¿Quiénes matamos a las mujeres?

Cada vez que una mujer es asesinada por violencia machista, el relato público busca, casi por reflejo, un culpable externo. La pregunta implícita es: ¿qué tiene de diferente este hombre? La respuesta, respaldada por todas las estadísticas globales, es incómoda: prácticamente nada. El agresor típico no es una excepción cultural o racial; es, con demasiada frecuencia, un hombre común.

Los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) establecen un patrón global imbatible. Su Global Study on Homicide de 2019 ya señalaba que, a nivel mundial, el hogar es el lugar más peligroso para una mujer. En 2022, aproximadamente el 56% de los asesinatos de mujeres fueron cometidos por un familiar o pareja íntima. La actualización más reciente, publicada en 2024 con datos de 2023, confirma que la tendencia no solo persiste, sino que se agrava con una crudeza estadística aún mayor. El informe Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides, elaborado conjuntamente por UNODC y ONU Mujeres, revela que, a nivel global, 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente en 2023. De ellas, el 60% (51.000) fueron cometidos por una pareja íntima o un familiar. La escalofriante conclusión es que, cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de alguien de su círculo más cercano, lo que equivale a un feminicidio cada 10 minutos. Este fenómeno es transcultural. En España, las cifras oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género son concluyentes. Desde 2003, año en que comenzaron los registros, la inmensa mayoría de los agresores mortales son de nacionalidad española, en proporción a la composición demográfica del país. El vínculo es abrumadoramente íntimo: pareja o expareja. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2023, realizada por el Gobierno de España, añade contexto: el 21.5% de las mujeres de 16 o más años (4.6 millones) han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja a lo largo de su vida. Solo el 5.4% de las que sufrieron violencia física por su pareja actual la denunciaron. El agresor casi nunca es un extraño. El patrón se confirma en otros contextos. Según la última edición del estudio When Men Murder Women del Violence Policy Center de Estados Unidos, publicado en octubre de 2024 con datos de 2022, el 87.5% de las mujeres asesinadas por hombres conocían a su agresor. De estas víctimas que conocían a su asesino, más de la mitad (58.1%) eran esposas o parejas íntimas. El informe también destaca que las mujeres negras son asesinadas por hombres a una tasa de 3.2 por cada 100.000 habitantes, casi el triple que las mujeres blancas.

Esta dificultad para medir la magnitud real del problema se refleja en la propia Unión Europea. Un informe de 2024 de ONU Mujeres y UNODC subraya una paradoja preocupante: a pesar de la magnitud del problema, solo 37 países reportaron datos sobre feminicidios cometidos por parejas o familiares en 2023, una caída drástica respecto a los 75 países que lo hacían en 2020. Esta brecha de datos, lejos de ser un tecnicismo, se convierte en un obstáculo para la rendición de cuentas y el diseño de políticas públicas eficaces, ocultando la realidad que denunciamos.

Este patrón de agresión íntima no solo se confirma en otros países occidentales, sino que define la violencia machista en todas las regiones del mundo. Si observamos la distribución geográfica de los feminicidios, los datos de UNODC para 2023 revelan una jerarquía clara y un patrón que matiza la naturaleza de la violencia según la región. África se mantiene como el continente con la tasa más alta de asesinatos de mujeres a manos de parejas o familiares, seguida de América y Oceanía. Un dato revelador que añade el informe es que, mientras en Europa y América la mayoría de las mujeres asesinadas en el ámbito doméstico lo son a manos de su pareja íntima (64% y 58%, respectivamente), en regiones como África y Asia son los familiares los perpetradores principales. Esta disparidad no se explica por la cultura, sino por factores estructurales como la desigualdad de género, la impunidad y la falta de recursos para la prevención. El denominador común, una vez más, es la proximidad del agresor.

