El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) exige a la Junta Electoral Central la inmediata anulación de la instrucción que permite cuestionar la capacidad de voto de las personas con discapacidad.
En un comunicado, CERMI Madrid se muestra en contra de esta instrucción que autoriza a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) a decidir sobre las condiciones de voto de una persona con discapacidad y que entra en contradicción con la reforma electoral de diciembre de 2018, texto que devuelve el derecho de voto a todas las personas con discapacidad.
La instrucción, elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el colectivo, debilita según CERMI Madrid “el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones”. Asimismo, señala el enfoque sesgado y lleno de prejuicios hacia las personas con discapacidad de la instrucción de la Junta.
Para CERMI Madrid, esto sitúa a las personas con discapacidad “en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera”.
Por ello, piden una revisión urgente de la instrucción “para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral”.
Un histórico simulacro de votación
El pasado 24 de febrero, gracias a Plena Inclusión Madrid, la Federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid, tuvo lugar un simulacro electoral para que las 100.000 personas con discapacidad intelectual y psicosocial censadas en España pudieran tener un primer contacto con las urnas antes de su estreno como votantes.
En el acto, que contó con la colaboración de la Comunidad de Madrid, participaron cerca de 300 personas, que acudieron hasta el IES Juan de la Cierva para depositar su voto, pero también para formar parte de los miembros de las mesas electorales.
Una jornada sin precedentes que sirvió para grandes aprendizajes, como que para poder votar no basta con llevar una fotocopia de tu Documento Nacional de Identidad, sino que hay que presentar el original, y de la que todos los asistentes pudieron llevarse a casa una Guía Práctica del Voto para las elecciones.
Con esta favorable experiencia, la noticia de la directriz de la Junta Electoral Central (JEC) que permitirá a interventores y apoderados de los partidos apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho a votar “de forma consciente, libre y voluntaria” ha sido todo un jarro de agua fría para también para Plena Inclusión España.
Desde Plena inclusión consideran que se trata de una medida arbitraria que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, al considerar solo la posible manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad, pero no la del resto de los votantes.
“El espíritu de la reforma de la LOREG es velar por el voto libre y consciente de cualquier persona y no de ningún colectivo”, apunta Enrique Galván, director de Plena inclusión España, quien también considera que este tipo de directrices son reflejo “del estigma y la discriminación que sigue operando en nuestra sociedad”.
En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, que considera que la resolución pone en cuestión el derecho al voto de las personas con discapacidad, un debate que a su juicio ya se había superado, y que lo hace “de una manera peligrosa, fomentando los prejuicios hacia un colectivo al que pone bajo la lupa y el análisis del resto de la sociedad y prejuzgando la calidad de su voto”.