuerza que el cargo exige” y que hacen que “en este momento no sea la mejor opción para liderar mi querido pueblo”. Se refiere sin mencionarlo explícitamente a la investigación penal abierta el pasado diciembre por el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey para juzgarle por un presunto delito de prevaricación administrativa.
“No concibo una política municipal llena de ataques personales, de bulos, de infundios, de crispación y de enfrentamientos, de ataques personales y de denuncias sin base real ni legal”, ha afirmado el ya ex regidor que ha añadido que “no todo en la política municipal vale o es admisible”. “No pensaba que estos años fueran a estar llenos de tan malas intenciones y de crispación interesada, de mentiras y bulos destinados a crear falsas impresiones que al final consiguen minar hasta la salud personal”, ha dicho.
Tras insistir que actúa desde “desde la responsabilidad, la honestidad y desde el profundo amor que siento por mi pueblo”, ha indicado que ha intentado “ejercer esta responsabilidad con honestidad, dedicación y entrega absoluta poniendo siempre por delante el interés general de Morata de Tajuña”. “Gobernar no es sencillo”, ha destacado Villalain González que ha reconocido que tenía la decisión tomada desde “hace ya unos meses”: “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que estaba en mi camino y en mi mano, con aciertos y con errores”.
Aunque ha asegurado que pasa “el relevo a un equipo fuerte y preparado”, no ha dado detalles de quién le sustituirá al frente del Ayuntamiento. Además, también ha tenido palabras para agradecer a su equipo, a los funcionarios y al PP por “su confianza a lo largo de este camino”. “Gracias especiales a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por creer en mí y por su apoyo”, ha asegurado Villalain González.
El Tribunal de Instancia de Arganda del Rey acordó el pasado 16 de diciembre continuar con la tramitación de la causa penal por los cauces del procedimiento abreviado por si los hechos investigados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación y utilización de una gradería desmontable municipal. En concreto, el auto al que ha tenido acceso Europa Press detalla que el pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024 el Presupuesto General para ese ejercicio, que incluía dos modificaciones de crédito por un importe superior a 480.000 euros destinadas a la instalación de una gradería desmontable para espacios multiusos.
El acuerdo fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El procedimiento de contratación se realizó mediante convocatoria pública y fue adjudicado a la empresa Plazas de Toros Ocón S.L., única licitadora, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses, formalizándose el contrato el 3 de junio de 2024.
La resolución judicial recoge que la gradería fue montada y utilizada durante los festejos de la localidad, celebrados entre los días 9 y 15 de septiembre de 2024, “sin que existiera un proyecto de ejecución e instalación aprobado”. A fecha de marzo de 2025, dicho proyecto seguía pendiente de recepción y aprobación.
El auto incorpora las manifestaciones del arquitecto municipal, quien declaró haber emitido informes de incumplimiento durante la ejecución de las obras y haber sido apartado de la supervisión del proyecto. Consta la existencia de informes desfavorables, entre ellos uno de 2 de octubre de 2024, que advertían de que la instalación no cumplía los requisitos exigibles. La magistrada considera que, a la vista de las diligencias practicadas, existen indicios suficientes para atribuir provisionalmente al alcalde un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.