La Fiscalía rebaja a cuatro años la petición de cárcel contra los policías acusados de agredir a un menor en Madrid
El juicio contra cuatro policías nacionales por la agresión a un menor de edad en Tetuán ha quedado visto para sentencia con la Fiscalía rebajando de siete a cuatro los años de cárcel que solicita para ellos. El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que agredieron a un joven magrebí acusado de intentar atracar a unos turistas en Bravo Murillo y después falsificar el atestado para ocultar los hechos, mientras que la defensa de los agentes insiste en las contradicciones de los testigos que afirman haber visto y grabado los golpes además de las inconsistencias que, entiende, contienen los informes de Asuntos Internos que dieron pie a la investigación.
Los agentes, destinados en ese momento en la comisaría de La Remonta en el distrito madrileño de Tetuán, acudieron a la zona de Valdeacederas más cercana a la Plaza de Castilla cuando una pareja de Alicante, que pasaba unos días en la ciudad en un hotel del distrito, denunció en dos ocasiones que un grupo de jóvenes “magrebíes” les estaba persiguiendo para robarles. Según la versión que han dado varios testigos, el menor salió corriendo y fue agredido por los tres policías nacionales acusados que salieron detrás de él hasta la calle Sófora y después se marcharon del lugar.
La primera jornada celebrada el lunes ante la Audiencia Provincial de Madrid dejó varios testigos que, aunque no identificaron a los policías acusados, sí afirmaron haber visto los golpes e incluso haber grabado la agresión, unos vídeos que pudieron verse en la sala. También comparecieron los responsables de Asuntos Internos que investigaron a estos tres agentes y otro más acusándoles de falsear el atestado de esa noche, ocultando la agresión y asegurando que abandonaron el lugar para atender la llamada de socorro a gritos del cuarto policía acusado.
La segunda y última jornada del juicio, celebrada este jueves ante el mismo tribunal, ha contado con la declaración de los cuatro agentes de Policía Nacional, que han negado la agresión y han defendido como veraz la versión que plasmaron en su atestado: fueron acometidos por el menor –algo que el propio menor reconoció al ser condenado en conformidad en otro proceso– y en plena persecución tuvieron que abandonar la zona para atender la llamada de auxilio de un compañero. El atestado, añaden tanto ellos como sus letrados, se realizó varias horas después por el desarrollo del servicio, no porque estuvieran ganando tiempo para acordar una coartada.
La Fiscalía adaptó su informe final al término del juicio y, además de rebajar de siete a cuatro los años de cárcel que solicita para cada uno, incluyó los datos que aportaron algunos testigos, por ejemplo que uno de los agentes llamó “moro de mierda” a la víctima, reculando parcialmente en que las agresiones que reconoció el propio menor habían sido inventadas. Uno de los dos turistas que reclamaron presencia policial en la zona explicó también durante el juicio que un policía no identificado dio un porrazo a otro de los jóvenes de ese grupo.
A lo largo de este juicio, la fiscal del caso ha exhibido a favor de su acusación las declaraciones de los testigos, sus vídeos y el atestado de Asuntos Internos que acusa directamente a los agentes de falsificar los informes de esa noche, la acusación más grave que acarrea más años de prisión. Al otro lado de la sala, los letrados del despacho Frago & Suárez que han defendido a los cuatro agentes han denunciado inconsistencias en los testigos que presenciaron los hechos y en la actuación de Asuntos Internos.
En cuanto a la investigación policial interna, la defensa de los policías ha cuestionado las conclusiones de Asuntos Internos –que entiende que las cuatro horas que pasaron entre los hechos y la entrega del atestado responden a una estrategia de los agentes para buscar una coartada tras saber que todo había sido grabado– y ha alegado que las circunstancias del servicio esa noche hacen normal ese lapso de tiempo.
Los letrados que defienden a los agentes también cuestionan las palabras de varios testigos y su validez para sustentar una condena de prisión sobre la agresión al menor. Por ejemplo, una que afirmó haber grabado los hechos y haber enviado el vídeo a la Policía cuando no hay constancia documental de ello, o que apuntó a un policía “calvo” testigo y no a uno de los acusados como autor de la agresión. También destacan que, después de que varios testigos hayan asegurado en fase de instrucción que los agentes usaron defensas extensibles, las cámaras de un hotel certifican que estaban equipados con porras rígidas.