Las obras de la Comunidad de Madrid en Conde de Casal llevan al límite a sus vecinos: “No queremos una desgracia”
Son las cinco de la madrugada. Un estruendo sacude el número 50 de la avenida del Mediterráneo y despierta a Julio Rodríguez, uno de los vecinos del edificio. No es la primera vez. Sale al balcón de su piso, en el que vive con su madre de 94 años, y comprueba que las máquinas continúan trabajando junto a su vivienda. Llama a la Policía Municipal para denunciar el ruido. Al otro lado del teléfono le responden que ya han recibido más avisos de otros vecinos y que enviarán una patrulla. La escena, asegura, se repite con demasiada frecuencia desde que comenzaron las obras de ampliación de la línea 11 de Metro y la construcción del futuro intercambiador de Conde de Casal.
La transformación de este enclave, situado entre la avenida del Mediterráneo y la calle Doctor Esquerdo y que sirve de frontera entre los barrios de Pacífico y Adelfas, en el distrito de Retiro, ha convertido la plaza de Conde de Casal en uno de los mayores frentes de obra de la capital. El proyecto persigue tres grandes objetivos: prolongar la L11 de Metro y conectarla con la L6, construir un nuevo intercambiador de transportes con más de 20 líneas de autobuses y habilitar un centro comercial subterráneo. El precio a pagar es alto: mientras avanzan los trabajos, los vecinos aseguran convivir desde hace meses con ruido, polvo, vibraciones, cambios constantes en la movilidad y una creciente sensación de incertidumbre.
“Al principio nuestra principal preocupación eran los ruidos y los horarios de trabajo”, explica Julio Rodríguez, uno de los vecinos afectados. Recuerda que desde la Consejería de Transportes se anunció que las labores nocturnas se limitarían, pero sostiene que ese compromiso nunca llegó a cumplirse. “Aquí han trabajado durante muchas noches, incluidos festivos. El 1 y el 2 de mayo estuvieron trabajando y el día 3 incluso se produjo un escape de gas. Lo peor es que los vecinos no recibimos ninguna información”, relata. Según explica, aquel día el hotel situado junto a la obra fue avisado para que cerrara todas sus ventanas, mientras que quienes viven en los edificios colindantes desconocían por completo qué estaba ocurriendo.
La falta de transparencia por parte de la Comunidad de Madrid, de quien depende el proyecto, y el Ayuntamiento, que gestiona la movilidad, se ha convertido, precisamente, en una de las principales reclamaciones del vecindario. María Ángeles Rodríguez, presidenta de la Asociación Vecinal Retiro Norte, denuncia que los cambios se suceden sin previo aviso. “Un día cortan una calle, otro modifican el tráfico o instalan nuevas vallas, pero nunca informan con antelación a los vecinos”, resume. Esa sensación de improvisación, afirma, alimenta la inquietud de quienes conviven a escasos metros de las excavadoras y descubren cada mañana un nuevo escenario al salir de casa.
Los cambios en la movilidad son otra de las consecuencias más visibles de la actuación. Hasta principios de mayo todavía circulaban vehículos por el túnel de Conde de Casal, pero el tráfico se reorganizó prácticamente de un día para otro y buena parte de los carriles pasaron a la superficie. “De la noche a la mañana tenemos una auténtica autopista pegada a nuestras casas”, lamentan los residentes. Aseguran que se enteraron a través de la prensa del cierre, que se prolongará hasta febrero de 2027.
A ello se suman calles cortadas, aceras ocupadas por vallas y accesos mucho más estrechos de lo habitual. Los vecinos sostienen que esa nueva configuración dificulta incluso la entrada de los servicios de emergencia. Como ejemplo, recuerdan el caso de un paciente que vive en el número 58 que tuvo que ser trasladado en camilla hasta la ambulancia porque el vehículo sanitario no pudo llegar hasta el portal debido a la disposición de las obras. “No queremos esperar a que ocurra una desgracia”, advierte Julio.
