Una sentencia fuerza al Gobierno de Ayuso a recuperar lo que dejó de gastar en inversión contra los incendios
La Justicia ha anulado de forma definitiva una decisión del Gobierno de Ayuso que le enfrentó con parte de su Cuerpo de Bomberos. Un sindicato y varios trabajadores denunciaron que estaba intentando destinar a otros fines el dinero presupuestado en inversiones para prevención y extinción de incendios, lo que se tradujo en una demanda judicial y una sentencia que ha sido declarada firme justo antes del verano.
El camino judicial partió de una resolución del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en marzo del año 2024, cuando se negó a convertir de forma directa en inversiones reales todo el importe recaudado mediante una contribución especial que solo podía usarse para esta partida, alegando que los presupuestos regionales permitían “encuadrar en la base imponible otro tipo de actuaciones además de las previstas”. Los bomberos acudieron entonces al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reclamaron, además, las cantidades que consideraban que la Comunidad de Madrid había dejado de destinar también entre los años 2019 y 2023, que cifraron en 37,8 millones de euros, la tercera parte del total.
El fallo del TSJM, al que ha tenido acceso este periódico, obliga a la Comunidad de Madrid a destinar la recaudación “única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos”, y no a gastos corrientes del servicio. La sentencia, emitida por el TSJM el pasado mes de noviembre, se convirtió en firme en junio después de que la Comunidad de Madrid no recurriera el auto, informa Newtral. En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, dictamina “la obligación de la Comunidad de Madrid de destinar” a estas partidas “las cantidades no aplicadas a tal finalidad en los ejercicios 2019 a 2023, ambos inclusive”, aunque no cifra cuáles son esas cantidades. Según los denunciantes, el Gobierno regional recaudó durante este periodo 57.700.946,81 euros por la contribución especial, pero solo empleó 19.870.730 euros en inversiones para la prevención de los incendios. De ahí salen los 37,8 millones antes citados.
La Sala recuerda que las contribuciones especiales —en este caso se cobra a las aseguradoras— no están diseñadas para sufragar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, sino para su creación, ampliación o modernización, lo que incluye la adquisición de material, vehículos (solo compras, no renting), infraestructuras o equipos de protección. Los demandantes eran funcionarios de carrera del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Madrid y recurrieron a la Justicia porque entendían que estas inversiones que se dejaron de ejecutar iban a redundar tanto en beneficio de sus condiciones laborales como en la mejora de la seguridad de la ciudadanía en general, así como para el desempeño de los servicios propios de los bomberos.
El Gobierno de Ayuso confirma a este periódico que ya está destinando a medios materiales e infraestructuras la contribución especial en la entidad que agrupa a las aseguradoras de la región (UNESPA). Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior aclaran a este periódico que la sentencia “no ha entrado a valorar que haya falta de inversión” y aseguran que “no existe ninguna diferencia entre lo recaudado y destinado por la Comunidad de Madrid a este servicio”.
Según su parecer, “los 38 millones que señala el sindicato, indicando que es lo que se recauda para los profesionales y no se invierte, es una cifra que han estimado y que no contempla las inversiones en medios materiales y nuevos medios de incorporación de vehículos como el renting que se ha utilizado durante estos años”. También añaden las mismas fuentes que “la Comunidad de Madrid no ha sido condenada”. El TSJM, no obstante, le impuso el pago de las costas judiciales del proceso, que limitó a 2.000 euros.
Un cuerpo regional pagado por los municipios y las aseguradoras
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está formado por 1.680 efectivos, según la página web del Gobierno regional, distribuidos en 22 parques que atienden las emergencias que se produzcan en cualquier municipio de la región, salvo en Madrid capital, que dispone de su propio servicio. Alcorcón también posee su propio cuerpo, que se integrará en el año 2027 en el servicio regional, al igual que sucedió recientemente con los de Fuenlabrada. “Ahora mismo dispone de la mayor plantilla de su historia”, apuntan desde la Consejería, “con la integración de cuerpos de bomberos municipales cuyos ayuntamientos han confiado su servicio a la Comunidad de Madrid por la mejora de sus capacidades de intervención y cobertura en todo tipo de emergencias”.
Todos los municipios de la región que reciben este servicio y que cuentan con más de 20.000 habitantes contribuyen mediante el abono de una tasa a la Comunidad de Madrid, que se calcula en función de su número de habitantes. En los presupuestos del año 2026, el Gobierno de Ayuso preveía ingresar 74,3 millones por esta partida. No es la única que se abona para la prevención de incendios: las aseguradoras también pagan una contribución especial por el servicio de extinción de incendios, que este año asciende a 16,4 millones de euros. Esa es la cantidad que tiene que dedicarse de forma íntegra a inversión este ejercicio, a la vista de la reciente sentencia.
La Comunidad de Madrid preveía en sus presupuestos para este año invertir 29,16 millones dentro del programa de ASEM112, según los documentos consultados por Somos Madrid, aunque no detalla si todo será dedicado a infraestructuras y equipos destinados a frenar el fuego.
A mediados de julio, poco antes de que se desataran los incendios que acabaron arrasando los bosques de la Sierra Oeste, en el fuego más grave sufrido por la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno autorizó una inversión de 38,7 millones de euros para adquirir 36 nuevos vehículos de bomba rural pesada, para renovar de forma progresiva la actual flota. Según aseguró en una nota de prensa la Consejería de Medio Ambiente, estos nuevos vehículos contarán con mejores prestaciones técnicas, en los sistemas de suspensión, además de contar con nuevas herramientas combinadas de corte y separación. Dichos dispositivos participan en todas las emergencias, por su capacidad de ofrecer una primera respuesta ante cualquier tipo de incidencia. Sin embargo, estas mejoras tardarán en llegar: los vehículos incluidos en este contrato, todavía en licitación, no se entregarán hasta dentro de tres años.