Reformar locales comerciales para convertirlos en viviendas o comprar barato para cambiar el uso de esos bajos en zonas privilegiadas de la capital. El negocio fue muy rentable para Rocío Monasterio durante algunos años. El problema es que, según denuncian algunos de los compradores, la actual dirigente de extrema derecha lo hizo a través de todo tipo engaños a clientes y a la propia administración. Ahora, aquellas irregularidades pueden pasarle factura en los tribunales. Y por ende a su carrera política.
eldiario.es ha desvelado esta semana nuevas negligencias llevadas a cabo por su estudio de arquitectura que comprometen cada día más a Monasterio. Entre ellas está que la empresa de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid suplantó la identidad de una de sus clientas y falsificó su firma en documentos que luego se registraron en el Ayuntamiento de Madrid.
En el expediente de esta obra en la calle San Marcos, que guarda el registro municipal, la rúbrica falsa aparece hasta en quince documentos que eran necesarios para solicitar una licencia que nunca llegó. El estudio de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid habría falsificado la firma sin que la afectada lo supiera, confirma a eldiario.es: “No es mi firma”, aseguró sorprendida tras recibir la llamada y repasar los documentos en poder de esta redacción.
Junto a la rúbrica falsa de la clienta, aparece la del hermano de Rocío Monasterio, ingeniero técnico industrial. En aquel proyecto, Antonio Monasterio era el que firmaba los planos de la reforma dado que la diputada de Vox no disponía entonces de la titulación necesaria para hacerlo. La líder de extrema derecha no se licenció hasta cinco años después, en 2009, un dato que ocultaba cuando ofrecía sus servicios.
En este mismo expediente urbanístico consta que Rocío Monasterio presentó una autorización en el Ayuntamiento de Madrid con datos que no concuerdan: el nombre y apellidos de la clienta que supuestamente la autorizaba y la firma no son de la misma persona.
Pero estas revelaciones no han sido la única mala noticia para Monasterio. Lo peor para la líder de Vox en Madrid ha venido de la Fiscalía que ha confirmado que la investiga después de utilizar un visado falso en otra obra, la del loft para el que la contrató el presentador Arturo Valls.
Rocío Monasterio habría utilizado un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid para las obra del loft del presentador y actor Arturo Valls en 2016, solo tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica. Entonces, la dirigente de Vox ya formaba parte de la dirección del partido de Santiago Abascal e incluso lideró la candidatura de la formación a la Alcaldía de Madrid un año antes, en 2015.
Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la falsificación de la firma desvelada por este medio, de ser delito, habría prescrito ya que la suplantación de identidad se produjero en 2004. Sin embargo, por primera vez, Monasterio se enfrenta a un delito de falsedad documental penado con entre seis y tres años de cárcel, apuntan los expertos, por los hechos que investiga ahora la Fiscalía.
A la denuncia de Más Madrid, se suman dos más: una del Colegio de Aparejadores y otra de la arquitecta técnica que supuestamente firmaba los planos con el sello falseado, según publicó El País. Además de esta denuncias ante el ministerio público, el presentador de Ahora Caigo mantiene una querella contra la dirigente de extrema derecha.
A estos casos de irregularidades hay que sumar otras polémicas. La más clamorosa obligó al matrimonio Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros a afrontar el pasado septiembre la clausura y precinto de la mansión familiar en la que residían ilegalmente desde 2014, según reveló este diario. El chalé carece de la licencia de primera ocupación obligatoria para poder residir en él y tampoco tiene la licencia de funcionamiento, necesaria para desempeñar allí actividades económicas. La construcción incumplió los compromisos de la licencia de obra que solicitaron. El matrimonio logró paralizar in extremis la clausura y precinto de su chalé presentando un nuevo proyecto que ahora el Ayuntamiento de Madrid estudia.
Por esa misma vivienda, el diputado nacional de Vox fue condenado en dos ocasiones por eludir el pago de parte de las obras a una de las empresas que la levantó: la última sentencia es del pasado mes de junio. La justicia determinó que el diputado de la formación de extrema derecha tenía que pagar de 63.183 euros a lo que hay que sumarle las costas y los intereses, otros 18.954 euros.