Aplazado tres semanas el nuevo intento de desahucio de Maricarmen, que a sus 87 años resiste los envites de un fondo

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500.