“Vamos a ganar. Sé que estaréis ahí para luchar por vuestros derechos y vuestra casa”. Con este agradecimiento y esta proclama, Maricarmen ha valorado la suspensión este martes del inminente desahucio de su vivienda. La mujer, de 87 años, iba a ser expulsada de su piso en Madrid este miércoles 29 de octubre. La afectada, que lleva 70 años en su domicilio, ha agradecido “de todo corazón” el apoyo social que ha despertado su situación y ha admitido que el desahucio “no se ha parado de la forma que queríamos”.
Así lo ha expresado en una rueda de prensa en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, frente a su vivienda, en el distrito de Retiro. A Maricarmen le han acompañado Beatriz Duro, abogada del caso y Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Las tres se han visto rodeadas por una multitid de periodistas, vecinos y miembros de la organización en defensa de los arrendatarios. Han interrumpido sus intervenciones los gritos “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”, secundados por una Maricarmen que se ha puesto en pie emocionada. Al cuello, se ha enfundado una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.
“Hay un informe de servicios sociales que dice que Maricarmen se encuentra en situación de vulnerabilidad. Nos dan un plazo de alegaciones a ese informe de cinco días”, cuenta Duro en declaraciones a los medios. Cuando transcurra ese período, los tribunales decidirán si anulan definitivamente la expulsión o fijan una nueva fecha. “En casos como este, la ley prevé la suspensión por cuatro meses para que las administraciones públicas doten de alternativa habitacional”, apunta Duro, aunque la concesión de esa prórroga no es una certeza. En cualquier caso, la abogada recalca que “por las circunstancias de Maricarmen, su edad o los 70 años que lleva en su casa, la única alternativa habitacional es su casa”. Apostilla asimsimo que “no se dan alternativas reales, te mandan al Samur Social o un albergue durante un tiempo concreto y después de una lista de espera eterna”.
Duro ha explicado que, aunque habían solicitado la suspensión del desalojo por motivos de vulnerabilidad en base a la conocida como moratoria “antidesahucios” (vigente hasta el 31 de diciembre), la jueza considera que Maricarmen no puede acogerse a ese decreto por tres motivos: es aplicable a contratos solo suscritos con la Ley de Arrendamientos Urbanos, la situación de vulnerabilidad económica debe ser consecuencia del covid y el importe de la renta más los suministros debe superar el 35% de los ingresos. “Acreditaremos que esto último no es así en el recurso que presentaremos. Los otros dos puntos demuestran la preocupante ineficiencia de estas leyes. Parece que tienes que ser pobre y serlo desde no hace mucho”, expone la letrada.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.
“La lucha tiene que volver a empezar. Tengo muy claro que no me van a echar. Mi casa no son solamente las paredes. Es mi vida y no me voy a ir. Aquí moriré”, adelanta Maricarmen. Llama además a que el Gobierno central actúe: “Los contratos de alquiler tienen que ser indefinidos y hay que echar a los especuladores de nuestro país”.
Para Valeria Racu, portavoz del Sindicato, el caso de Maricarmen “es un síntoma de lo que nos pasa a millones de personas en España, pero especialmente en Madrid”. Habla de una ciudad y una región “hecha para echarnos, donde se premia mucho más la especulación de unos pocos que el derecho a la vivienda o al territorio de la mayoría”. Ha rememorado que “los fondos buitres llegaron a España gracias a que Ana Botella le vendió a Blackstone un paquete de 1.860 viviendas públicas, invitándoles a hacer negocio con nuestras viviendas y a que ahora gestionen millones de vida”. Racu cree que las leyes de vivienda son “injustas” y por ello “hay que desobedecerlas”: “Es lo que nos enseña Maricarmen, una mujer organizada, luchadora, con agencia propia y que tiene que quedarse en su casa”.
