El gobierno de Ahora Madrid quiere acabar con la “expulsión” de los habitantes de la almendra central de Madrid y con la progresiva sustitución de sus casas por viviendas para turistas. Así se lo comunicó este martes a más de 80 asociaciones vecinales, empresas hoteleras y de viviendas turísticas, en una mesa que convocó para presentarles las medidas que el Ayuntamiento va a tomar para frenar el efecto Airbnb que afecta a numerosos barrios de Madrid y en especial al distrito Centro.
La herramienta para hacerlo será un Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje, con el que se quiere utilizar la normativa de urbanismo de la ciudad (el PGOU) para poner orden el mercado de vivienda turística, que opera actualmente en la capital con más de 63.500 camas sin apenas controles por parte de ninguna administración. El plan dividirá Madrid en cuatro zonas, con distintos tipos de restricciones para la apertura de viviendas de uso turístico (VUT) y la transformación de edificios enteros en hoteles. En la zona más protegida, que corresponderá al distrito Centro, será casi imposible obtener una licencia de vivienda turística o apartamento fuera de los ejes principales (Gran Vía, Alcalá o Plaza Mayor), según datos a los que ha tenido acceso el periódico Somos Malasaña.
“Hablando claro, lo que planteamos es una ilegalización masiva de viviendas turísticas”, explicó a los asistentes a la mesa de forma tajante el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. La decisión se toma después de que el Ayuntamiento haya constatado que en zonas como el distrito Centro los turistas (población flotante que se aloja en hoteles y viviendar Airbnb) alcanza ya el 45,71% del total. Una turistificación del centro que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de vecinos.
Cuatro zonas y nuevas restricciones
Cuatro zonas y nuevas restricciones
Los detalles del plan, que todavía tiene categoría de borrador y que afecta exclusivamente a las zonas residenciales (no a los edificios de uso terciario), se conocerán cuando se presente de forma definitiva, algo que tendrá lugar muy probablemente en el mes de junio o a principios de julio. Sus líneas básicas pasan por establecer las cuatro zonas mencionadas: la primera coincide con los límites del distrito Centro, la segunda alcanza a casi todo Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca y Retiro y al barrio de Argüelles.
Sobre estas dos áreas se aplicarán las medidas más restrictivas y, aunque el plan es complejo, a grandes rasgos se prohibirá abrir cualquier tipo de vivienda turística en edificios residenciales, salvo en el caso de que cuente con acceso independiente desde la calle. Es decir, que la entrada a estos pisos turísticos no podrá estar en el portal, una circunstancia que no cumple casi ninguna de las miles de viviendas que actualmente operan en Airbnb y plataformas similares en Madrid.
Además, el plan también impedirá en estas zonas la transformación de edificios enteros de viviendas en alojamiento turístico de cualquier tipo (hoteles incluidos) en todas las calles salvo grandes ejes viarios como el Paseo del Prado, los bulevares o la calle Princesa.
En la zona 3 del plan, que abarca el resto de la almendra central (área que delimita la M-30) y zonas de Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Chamartín, también habrá restricciones aunque se permitirán viviendas de uso turístico en el 10% de la superficie residencial de cada edificio. En el resto del término municipal de Madrid se mantendrá la legislación vigente.
“El objetivo es que no se pierda ni un metro cuadrado más para usos residenciales en el distrito Centro”, apunta el concejal de esta zona, Jorge García Castaño, quien también manda un mensaje muy claro hacia los inversores que están acelerando el mercado inmobiliario en Madrid: “Con este plan transmitimos que si los inversores y fondos compran vivienda residencial, en ningún caso van a poder tener una licencia de uso turístico u hotelero”.
García Castaño también alertó sobre casos de “acoso inmobiliario” que están teniendo lugar en el distrito, en edificios como el ubicado en Argumosa 11. “Si llegamos a ese nivel de acoso, al Ayuntamiento le va a ser más fácil ejercer la disciplina urbanística y empezará por estos lugares”.
Dudas ante el plan: los 90 días y las inspecciones
Dudas ante el plan: los 90 días y las inspecciones
La capacidad para ejercer la disciplina urbanística y hacer cumplir este plan ha sido una de las dudas que los colectivos vecinales han puesto sobre la mesa al Ayuntamiento. La nueva normativa se basa en el decreto de la Comunidad de Madrid que en 2014 reguló las viviendas y los apartamentos turísticos, y que actualmente es el que está en vigor. Ese decreto fija en 90 días de ocupación el máximo anual para que la actividad de una VUT esté considerada dentro de la economía colaborativa. A partir del día 91 el Ayuntamiento exigirá licencia de actividad a todos estos inmuebles.
Las inquietudes vecinales vienen sobre todo por el desconocimiento de cómo se va a controlar que las viviendas no se alquilan más de 90 días al año a turistas. El Ayuntamiento no ha avanzado todavía los mecanismos exactos con los que lo hará, pero adelanta que dedicará más inspectores -en las calles y delante de ordenadores- a identificar a los infractores, sobre los que podría aplicar sanciones e incluso decretar el fin de la actividad.
Además de las opiniones vecinales, en la mesa sobre turistificación se oyeron voces favorables y contrarias al plan. Las más beligerantes fueron las de diferentes asociaciones de empresarios de vivienda turística y, entre los partidos políticos -participaban todos los grupos con representación municipal- el PP calificó de “error” la normativa y aventuró que no vería la luz en esta legislatura. El Ayuntamiento, con cierta ironía, pidió ayuda al grupo popular para activar las inspecciones sancionadoras en la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias sobre turismo y que -como publicó Somos Malasaña- es incapaz de multar buhardillas sin cédula de habitabilidad que se alquilan en las plataformas.
El equipo de gobierno confía en aprobar este plan especial en el mes de junio y, después del periodo de alegaciones y de evaluación ambiental, que entre en vigor antes de finales de año. A partir de ese momento se levantaría la suspensión de concesión de licencias turísticas y las empresas podrían empezar a solicitarlas con las restricciones de la nueva normativa. Mientras tanto, los vecinos piden al Ayuntamiento que siga denunciando viviendas turísticas que se saltan la legalidad, como en el caso de los 63 expedientes abiertos en el distrito Centro.
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