Una veintena larga de entidades del entramado social de la Región de Murcia ha expresado su hartazgo frente a las tropelías de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un manifiesto dirigido al organismo que la encuadra, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Un texto muy crítico que destaca, esencialmente, la falta de transparencia de este organismo estatal que, lejos de mostrarse accesible al ciudadano, como sería su obligación, despliega por sistema, ante éste y sus cuitas, una variada gama de trabas, escapatorias y silencios, todo ello en contradicción con la legislación vigente y en la más tranquila impunidad. En esta protesta se resalta cómo este organismo se sitúa, de hecho, fuera de la aplicación de la normativa acerca de los derechos ciudadanos a la información, a la participación pública, al acceso a la justicia en materia ambiental, etc. Y se pide que cese la opacidad sobre su funcionamiento interno, sus cuentas y el propio cumplimiento de la legalidad a la que se ha de ceñir, pero que burla continuamente. El manifiesto inculpador de las asociaciones que lo firman pide al Ministerio una auditoría estatal, imparcial y general sobre la gestión de esta dichosa CHS.
Se ha de relacionar esta protesta, que tiene vocación de multitudinaria, con el proceso, ahora concluido, de exposición pública de lo que la CHS denomina Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica (EPTI). Sobre el EPTI cabe decir, en lo formal, que se trata de un texto ocioso y deleznable, desesperante e interminable, pese a lo cual no consigue ni despistar ni adormecer, mostrándose como insulso, banal, carente de nervio y estructurado, en fin, sobre el molde en el que se acrisolan las incontables fechorías del órgano redactor.
Constituido por vaguedades, medias verdades y elusiones sin aportar auténticas soluciones para paliar la dramática situación de la Cuenca y cumplir alguna vez con la Directiva Marco de Aguas, las escasas alternativas que plantea no son para confiar en que vayan a llevarse a la práctica. Así, este texto resulta imposible de ser tenido seriamente en cuenta; pese a lo cual, ha sido atenta y diligentemente escrutado por ciudadanos incansables y de un nivel ético que ya quisieran para sí los inspiradores de tan insoportable rollo. Resumámoslo diciendo que está orientado, claramente, a mantener una situación ya insostenible desde los puntos de vista agrario, ambiental, sociopolítico y legal. Unas intenciones, a malas penas disimuladas, que este órgano se permite prolongar por la inconcebible protección de los responsables del MITECO, que demuestran así su amplia disposición a consentir los atentados y malas artes en nuestra Cuenca, dirigidos contra la realidad agraria, ambiental, sociopolítica y legal.
Las alegaciones de asociaciones como Ecologistas en Acción y Consejo de Defensa del Noroeste apuntan directa y certeramente a las deficiencias y venalidades de la CHS en los numerosos asuntos clave por los que pasa de puntillas o ignora ladinamente. Se señala en estos escritos, como rasgo común y problema general, la existencia de decenas de miles de hectáreas de regadío ilegal, así como de una cantidad incontable de pozos pirata; todo ello, en incremento. Más la contaminación creciente de los acuíferos de la Cuenca, un proceso que ya afecta a la mayoría, con niveles alarmantes de nitratos en varios de ellos; una situación que, ante su incapacidad para afrontarla, la CHS apunta a que “una vez aplicadas todas las medidas, ha de imputarse a causas naturales”, sin el menor pudor.
Y, por supuesto, la sobreexplotación de estos acuíferos, algo que, en realidad, viene favoreciendo la CHS con una gestión permisiva, casi ausente de vigilancia y, en consecuencia, con bajísimo nivel de sanciones (a pequeños infractores, casi nunca a los poderosos) y nula exigencia de restitución a las situaciones anteriores a la infracción. En materia de sobreexplotación se destaca también el radical silencio sobre el caso, inolvidable y vigente desde 1994/1995 (recordemos: años del incendio criminal de Moratalla y llegada al poder del PP, iniciando el valcarcelato), con el permanente dolor de cabeza generado desde la finca de El Chopillo, en Moratalla, cuyo planteamiento básico es que el acuífero subyacente, llamado de Almírez, recibe de media unos 2 Hm3 de aportación hídrica al año, pero al que se le extraen 6 Hm3, un misterio al que la CHS se adapta encantada e incluso tomando distancias hacia él, tan devotamente.
