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Los sobresueldos a funcionarios de la Junta de Castilla y León llegan a la Fiscalía Anticorrupción
Lo que era una denuncia pública se ha convertido en judicial. La investigación ya no será política, sino que serán los tribunales los que deban investigar el denominado ‘caso de las bufandas’. Esto es, un dinero que recibe un “grupo selecto” de funcionarios de la Junta de Castilla y León. Son gratificaciones. Ayudas. Ahora bien, se desconocen los motivos, salvo que se otorgan por funciones que se realizan fuera de su horario de trabajo.
Si hace unas semanas, el PSOE se unía a la Junta de Personal de Servicios Centrales del Gobierno de Castilla y León para denunciar públicamente, y políticamente, este “chanchullo más” –tal y como dijo el procurador socialista Pedro González-, ahora es el colectivo que reúne a cinco sindicatos –CSIF, CGT, CC OO, UGT Y USAF- el que ha llevado, de forma unánime, este caso a la Fiscalía Anticorrupción.
En el escrito, firmado por el presidente de la Junta de Personal, Marcial Barba, se denuncia el pago de supuestos “sobresueldos” a trabajadores públicos, para lo que se utiliza el argumento de “gratificaciones extraordinarias por tareas fuera de su horario de trabajo”. Es decir, lo que ya se conoce en medios periodísticos y políticos como 'bufandas'.
La denuncia describe como en diversas consejerías de la Junta de Castilla y León se repartieron “sobresueldos” de “forma sistemática”, un dinero que se considera como “una cantidad fija”, entregado a un “selectivo y determinado” número de trabajadores públicos “sin que se cumpla el motivo legal que los justifique”. Esto vulneraría, según el escrito de denuncia, la normativa vigente, con un “evidente perjuicio para las arcas públicas”.
La Junta de Personal de la Junta de Castilla y León también cree que estas ‘bufandas’ podrían ser constitutivos de un delito contra la administración pública, porque el “carácter continuado” y el dinero entregado al ‘grupo selecto’ de empleados públicos “hacen especialmente graves” los pagos. Por todo ello, reclama la “intervención inmediata” de la Fiscalía de Anticorrupción.
La Junta de Personal también hace referencia al silencio impuesto desde el Gobierno de Castilla y León, ya que se niega el “acceso a la documentación con el pretexto de que se trata de información secreta”.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dijo en un pleno de las Cortes regionales que el listado de los trabajadores públicos beneficiados es “secreto”, una declaración que “no supone opacidad y es compatible con el principio de transparencia”.
Hace unas semanas, el procurador del PSOE, Pedro González, denunció que que habría en torno a 400 beneficiarios, entre los que habría “secretarias y conductores” y, además, alguien en concreto quien pese a estar de baja por maternidad “también las cobró”. Y que todos ellos habrían cobrado, “de forma periódica, permanente y regular” una cantidad que ronda los 42.000 euros, “lo que supondrían seis millones de euros en los tres últimos años”.
“No quieren que se conozca un chanchullo más, un dinero regalado a un grupo selecto de empleados públicos”, denunció Pedro González. Y mientras tanto, el listado sigue siendo secreto y algunos empleados públicos siguen recibiendo ‘bufandas’. Aunque ahora, la Justicia puede obligar a conocer esos nombres.
Lo que era una denuncia pública se ha convertido en judicial. La investigación ya no será política, sino que serán los tribunales los que deban investigar el denominado ‘caso de las bufandas’. Esto es, un dinero que recibe un “grupo selecto” de funcionarios de la Junta de Castilla y León. Son gratificaciones. Ayudas. Ahora bien, se desconocen los motivos, salvo que se otorgan por funciones que se realizan fuera de su horario de trabajo.
Si hace unas semanas, el PSOE se unía a la Junta de Personal de Servicios Centrales del Gobierno de Castilla y León para denunciar públicamente, y políticamente, este “chanchullo más” –tal y como dijo el procurador socialista Pedro González-, ahora es el colectivo que reúne a cinco sindicatos –CSIF, CGT, CC OO, UGT Y USAF- el que ha llevado, de forma unánime, este caso a la Fiscalía Anticorrupción.