Si los datos son tan consistentes, la pregunta obligada es: ¿por qué? La antropología y la historia ofrecen una explicación dura: porque durante milenios, numerosas civilizaciones construyeron su orden social sobre el control sistemático del cuerpo y la vida de las mujeres. Con la revolución neolítica y la aparición de la propiedad privada y la herencia, asegurar la paternidad se volvió crucial, lo que requirió el control de la sexualidad femenina. La mujer se convirtió, en esencia, en un bien transmitido. Este principio se codificó en leyes y textos fundacionales. El Código de Hammurabi (circa 1750 a.C.) establecía que una mujer adúltera debía ser ahogada. La ley romana situaba a la mujer bajo la manus (mano) del marido. El concepto de honor familiar, depositado en la conducta sexual de las mujeres, fue un sistema de control eficaz. Matar a una mujer por transgredir los límites sexuales no era un crimen, sino una restitución del orden social. El agresor era, a menudo, un ejecutor de una norma cultural.

Decir que esto es solo historia es un error. Lo que cambió, sobre todo a partir del siglo XX, fueron principalmente las leyes, no necesariamente todas las estructuras profundas de la mentalidad colectiva. Los vestigios persisten en lo que se puede llamar un patriarcado de baja intensidad. Persiste en el lenguaje y la cultura popular, donde frases como la maté porque era mía —que recordaba Max Aub— resumen siglos de lógica posesiva. Persiste en los micromachismos, patrones de control cotidiano sobre el móvil, la ropa, las amistades, el dinero. Pero el control ya no termina en el umbral físico de la casa. La violencia ha colonizado el ciberespacio con una intensidad que transforma el propio cuerpo en un territorio digitalmente vigilado. Según el informe Violencia digital de género: una realidad invisible del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España (2022), el 89% de los agresores ejercen control sobre las cuentas digitales de sus víctimas, accediendo a sus dispositivos personales. El Observatorio Español de Delitos Informáticos precisa que esta violencia ocurre principalmente a diario (70% de los casos) y a cualquier hora (95%), configurando un régimen de vigilancia de 24 horas que anula cualquier posibilidad de respiro. Cuando las víctimas intentan resistir bloqueando a sus agresores, estos buscan rutas alternativas mediante números de teléfono simulados o perfiles falsos, convirtiendo la huida en una ilusión técnica. La Fundación Avon y Plan International documentan que el 60,6% de las jóvenes españolas ha sufrido violencia sexual digital, siendo las mujeres quienes concentran el 28,7% de recepción de contenido sexual no consentido frente al 16% de los hombres. Esta violencia no es un epifenómeno: es la continuación del control patriarcal en un registro que disuelve la distinción entre espacio privado y público, entre cuerpo físico y cuerpo digital, entre presencia y ausencia.

Y persiste, a veces, en las propias instituciones, a través de lo que se conoce como la prueba de resistencia, la exigencia tácita de que una mujer demuestre haber opuesto una defensa física enconada para ser creída, o en procedimientos judiciales que no siempre priorizan la protección de la víctima. Esta priorización, además, se delega crecientemente en sistemas algorítmicos de predicción de riesgo, como el VioGén español, que introducen una nueva capa de mediación tecnológica en la respuesta institucional. Estas herramientas, que procesan variables para calificar el nivel de peligro, operan con lógicas de vigilancia datificada que pueden reproducir sesgos estructurales: la sobre-exposición de ciertos barrios a la intervención policial, la invisibilización de violencias que no encajan en los parámetros cuantificables, la delegación de decisiones vitales en modelos estadísticos opacos. La ética de esta intervención permanece en suspenso. El dato de que solo el 5,4% de las mujeres que sufren violencia física de su pareja actual la denuncien sugiere que la mayoría no confía en un sistema que, paradójicamente, requiere su testimonio para funcionar mientras expone sus datos a nuevas formas de gestión burocrática. La cifra de mujeres asesinadas tras haber denunciado es un recordatorio trágico de estas fallas.

