Cómo se organizan los colectivos antiracistas y los barrios por la regularización de personas migrantes
“Somos personas que acompañan desde el respeto, el cuidado y la justicia racial”. Así comienza el decálogo de cuidados antirracistas que están manejando los voluntarios de los distintos nodos de la Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid mientras ayudan a las personas susceptibles de optar a la regularización extraordinaria para personas migrantes en marcha. La fecha límite expira el próximo 30 de junio.
La medida, recordemos, fue anunciada como un acuerdo entre el gobierno y el grupo parlamentario de Podemos y su impulso corresponde a la plataforma Regularización Ya, que puso en pie una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 800.000 firmas.
“Nos hemos organizado por distritos para acompañar el proceso a través de más de 30 puntos de información y acompañamiento en la Comunidad de Madrid”, explican desde la propia Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid.
La asamblea está conformada por más de 60 colectivas migrantes y antirracistas, centros sociales, sindicatos, cooperativas, asambleas populares, organizaciones vecinales, grupos de madres y padres de familia, periodistas, abogados, negocios, redes de apoyo a personas migrantes u organizaciones no gubernamentales.
“Nos hemos encontrado con dificultades por tener que hacerla contrarreloj, dado que el 30 de junio finaliza este periodo extraordinario y que su inicio ha estado marcado por una falta de previsión que ha condicionado la puesta en marcha de algunas entidades y colectivos”, plantean. El suyo es un trabajo que, recuerdan, debería estar garantizado por las Administraciones Públicas“.
Pero el trabajo se ha llevado a cabo en equipo y de manera descentralizada. “La asamblea antirracista de Madrid pidió a activistas que se organizaran por barrios para poder ofrecer acompañamiento gratuito a todas las personas interesadas y que nadie se quedara fuera de la regularización”, explican desde el nodo de Tetuán, que ha elaborado una completísima guía de puntos de información que aparecen listados al final del texto (y cuyo mapa ilustra este artículo).
Para que se pudiera llevar a cabo el trabajo de los nodos, desde la Asamblea Antirracista de Madrid han organizado una formación sobre la regularización y elaborado una guía de acompañamiento que va perfeccionándose a medida que los voluntarios van detectando necesidades que incluir en la misma.
“Nos hemos coordinado para abrir puntos de información en horarios de tarde y fin de semana con la intención de complementar la labor de las entidades colaboradoras del barrio que abren sólo en horario laboral”, explican desde Tetuán. Allí, existen cuatro puntos de información: el CSOA La Enredadera. Espacio Bellas Vistas, Lorenzana Espacios Comunes y Circulo Tetuan (Podemos), que están en permanente comunicación.
“En los puntos, lo más importante es dar la información ordenada porque hay mucha desinformación, revisar la documentación necesaria y ordenarla de manera que cubra los requisitos de la regularización. Y, cuando se necesita algún documento o trámite extra, realizar la derivación oportuna a entidades colaboradoras amigas, al servicio jurídico de la asamblea o a traductores jurados que han ofrecido sus servicios de manera gratuita o precio muy reducido para las personas que deban traducir sus documentos. Desde los puntos de información se acompaña también en la obtención de citas para entregar el expediente, aclarar cuándo y cómo se pagan las tasas, y acerca del proceso que viene después de entregar el expediente, así como para la renovación posterior”, detallan desde el nodo del distrito.
La red es tupida porque no emerge de la nada. Varias de las organizaciones participantes han sido parte activa en la demanda por la Regularización Extraordinaria desde 2020 y militan en la regularización como parte de una agenda política más amplia.
El Real Decreto de regularización se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 16 de abril. Está dirigido a personas que se encuentran en nuestro país desde antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Seguramente, los activistas tendrían muchas cosas que decir a propósito de cómo se está desarrollando el proceso, pero priorizan una petición: “que se difundan los recursos para que nadie se quede fuera”.