Piscinas municipales sin seguridad en Madrid por el colapso de la adjudicataria: “Ha habido amenazas de muerte”
El pasado 15 de mayo, como ya viene siendo tradición desde hace varios años, arrancó la temporada de verano en las piscinas municipales de Madrid. Desde los primeros días de apertura los trabajadores de las instalaciones de Usera, Villaverde y Moratalaz comenzaron a advertir una anomalía que pronto dejó de parecer algo puntual: los vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento no estaban acudiendo a sus puestos.
Los primeros días faltaban efectivos en algunos turnos. Si normalmente había dos, en esos momentos solo se presentaba uno. Pero a finales de mayo, de un día para otro, dejaron de presentarse todos a sus puestos de trabajo. Debido a la ausencia de seguridad, los trabajadores de las piscinas municipales de Orcasitas y de Plata y Castañar se vieron obligados a afrontar por su cuenta los incidentes que se producían con los usuarios, desde los incumplimientos de las normas básicas hasta situaciones de violencia que acabaron en agresión.
Todo cobró sentido cuando los trabajadores, a través de la prensa, tuvieron conocimiento de que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, Security Services Kuo S.L., había solicitado el concurso voluntario de acreedores. Según el auto dictado el pasado 11 de junio por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía reconocía una situación de insolvencia actual, con un activo valorado en 4,58 millones de euros frente a un pasivo superior a los 13,3 millones, abriéndose directamente la fase de liquidación.
La declaración de concurso vino a confirmar lo que los trabajadores ya llevaban semanas sospechando: la empresa había dejado de prestar el servicio. Para ese momento, desde la plantilla de las piscinas municipales afectadas ya se habían puesto en contacto con delegados sindicales y representantes del comité de empresa advirtiendo de la situación. “Ahí fue cuando empezamos a investigar lo que estaba pasando”, explica Eulalio Fernández, secretario del sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en el Servicio Municipal de Deportes.
Después de visitar personalmente los centros deportivos afectados, los representantes sindicales comprobaron que la ausencia de vigilancia era una realidad. La problemática se concentraba principalmente en Usera y Villaverde, donde operaba Security Services Kuo S.L., aunque en Moratalaz, con otra empresa de seguridad al mando, comenzó a producirse una situación semejante.
La preocupación entre las plantillas iba en aumento. En la piscina de Orcasitas, por ejemplo, estaba previsto que trabajaran cuatro vigilantes diarios, dos en el turno de mañana y otros dos durante la tarde. De cuatro pasó a cero y los propios trabajadores tuvieron que empezar a hacer frente a los altercados. El comité de empresa, a través de las Juntas de Distrito de Villaverde y Usera, expuso la problemática al Ayuntamiento de la capital y les informaron de que estaban iniciando expedientes sancionadores por los reiterados incumplimiento con el objetivo de reunir las causas necesarias para resolver los contratos.
Sin embargo, la situación administrativa de la empresa complicaba cualquier solución inmediata. El Ayuntamiento inició a finales de junio y principios de julio los procedimientos para resolver los contratos de vigilancia correspondientes a los distritos de Villaverde y Usera por incumplimiento contractual. Pero para entonces la adjudicataria ya se encontraba inmersa en el procedimiento concursal, mientras que las piscinas llevaban en funcionamiento casi dos meses con los trabajadores inmersos en una situación de desprotección total.
Para María Caso, concejala del Grupo Municipal Socialista y portavoz adjunta de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, lo ocurrido no constituye un episodio aislado, sino la consecuencia de “un modelo de contratación basado principalmente en el precio”. La edil recuerda en conversación con Somos Madrid que la empresa resultó adjudicataria de distintos contratos municipales por presentar las ofertas económicas más bajas y señala incluso un expediente en el que la Mesa de Contratación apreció una posible baja anormal por encontrarse muy por debajo del resto de licitadores. Pese a ello, después de justificar la viabilidad de su oferta, acabó obteniendo igualmente la adjudicación.
“La empresa dejó de responder desde el primer día de la temporada. Tenían contratado un determinado número de vigilantes, especialmente en distritos como Usera y Villaverde, y simplemente no aparecían”, sostiene Caso. A su juicio, el problema trasciende el incumplimiento empresarial y pone de manifiesto las debilidades de un sistema en el que “el único criterio que acaba pesando es quién presta el servicio por menos dinero”, una circunstancia que, afirma, termina traduciéndose en precariedad e incumplimientos.
Mientras la situación contractual continúa deteriorándose, la ausencia del servicio se nota a diario en las piscinas. Los trabajadores municipales, encargados de hacer cumplir las normas de uso y atender a los usuarios, han empezado a asumir funciones para las que, denuncian, no disponen de medios suficientes ni de la protección necesaria. El conflicto ha dejado de ser exclusivamente administrativo para convertirse en una cuestión de seguridad laboral que ha llevado al propio Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a reclamar una intervención urgente antes de que, advierten, “pueda producirse una desgracia”.
Amenazas de muerte y agresiones a los trabajadores
Según denuncian los representantes laborales, la ausencia de seguridad en las piscinas ha terminado afectando de lleno a los trabajadores, que ya han víctimas de amenazas y agresiones físicas. José María Cano, representante de UGT en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, explica que la conflictividad habitual de algunas piscinas durante la campaña de verano ha ido escalando sin que exista un dispositivo preventivo suficiente para proteger a la plantilla. “Las agresiones han pasado de ser verbales a físicas. Ha habido amenazas de muerte. Los trabajadores tienen la sensación de que, mientras no ocurra algo realmente grave, nadie va a tomar medidas”, lamenta.
