Brocha gorda

La izquierda política atraviesa una paradoja tan visible como incómoda. Nunca sus marcos teóricos —la crítica al capitalismo financiero, la defensa de lo común, la justicia social— han sido tan pertinentes para diagnosticar las crisis que nos atraviesan. Y, sin embargo, nunca su discurso ha devuelto mayor sordera en amplios sectores de esas mayorías sociales a las que dice representar. No se trata únicamente del ascenso de una derecha populista hábil en canalizar el resentimiento. Existe también un fallo interno de trazo: la creciente distancia entre una izquierda institucionalizada y la realidad material concreta de la vida cotidiana.

No hablamos aquí de la izquierda como bloque homogéneo, sino de una izquierda institucionalizada cuya lógica de funcionamiento —ministerios, partidos, gabinetes técnicos, fundaciones— ha cristalizado en una cultura propia, cada vez más autónoma respecto a las condiciones materiales de quienes no habitan ese ecosistema. Este fenómeno no es nuevo ni excepcional. La sociología política ha mostrado cómo las organizaciones, cuando se estabilizan, tienden a reproducir dinámicas internas que priorizan la coherencia administrativa y simbólica frente al contacto directo con su base social.

Pierre Bourdieu ya advirtió del riesgo de la teorización teoricista: un discurso que, en su búsqueda de pureza conceptual, pierde contacto con el sentido práctico que guía la vida cotidiana. Hoy, esa desconexión adopta formas concretas y medibles. Mientras casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años vive aún en el hogar familiar —un mínimo histórico que la crisis de vivienda no hace sino profundizar (Observatorio de Emancipación, CJE, 2024)—, una parte del discurso progresista parece más concentrada en depurar su lenguaje y resolver disputas internas que en ofrecer respuestas materiales urgentes y creíbles a una generación bloqueada. Se proclama la vivienda como derecho en abstracto, mientras se ignora la desesperación concreta de quien, tras años de ahorro, ve cómo el precio de la entrada de un piso se le escapa cada mes un poco más.

A esta brecha contribuye un fenómeno gemelo: la gobernanza por expertos y su lenguaje tecno-administrativo. Como ha analizado el politólogo Ivan Krastev, la desafección democrática no es solo rechazo a la corrupción, sino también a una élite que ha convertido la deliberación política en una conversación técnica inaccesible. La movilidad intergeneracional, la transición energética justa o la reforma fiscal progresiva son conceptos legítimos, pero cuando no se traducen a propuestas con rostro y calendario —este barrio tendrá un consultorio médico público en 2025 o esta ley hará que tu factura de la luz baje un 10% el próximo invierno— se convierten en un ruido blanco que aliena. La izquierda institucional, en su aspiración de ser seria y de gobierno, ha adoptado con frecuencia este léxico, olvidando que la política, antes que un asunto de ingeniería social, es una cuestión de narrativa compartida y promesas creíbles.

Esta brecha no es solo una cuestión de retórica; es también burocrática y regulatoria. El tejido productivo español está compuesto en un 99,8% por pymes y autónomos (DIRCE, INE, 2023), muchos de ellos en una situación de supervivencia precaria. Sin embargo, la lógica administrativa y fiscal —a menudo impulsada desde posiciones progresistas en nombre de una justicia formal— tiende a tratar con la misma brocha gorda a la frutería de barrio y al gigante tecnológico. El resultado es una asfixia administrativa que supone, de media, 200 horas anuales y 3.000 euros en trámites para un autónomo (ATA, Barómetro 2025). Una regulación diseñada para controlar al gran capital termina aplastando al pequeño, erosionando precisamente el tejido social que sostiene la vida económica local.

A esta distancia contribuye también un factor raramente nombrado en el debate público: la posición material de buena parte de quienes diseñan, ejecutan y evalúan políticas dentro del aparato administrativo. No como grupo ideológicamente homogéneo ni como grupo moralmente reprochable, sino como colectivo que disfruta de una seguridad estructural cada vez más excepcional en un mercado laboral marcado por la incertidumbre. Estabilidad contractual, ingresos previsibles, horarios protegidos y una relación mediada con el conflicto económico cotidiano generan, inevitablemente, una percepción distinta del riesgo. Cuando las políticas públicas se diseñan, ejecutan y evalúan mayoritariamente desde esa posición, existe el peligro de que la realidad social se traduzca en expedientes, indicadores y cuadros de mando, y no en biografías concretas. No por mala fe, sino por efecto de una cultura administrativa que premia el cumplimiento procedimental y la coherencia normativa por encima del impacto vivido en el barrio, en la persiana que baja o en la familia que no llega a fin de mes. Esta perspectiva filtrada por la seguridad estructural es el tamiz a través del cual se diseñan las políticas, y explica por qué una regulación, en teoría justa, puede terminar aplastando a la frutería de barrio con la misma brocha gorda con la que debía regular a Amazon.