A medida que la demolición del antiguo túnel ha ido avanzando, también lo ha hecho la preocupación de quienes viven en el entorno. Los residentes describen vibraciones constantes en los edificios, grandes bloques de hormigón cayendo durante los trabajos de demolición y una sensación permanente de riesgo. Hace apenas unos días, los vecinos del número 8 de la plaza de Conde de Casal llamaron al 112 al notar cómo temblaba el inmueble. Los bomberos acudieron para revisar posibles grietas. “La primera vez que fuimos a ese edificio, su presidente no quería saber nada del asunto. Pero cuando comenzaron las vibraciones y tuvieron que llamar a los bomberos, su postura cambió completamente”, recuerda la presidenta de la asociación vecinal.
Las grietas inquietan al vecindario
Las grietas son, probablemente, el símbolo más visible de la preocupación vecinal. En distintos edificios han comenzado a aparecer fisuras que sus propietarios relacionan con las vibraciones derivadas de la obra. A ello se suma la caída, hace unos meses, de cascotes de la fachada del número 175 de la calle del Doctor Esquerdo. Afortunadamente, no hubo heridos, pero la propia comunidad de vecinos ha tenido que costear la instalación de una malla verde que recubre todo el edificio por precaución, ya que el Gobierno regional no ha respondido ante la petición de los residentes, que aseguran que el inmueble pasó una Inspección Técnica del Edficio (ITE) favorable el año pasado.
Los vecinos aseguran que antes del inicio de las obras se llevaron a cabo mediciones en los edificios y que semanas después se efectuó una segunda inspección, incluso con técnicos que accedieron a algunas viviendas descolgándose por las fachadas. Sin embargo, denuncian que esos informes nunca les han sido entregados. “Si realmente consideran que las grietas no tienen importancia, que lo demuestren con inspecciones e informes. Lo que genera desconfianza es que directamente nieguen el problema sin comprobarlo”, sostiene el portavoz vecinal.
La Comunidad de Madrid rechaza esa versión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras asegura que “no tiene constancia de incidencias estructurales atribuibles directamente a las obras ni de afecciones que comprometan la seguridad de los edificios del entorno”. Asimismo, sostiene que los trabajos “se ejecutan conforme a la normativa vigente y bajo seguimiento técnico permanente para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los trabajadores y usuarios”.
El departamento que dirige Jorge Rodrigo defiende además que el desarrollo de las obras responde a “una planificación técnica rigurosa”, diseñada para reducir los plazos de ejecución y minimizar las molestias. Según la Consejería, el uso de soluciones de construcción industrializada ha permitido acortar en más de siete meses el calendario inicialmente previsto para una infraestructura que considera estratégica tanto para la ampliación de la Línea 11 como para recuperar la normalidad en el corredor de la A-3.
Más allá de las viviendas, la preocupación también se extiende al tejido comercial del barrio. Los vecinos aseguran que varios negocios ya han bajado la persiana desde el inicio de las obras y temen que la situación empeore cuando el nuevo intercambiador entre en funcionamiento. Su principal inquietud es que los viajeros procedentes de los municipios de la Carretera de Valencia accedan directamente desde los autobuses al metro a través del recinto subterráneo, donde está prevista la implantación de locales comerciales. “Toda esa gente dejará de pasar por la superficie. Ya no subirán a comprar el periódico, echar la quiniela o tomar un café”, lamenta Rodríguez, convencido de que muchos pequeños comercios perderán buena parte de su clientela habitual.
Ante este escenario, los residentes han comenzado a organizarse. Han creado una asociación de afectados, un grupo de WhatsApp para compartir incidencias y estudian acudir tanto al Defensor del Pueblo como a la Inspección de Trabajo para reclamar más información y una interlocución directa con la empresa constructora. “Nuestra intención no es paralizar la obra. Sabemos que una infraestructura de este tipo genera molestias y entendemos que hay que hacerla. Lo que pedimos es que se ejecute con garantías, respetando el descanso de los vecinos, informando de cada actuación y adoptando todas las medidas de seguridad necesarias”, resume Julio. Porque, insiste, el problema no es únicamente convivir con una obra de grandes dimensiones, sino hacerlo sin saber qué ocurrirá mañana ni cuánto tiempo más se prolongará una situación que, aseguran, ha cambiado por completo su día a día.