Cano relata que en la piscina municipal de Moratalaz, una socorrista fue presuntamente agarrada por el cuello durante un altercado con un usuario. En las instalaciones de Orcasitas, a un encargado “le dijeron que le iban a pegar un tiro en la cabeza”. Algunos de estos episodios han terminado incluso en juicios rápidos celebrados en los juzgados de Plaza de Castilla, asegura el representante de los trabajadores.
La preocupación no se limita únicamente a las agresiones consumadas. Desde UGT sostienen que muchos empleados afrontan cada jornada con incertidumbre, especialmente en aquellas instalaciones donde la presencia de vigilantes era habitual hasta esta temporada. “Los trabajadores no pueden ir a trabajar con miedo y frustración, sin saber siquiera si van a volver a casa”, insiste Cano.
Esa misma preocupación llevó al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a aprobar el pasado 1 de julio una resolución extraordinaria en la que denuncia la situación de “inseguridad, conflictividad, amenazas, agresiones y exposición a conductas violentas o intimidatorias” que, asegura, vienen soportando trabajadores de distintas piscinas e instalaciones deportivas municipales desde el inicio de la campaña estival. El documento advierte de que la ausencia de medios de apoyo está obligando a numerosos empleados públicos a intervenir en conflictos que “exceden claramente de sus funciones ordinarias” y alerta de que esa exposición continuada ya está teniendo consecuencias sobre la salud laboral de la plantilla, con casos de estrés, ansiedad y miedo a acudir al puesto de trabajo.
Para el comité, el problema no puede abordarse como una sucesión de incidentes aislados, sino como un riesgo laboral que requiere una respuesta inmediata. Por ello reclama al Ayuntamiento un refuerzo efectivo de la vigilancia en aquellas instalaciones con mayor conflictividad, una evaluación específica de los riesgos derivados de la violencia externa, la revisión de los protocolos de actuación y una estrategia preventiva que evite que la intervención policial sea el único recurso disponible cuando la situación ya se ha descontrolado.
En esa misma línea se expresa Eulalio Fernández, quien asegura que las reuniones mantenidas con responsables de las juntas municipales han servido para constatar que el problema existe, pero no para ofrecer una solución inmediata.“Nos dijeron que estaban estudiando la situación y que iban a abrir expedientes sancionadores por los incumplimientos de la empresa, pero nosotros les trasladamos que lo urgente era proteger a los trabajadores”, explica. Según Fernández, desde los distritos también les comunicaron que se estaba intentando coordinar un mayor número de patrullas de la Policía Municipal en el entorno de las piscinas, aunque insiste en que esa medida resulta insuficiente. “Lo que necesitamos es prevención. La Policía interviene cuando la agresión ya se ha producido, nosotros lo que queremos es evitar que llegue a ocurrir.”
La solución no llegará este verano
En Villaverde, Orlando Chacón, el concejal presidente del distrito, acordó el pasado 30 de junio iniciar el procedimiento para resolver el contrato de vigilancia y seguridad adjudicado a Security Services Kuo S.L. por incumplimiento de sus obligaciones, una causa prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Apenas unos días después, el 3 de julio, la Junta Municipal de Usera adoptó una decisión similar respecto al contrato que mantenía con la misma empresa.
No obstante, para entonces ya había pasado casi un mes desde que la empresa adjudicataria había hecho pública su situación económica. Los problemas económicos de la compañía no eran completamente desconocidos. Desde 2021 se habían publicado distintas incidencias relacionadas con procedimientos administrativos y reclamaciones por impagos, mientras que informes de solvencia empresarial advertían de un riesgo elevado de incumplimiento frente a otras compañías del sector. Pese a ello, Security Services Kuo continuó obteniendo adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid y de otros organismos públicos.
La edil María Caso considera que la situación actual pone de manifiesto las consecuencias de ese sistema cuando la empresa adjudicataria deja de cumplir sus obligaciones. “No solo se ha externalizado un servicio esencial, sino que cuando esa empresa incumple no existe un plan alternativo para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”, afirma.
Ese es precisamente uno de los principales reproches que también plantea el Comité de Empresa. En la resolución aprobada el pasado 1 de julio, los representantes de los trabajadores reclaman al Ayuntamiento que aborde el problema desde una perspectiva preventiva y estructural y no únicamente mediante actuaciones reactivas una vez que ya se ha producido una agresión o un incidente grave.
Sin embargo, las conversaciones mantenidas entre los sindicatos y las juntas municipales apuntan a que esas soluciones difícilmente podrán implantarse durante la presente campaña de verano. Según explican tanto José María Cano como Eulalio Fernández, los responsables municipales les trasladaron que la resolución de los contratos no implica la incorporación automática de una nueva empresa, ya que será necesario tramitar un nuevo procedimiento de licitación, un proceso que requiere varios meses.
Con buena parte del verano todavía por delante, sindicatos y oposición reclaman al Ayuntamiento un plan de choque que permita proteger a la plantilla mientras se resuelve definitivamente la situación contractual de la empresa adjudicataria.
La situación se debatirá este martes en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Será a través de una pregunta formulada por la concejala socialista María Caso, quien pedirá a la encargada de la gestión de centros deportivos municipales e instalaciones, Sonia Cea, que valore “la afectación que tiene el concurso de acreedores de la empresa Security Services Kuo S.L. sobre el servicio que presta en las piscinas municipales de verano”.