La lucha tiene que volver a empezar. Tengo muy claro que no me van a echar. Mi casa no son solamente las paredes. Es mi vida y no me voy a ir. Aquí moriré
“El rentismo cada vez se hace con más partes de nuestras vidas. Lo que le pasa a Maricarmen nos pasa a muchísimas de nosotras, que vivimos con la incertidumbre de qué será con nuestra vida simplemente porque tenemos un casero, porque somos esa cosa que paga la hipoteca sola. La pagamos nosotros con nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro dinero. Ante este modelo especialmente protegido por Ayuso y Almeida, pero con el beneplácito también del Gobierno central, nuestra estrategia es resisitir. En el próximo año, cientos de miles de personas nos vamos a enfrentar a la finalización de contrato. Las leyes injustas hay que desobedcerlas”, proclama Racu en una semana clave para su organización, ya que desplegarán diversas acciones en la ciudad.
Emblema contra la especulación que paga las consecuencias del machismo de las leyes franquistas
Maricarmen había presentado varios informes y documentación para probar su vulnerabilidad, como persona con un 50% de minusvalía. La Justicia aplaza ahora el desahucio para que la mujer, de 87 años de edad, pueda aportar documentación adicional. Su caso ha ganado peso mediático en los últimos días y la mujer se ha convertido en un emblema de las organizaciones por el derecho a la vivienda de lo que representa la especulación inmobiliaria para la vida en los vecindarios. El Sindicato de Inquilinas convocó este mismo lunes una marcha por las calles del madrileño barrio de Ibiza, como muestra de respaldo, además de reuniones la semana pasada con asociaciones de vecinos de la zona.
Con un contrato de renta antigua firmado pro su padre en 1956, después de la muerte de este la madre de Maricarmen se subrogó a él en 1960. Cuando su madre falleció en 2005, Maricarmen se acogió a una segunda subrogación. Entonces, la propiedad no puso pegas y le mantuvo las condiciones: una renta que se iba adaptando al IPC y el pago del IBI, ahora limitado a los arrendadores. Sin embargo, varios cambios de propiedad a partir de 2018 terminaron en un proceso legal que se inició en 2020, después de que ella no pudiera asumir ni la compra del inmueble, por 250.000 euros, ni un incremento del alquiler que cifra en un 300%. Condiciones impuestas por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.
En un primer momento, el juzgado nº 90 de Madrid dio la razón a la mujer, al considerar que, en 2005, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos, cuando compraron la vivienda. Sin embargo, la actual propietaria recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó el desahucio de Maricarmen, que confirmó el Supremo. En la sentencia, se indica que las rentas antiguas solo pueden prorrogarse indefinidamente en una ocasión y que la segunda prórroga, la de la octogenaria, solo dura un par de años. Una norma que ella considera machista, porque cuando sus padres firmaron el contrato, en pleno franquismo, solo podía rubricarlo el cabeza de familia. Por ello, el paso de la titularidad de su padre a su madre se consideró una subrogación. Con la normativa actual, la de su madre a ella habría sido la primera y su protección sería mucho mayor.
Maricarmen responde a Almeida mientras su caso se convierte en “ejemplo de movilización”
Este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmaba que “no le consta” que la mujer hubiera acudido a los servicios sociales a pedir ayuda por la orden de expulsión, marcada inicialmente en el calendario para este miércoles. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, aseguró. La mujer asegura que acudió a servicios sociales, pero que las únicas opciones que le plantearon fueron acudir a una residencia pública, para la que había lista de espera, o a recursos que exigen un pago. Todavía autónoma, ella se niega a abandonar su barrio y la casa en la que ha pasado 70 años, desde que se mudó con sus padres en 1956, a los 17 años de edad.
Maricarmen ha respondido a Almeida en declaraciones a Somos Madrid, aunque ha preferido ser comedida: “Yo sí tengo vergüenza, a otros les falta mucha. Un señor alcalde que representa a los ciudadanos de Madrid jamás debería ser tan impertinente para decir las cosas que dice”.
Beatriz Duro cree que este caso demuestra cómo “la movilización social sirve” y “es ejemplo para que personas en situación similar sepan que no tienen que abandonar sus casas sin social, que no están solas en esos procesos y muchas peleamos que haya unas leyes justas que garanticen el acceso a la vivienda”.