Esta lógica genera dos nociones de éxito que operan en universos paralelos y rara vez se encuentran. Para el técnico de una consejería, el éxito puede ser que el 85% de los municipios hayan presentado su Plan de Vivienda antes de la fecha límite establecida en el BOE. Se trata de un logro cuantificable, verificable y administrativamente perfecto. Para el vecino que duerme en el sofá de su hermana, el éxito sería una llave en la mano. La primera noción de éxito es abstracta, procesual y se evalúa en informes. La segunda es visceral, material y se toca. El divorcio entre ambos es lo que convierte la gestión pública, a menudo, en una eficiencia fantasma: se cumple el expediente mientras se perpetúa el problema.

Tomemos el caso de un almacén de fruta y verdura con diez empleados. Cuando un decreto impone una subida salarial lineal —necesaria para combatir la inflación—, esa empresa no dispone de los márgenes ni de la ingeniería fiscal de una gran cadena de supermercados. Su dilema es brutal: o asume una pérdida que compromete su viabilidad, o reduce plantilla. Aquí no hay una contradicción entre justicia social y realidad económica, sino un desajuste de escala: políticas pensadas en términos macro que no se traducen adecuadamente en experiencias micro. La inteligencia política consistiría en acompañar estas medidas con incentivos fiscales escalonados, líneas de liquidez ágiles y simplificación administrativa para quien crea empleo estable. No distinguir entre la renta extractiva del oligopolio y la renta sudada de la pequeña empresa local supone ceder todo ese territorio político y vital a otros actores.

El filósofo Mark Fisher describió en Realismo capitalista la sensación de que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hoy, una parte de la izquierda parece atrapada en una variante de ese bloqueo: es más fácil imaginar un horizonte normativamente perfecto que articular políticas factibles que mejoren, aquí y ahora, las condiciones de vida de la gente. Este perfeccionismo genera un relato poblado de enemigos internos —el que no usa el lenguaje correcto, el que prioriza unas luchas sobre otras— y empobrecido de soluciones tangibles para problemas básicos.

En contextos de pérdida de hegemonía y debilidad material, los grupos políticos tienden a reforzar rituales de pureza interna como mecanismo defensivo. La antropología ha documentado ampliamente cómo, cuando un colectivo percibe amenazada su capacidad de transformar el mundo, desplaza su energía hacia el control de fronteras simbólicas internas. El problema es que esta lógica, comprensible como reacción, resulta políticamente letal cuando sustituye la acción material por la vigilancia discursiva. 

La escala de lo que está en juego no admite distracciones: el 10% más rico de España captura el 34,5% de la renta nacional mientras el 50% menos afortunado se reparte apenas el 21,1% (World Inequality Database, datos 2021), y España perdió en 2024 cerca de 9.400 millones de euros por elusión fiscal de grandes fortunas y multinacionales (Tax Justice Network, 2024). 

La paradoja se agudiza en la transición ecológica, un ámbito donde la izquierda debería ejercer una hegemonía indiscutible. Sin embargo, cuando el discurso se reduce a un catálogo de prohibiciones y costes individuales —sin una oferta pública, masiva y accesible de alternativas—, deja el terreno libre a un relato reaccionario que sí es concreto. Ecologismo de élite contra gente normal, repite la derecha, mientras para una familia trabajadora la transición justa no se traduce en informes de la OCDE, sino en la factura de la luz que sube mientras espera subvenciones que nunca llegan. La evidencia comparada muestra que las transiciones ecológicas solo generan consenso social cuando desplazan el coste desde el individuo hacia el Estado y los grandes emisores.

El resultado de esta brocha gorda es una desafección silenciosa pero profunda. Estudios en barrios tradicionalmente progresistas muestran un voto de frustración material: ciudadanos que comparten valores igualitarios, pero que, ante la falta de respuestas palpables a urgencias como el alquiler, la luz o la burocracia cotidiana, se abstienen o buscan refugio en opciones que al menos nombran esos problemas sin rodeos. La derecha populista opera aquí con una eficacia devastadora: identifica un malestar material concreto y lo reinterpreta mediante una apropiación estratégica del descontento, dirigiéndolo hacia un enemigo simple y emocional —el inmigrante, lo woke, la élite abstracta—. Sus soluciones son falsas, y sus programas económicos lo demuestran, pero su relato es nítido y reconocible.

Este primero de mayo, mientras desfilan las pancartas, convendría hacerse una pregunta incómoda: ¿a cuántas de las personas que trabajan en esa frutería de barrio, o llevan cuarenta y siete horas semanales como autónomos, o duermen en casa de sus padres a los treinta años, les interpela todavía ese desfile? No como reproche, sino como diagnóstico. 

Como ha señalado Nancy Fraser, la izquierda solo puede reconstruir su potencia política si logra articular las luchas por la redistribución económica y las luchas por el reconocimiento simbólico sin que una anule a la otra. Ningún proyecto emancipador puede sostenerse únicamente sobre la corrección cultural si no construye, al mismo tiempo, legitimidad material en la vida cotidiana de quienes dice representar. La izquierda no puede permitirse seguir pintando con brocha gorda. Mientras se debate la pureza del color, hay demasiada gente viviendo en casas que se caen a pedazos. El reto es volver a empuñar el pincel fino de lo concreto, antes de que el cuadro entero quede reducido a la caricatura que otros ya están pintando sobre él.