Las consecuencias de estas fallas trascienden lo humano. En el entramado doméstico de violencia, las mascotas aparecen como víctimas invisibles que articulan un sufrimiento interespecie. El Instituto de Estudios de Violencia de la Universidad de Granada documentó que entre el 40% y el 71% de las mujeres maltratadas en España reportan que sus agresores también maltratan a los animales de compañía. Este dato no es anecdótico: en Bogotá, un estudio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (2020-2024) documentó que el 11% de los casos de violencia de género involucra violencia vicaria hacia animales, utilizados como instrumentos de control psicológico. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha establecido jurisprudencia al considerar la muerte de un perro como violencia vicaria, condenando al agresor por el agravante de género. Esta interacción violencia-mujer-animal desdibuja las fronteras antropocéntricas del derecho y nos obliga a repensar el hogar como un ecosistema de afectos vulnerables, donde el dominio sobre los cuerpos femeninos y no humanos opera mediante lógicas de propiedad concatenadas. La mujer que permanece en una situación de riesgo por no abandonar a su perro no es una decisión irracional: es la expresión de un vínculo de cuidado que el sistema de protección aún no sabe reconocer ni garantizar.

Esta violencia que nace en el hogar no se detiene en sus muros. Se proyecta sobre el territorio, porque el control sobre los cuerpos femeninos y el control sobre la tierra son procesos co-constitutivos del mismo régimen extractivista. Global Witness documentó 146 asesinatos y desapariciones de defensoras del ambiente en 2024, elevando a 2.253 el total desde 2012, con una media de tres personas asesinadas o desaparecidas semanalmente. En Brasil, 25 defensoras fueron asesinadas solo en 2023, muchas de ellas mujeres afrodescendientes que protegían bosques ancestrales. La relación no es metafórica: la Iniciativa Spotlight de la ONU constata que el cambio climático intensifica las tensiones sociales que alimentan la violencia de género, con un aumento del 28% en feminicidios durante olas de calor extremas. Las proyecciones sugieren que, de no revertirse la tendencia, el cambio climático estará relacionado con uno de cada diez casos de violencia de pareja a finales de siglo. Esta convergencia revela que la dominación de la naturaleza y la subordinación de las mujeres operan mediante lógicas de despojo intercambiables. La casa como espacio peligroso se amplifica hasta convertir el territorio mismo en un hogar hostil, habitado por la amenaza persistente de quienes definen la tierra y los cuerpos como recursos disponibles para su apropiación.

Esta resistencia a abordar el problema de raíz no es solo social, sino que se manifiesta incluso en la reacción a los avances legales. Como reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2021, las leyes de igualdad, las leyes de protección de la mujer, nombrar esto, incomoda a muchos hombres, también a hombres de mi generación. Esta declaración sintetiza la incomodidad que genera cuestionar un statu quo milenario: el simple acto de nombrar y legislar contra la violencia machista interpela directamente los privilegios y la identidad de una masculinidad que no ha tenido que rendir cuentas.

En conclusión, el instinto de señalar al otro —al inmigrante, al hombre de otra cultura— como la fuente única de la violencia machista es un mecanismo de defensa. Nos exime de una autocrítica colectiva más profunda. Pero los datos, fríos y verificables, gritan otra verdad: el peligro mayor no tiene, estadísticamente, un acento extranjero. Vive en la casa de al lado. Se alimenta de normas culturales milenarias, de sesgos inconscientes y de una tolerancia social que aún minimiza la violencia en el ámbito privado. Reconocer esta realidad incómoda es el primer paso indispensable. Pero no basta con condenar al monstruo excepcional; hay que desmontar los cimientos culturales que, aún hoy, conceden a algunos hombres la percepción de un derecho de propiedad sobre las mujeres. La evidencia muestra que la violencia machista no es una anomalía importada, sino un patrón profundamente arraigado. Y solo mirándolo de frente, en nuestros propios datos, en nuestra propia historia y en las nuevas formas que adopta —digital, ambiental, multiespecies— podremos empezar a erradicarlo.