Desahucio el mismo día que Maricarmen: una familia migrante será expulsada de Vallecas si no logra su mismo apoyo social

No viven en Retiro, sino en Vallecas. Tampoco nacieron en España, sino en Perú. Son menos conocidos, pero se enfrentan al mismo miedo: una expulsión inminente. Este miércoles, 24 de junio, estaba programado el tercer intento de desahucio para Maricarmen, una vecina de 87 años que resiste a los envites de un fondo. Tiene un contrato de renta antigua y su caso es ya un símbolo de la crisis de la vivienda: ha logrado movilizar a cientos de personas en favor de su causa, incluyendo a artistas, figuras públicas o la propia ONU. La presión ciudadana ha logrado paralizar su desalojo en varias ocasiones, incluyendo esta última, aunque desde el Sindicato de Inquilinas intuyen que los aplazamientos se deben a una estrategia de desgaste. Mientras tanto, al sureste de allí, una familia de migrantes se prepara para otro desahucio, previsto ese mismo día.

“Yo llegué solito a España. No conocía a nadie, me arriesgué y, gracias a dios, no me fue mal. Pero ahora dicen que soy un okupa”, revela Adolfo, vecino de Vallecas de origen peruano. En diciembre, se enteró de que el piso al que se mudó en 2017 con su familia tenía una deuda hipotecaria con Caixabank, que antes pertenecía a Bankia. Ese apartamento se lo alquiló a un hombre al que conoció en España, pero que también era de Perú. Este le trasladó que había tenido problemas con su mujer e iba a volver a su país, así que firmaron un contrato informal de arrendamiento, con papel y bolígrafo. Adolfo asegura no haber sabido nada de esta deuda hasta que recibió la notificación judicial, y desde entonces ha perdido el contacto con esta persona.

El miércoles a primera hora, una citación amaga con dejarles en la calle.El inmueble ha pasado a manos de Building Center, una filial inmobiliaria de Caixabank. Esta sociedad solicitó al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que mantuviera la orden de lanzamiento –nombre formal para los desahucios– después de que el inquilino presentara un recurso de reposición, en un intento de frenar la expulsión. Adolfo vive en ese piso, cerca del Metro en Nueva Numancia, con su hija y su nieto.

La primera tiene 27 años y acaba de quedarse sin trabajo. El más pequeño tiene 4 años, y el hecho de tener a un menor de edad en el domicilio familiar les había permitido hasta ahora alargar el proceso. Según el inquilino, solo viven de sus ingresos: hasta ahora ha trabajado como camarero, barman, charcutero, cuidador de personas mayores e incluso como empleado en una gestoría. También gana algo de dinero con la música, una afición que le llevó a conocer a su casero. “Incluso compartimos una breve amistad, pero ahora tengo que buscarme yo la vida”, lamenta en declaraciones a Somos Madrid.

Recursos limitados y falta de respuesta institucional

Diego Sanz, de la PAH Vallekcas (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito), advierte de una agenda repleta de desahucios para el próximo verano. “Hay varias fechas en julio y esperamos que la situación se prolongue hasta septiembre, con otro desalojo programado para el día 13”, resalta el portavoz de la PAH, que aquí refiere solo a su territorio aunque añade que los lanzamientos se están viendo en toda la ciudad, e incluso otros puntos de la región. El de Maricarmen ha sido uno de los más sonados, provocando marchas multitudinarias en su defensa: aunque de Adolfo también depende su familia, las opciones para rehacer tu vida a los 87 años son escasas o prácticamente nulas, como ocurre con la vecina de Retiro.

Ante la falta de respuestas efectivas desde las instituciones para resolver la crisis de la vivienda –que hoy exprime la mitad de su salario a miles de inquilinos–, las movilizaciones populares han ido surgiendo en reacción a las dificultades para acceder a un contrato de alquiler o hacerse con la propiedad de un piso. Sus recursos y la capacidad organizativa con la que cuentan es limitada, por lo que no todo intento de desahucio termina recibiendo la misma repercusión pública ni esta logra dar margen al afectado. No obstante, desde la PAH mencionan otros ejemplos recientes como Carabanchel o Rivas-Vaciamadrid, y avisan de que el mercadeo con la vivienda está replicando casos muy similares al de Maricarmen.

Sin ir más lejos, el caso de Adolfo forma parte de una disputa más amplia que mantienen con Obra Social la Caixa, de la fundación adscrita a Caixabank. A finales del año pasado, un grupo de inquilinos en viviendas promovidas por la entidad entre Ensache de Vallecas, Vicálvaro y Pinto presentó una demanda conjunta contra la entidad bancaria. La acusaron de incluir cláusulas abusivas en los contratos impulsados desde su fundación, y también de haber vendido esas casas a unos fondos de inversión: Farley ITG y Mosaic Propco. La primera de estas sociedades limitadas adquirió las que había en Pinto, mientras que la otra se hizo con los apartamentos de Vallecas y Vicálvaro.

Con el tiempo llegó una denuncia suscrita por decenas de familias, aunque las organizaciones de vivienda hablan de unos 500 afectados en total. “Hemos planteado una compra pública de este paquete de viviendas a través de Casa 47 [la nueva empresa pública estatal], pero el goteo de casos con antiguos alquileres sociales nos hizo tener que presentarnos en plena sede de Building Center”, explica Diego Sanz, de la PAH Vallekas. De aquellas conversaciones, siempre según su versión, salió “un compromiso por escrito” con Tecnotramit (otra empresa intermediaria) para estudiar los once casos presentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y valorar la negociación de alquileres sociales.

“Aunque queríamos un análisis de forma colectiva, solo accedieron a negociar uno a uno las condiciones en cada piso. Lo dejamos pasar, y luego nos encontramos con que dos de esos casos tienen fecha inminente para un posible desahucio”, revela. El primero será el de Adolfo, que espera un giro de última hora para que se revierta la situación; y el siguiente será el próximo martes, 30 de junio. Para este último caso aún no hay una orden directa de lanzamiento sino una cita para la entrega de llaves, informa la PAH. “Nosotros no tenemos adonde ir, ya se lo dije a la comisión judicial cuando vinieron la primera vez”, se teme de vuelta Adolfo, que reflexiona al otro lado del teléfono cuando quedan pocos días para que les obliguen a marcharse.

La última vez que lo intentaron, según refiere él mismo, decidieron darle 15 días más de plazo al ver que en esa casa convivían con un menor de edad, y que el dinero que gana Adolfo es con el que ahora se sostiene toda la familia. “Me hicieron una oferta para comprar el piso que no podía permitirme. Empecé a asesorarme con un abogado de oficio, y ya ahí descubrí que ellos consideran mi presencia en el piso como la de un okupa, ya que mi contrato está firmado en papel”, resume Adolfo, que afirma haberse presentado en distintas ocasiones en oficinas de Caixabank, sin llegar a ser atendido: “Todo parece habernos dado la espalda. Solo espero que, de aquí al miércoles, reunamos el apoyo necesario para frenar esto”.