El miércoles 27 de marzo, ocho meses después de su aprobación inicial, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde definitiva a la regulación para Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad, que ilegalizará el 95% de los pisos turísticos.
Con el objetivo de preservar el uso residencial del centro de la ciudad y evitar que el efecto ‘Airbnb’ se traslade al resto de distritos de la ciudad, se establecen unas nuevas condiciones para este tipo de viviendas, como la necesidad de que dispongan de un acceso independiente a la calle diferente del de los vecinos o de tener licencia para alquilar la vivienda más de 90 días al año.
Una medida impulsada por el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ha sido acogida de manera muy desigual por residentes, propietarios de viviendas de uso turístico y plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico.
Mientras los vecinos respiran un poco más tranquilos por este avance en el limbo legal de las VUT y las sitúan en la misma categoría que otros establecimientos como los hostales, desde Madrid Aloja -asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional- consideran que es “un plan de prohibición que se enmascara en una regulación” y que tienen intención de “seguir funcionando”.
En la misma línea de confrontación se ha mostrado la plataforma digital de alquiler vacacional Airbnb que, a través de una carta a la alcaldesa, Manuela Carmena, denuncia que esta normativa “eliminará la posibilidad de que miles de familias en Madrid puedan beneficiarse del turismo, poniendo en riesgo casi 800 millones de euros de impacto económico”.
Airbnb también considera que la regulación de las VUT “solo beneficiará a unas pocas grandes empresas, dejando a miles de familias y comunidades locales sin una fuente de ingresos clave” y pide a Carmena que elaboren de manera conjunta “una normativa de sentido común que beneficie a todos y no solo a unas pocas empresas”.
Otra entidad que también se ha posicionado en contra es Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que la considera como una severa y desproporcionada normativa “que generará inseguridad jurídica y litigiosidad entre plataformas, propietarios, anfitriones y huéspedes”.
Para José Luis Zimmermann, Director General de Adigital “es incuestionable que las plataformas digitales de alojamientos turísticos han favorecido el crecimiento de este sector en la ciudad” y que son “pilares imprescindibles para el desarrollo económico”.
Mario tiene un piso en Chueca y sabe bien las consecuencias que tienen las viviendas de uso turístico sin control en el vecindario. Tal y como explica al programa de televisión Cuatro al día, además de tener que soportar sus fiestas a diario, el ir y venir de las maletas destroza las zonas comunes y lastra las cuentas de la comunidad de propietarios.
Muchos dueños de VUT, como denuncia el ‘Comando Loctite’, utilizan además candados con contraseña en los que dejan las llaves de la casa, pero también del resto de zonas comunes, como el portal. Una costumbre que pone a disposición de cualquiera las llaves de muchas casas y genera inseguridad entre los vecinos.
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