Pero tampoco este misterio es tal, porque el asunto está claro como el agua (valga la redundancia) desde los primeros informes geológicos alusivos a este tema, de 1983 nada menos, realizados por técnicos de la propia CHS, que apuntan a que las extracciones de ese acuífero tienen que afectar a la masa de agua superpuesta, que es el embalse del Cenajo, por lo que los pozos existentes que bombean ese exceso contable estarían, hidrogeológicamente hablando, realizando una succión ilegal y antisocial (vulgo, robo) del agua de dicho embalse y, en consecuencia del río Segura, apropiándose sus beneficiarios privados de un agua pública. Pues de los tres pozos existentes a la entrada en vigor de la Ley de Aguas (1986) se ha pasado a los trece que figuran en el Registro de Aguas (y que quizás sean más), pese a la larga sucesión de denuncias que no han conseguido que esa finca se controle. Y recordemos que en los desmanes del Noroeste participan algunos de los empresarios responsables del desastre ecológico del Mar Menor. (Cuando el Consejo de Defensa del Noroeste le ha planteado este asunto del Chopillo y otras ilegalidades consentidas en la zona del Noroeste al Fiscal de Medio Ambiente, señor Mata, éste ha tratado de dejar correr los plazos para archivarlos. Y cuando se le impidió que lo hiciera, reclamando la intervención de su superior, el Fiscal Jefe Díaz Manzanera, ha vuelto a las mismas, sin la menor indagación o pesquisa propias de su trabajo, conformándose, como argumentación para archivarlo definitivamente, con la contestación remitida por la propia CHS, contra la que iban las flechas de la denuncia; una CHS que nunca ha querido hincarle el diente al “caso Chopillo”, en el que, incidentalmente, ha figurado desde siempre un conocido magistrado murciano, Mariano Espinosa.)
Son alegaciones maduras y educadas, estas a las que aludimos, respetuosas con la calidad del procedimiento administrativo, aunque sus autores sepan de sobra lo que suelen hacer los de la CHS con alegaciones, denuncias y otras aportaciones de los esforzados ciudadanos que siguen creyendo en el imperio de la ley. Hechas con paciencia infinita, que corre parejas con la indolencia y mala fe de este organismo y de quienes se lo apropian como si de un patrimonio particular se tratara.
Difícil resulta ser positivos en este panorama y con estos funcionarios del Estado, contra los que la indignación de los sectores afectados y sensibilizados se viene levantando, precisamente originada en la década de 1990, desde la que no ha dejado de crecer. De ahí que no sean muchas las esperanzas de que el MITECO, perfectamente informado de estos hechos –tanto de las tropelías de la CHS como de la ruinosa situación física y ecológica de la Cuenca– actúe debidamente y limpie ese organismo al que teóricamente controla, imponiendo una gestión del agua liberada de la incompetencia y la prevaricación, rechazando, en primer lugar, ese panfleto infumable del EPTI y, a continuación, escuchando el clamor de quienes sí creen en la necesaria tutela del Estado, y en su defecto de la Justicia, sobre un bien público tan básico y crítico como es el agua.
Una veintena larga de entidades del entramado social de la Región de Murcia ha expresado su hartazgo frente a las tropelías de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un manifiesto dirigido al organismo que la encuadra, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Un texto muy crítico que destaca, esencialmente, la falta de transparencia de este organismo estatal que, lejos de mostrarse accesible al ciudadano, como sería su obligación, despliega por sistema, ante éste y sus cuitas, una variada gama de trabas, escapatorias y silencios, todo ello en contradicción con la legislación vigente y en la más tranquila impunidad. En esta protesta se resalta cómo este organismo se sitúa, de hecho, fuera de la aplicación de la normativa acerca de los derechos ciudadanos a la información, a la participación pública, al acceso a la justicia en materia ambiental, etc. Y se pide que cese la opacidad sobre su funcionamiento interno, sus cuentas y el propio cumplimiento de la legalidad a la que se ha de ceñir, pero que burla continuamente. El manifiesto inculpador de las asociaciones que lo firman pide al Ministerio una auditoría estatal, imparcial y general sobre la gestión de esta dichosa CHS.
Se ha de relacionar esta protesta, que tiene vocación de multitudinaria, con el proceso, ahora concluido, de exposición pública de lo que la CHS denomina Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica (EPTI). Sobre el EPTI cabe decir, en lo formal, que se trata de un texto ocioso y deleznable, desesperante e interminable, pese a lo cual no consigue ni despistar ni adormecer, mostrándose como insulso, banal, carente de nervio y estructurado, en fin, sobre el molde en el que se acrisolan las incontables fechorías del órgano redactor.