¿Y si fuese tu hija?
Sales de la consulta sin recordar cómo has llegado hasta allí. Hace apenas un rato hablabas de nombres, de una habitación por pintar, de la próxima ecografía, de cuándo empezarías a comprar su ropa y ahora solo recuerdas una frase que no deja de repetirse en tu cabeza: tu bebé no va a sobrevivir. No sabes cómo vas a contárselo a tu familia. No sabes cómo vas a volver a entrar en casa. Ni siquiera eres capaz de imaginar qué será de ti cuando todo esto termine. Y entonces, cuando todavía intentas encajar el mayor golpe de tu vida, descubres que el hospital público en el que has confiado durante todo tu embarazo deja de ser el lugar donde van a atenderte. El mismo hospital donde te han seguido durante meses, donde conocen tu historia clínica y donde has depositado toda tu confianza desaparece de pronto de la ecuación. Tu ginecólogo no te mantiene la mirada y te deriva a una clínica privada especializada en interrupciones del embarazo. No a otro hospital de la sanidad pública. No a un centro de alta complejidad preparado para responder de inmediato ante cualquier complicación grave. A una clínica que -tú todavía no lo sabes, pero lo descubrirás muy pronto- no dispone de los mismos recursos humanos y materiales que un gran hospital público y que, si algo se complica, tendrá que trasladarte de urgencia a uno de ellos.
No es el dolor el que te expulsa del hospital. Es una decisión administrativa.
Justo cuando atraviesas uno de los momentos más delicados de tu vida, el sistema decide sacarte del lugar que cuenta con más medios para protegerte y tú sientes que el aire no te entra en los pulmones. Quieres llorar, gritar, hacer cualquier cosa… y ni siquiera eres capaz de eso.
Pero el maltrato no termina ahí. Esta mujer que acaba de recibir el diagnóstico más devastador que puede escuchar una madre va a tener que entrar en una clínica donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo por circunstancias muy diferentes. Compartirá la misma puerta, la misma sala de espera y el mismo circuito asistencial con mujeres que viven realidades completamente distintas. Todas merecen el mismo respeto y todas tienen los mismos derechos que quede bien claro, pero no todas llegan allí con el mismo dolor. Ella no está renunciando a ser madre. Acaba de descubrir que el hijo que esperaba no vivirá y está intentando reunir fuerzas para despedirse de él. En ocasiones, además, tendrá que atravesar una puerta frente a la que habrá personas llamándola asesina, rezando para que cambie de opinión o intentando convencerla de que escuche el latido de un bebé cuyo corazón ella ya sabe que dejará de latir. Nadie le preguntará antes por qué está allí. Nadie sabrá que daría cualquier cosa por no tener que cruzar nunca esa puerta. A una madre que acaba de perder el futuro nunca se la debería obligar a explicar por qué está allí.
Esto que os cuento no es una novela ni un supuesto. Es lo que llevan años denunciando cientos de mujeres de la Región de Murcia que, después de recibir un diagnóstico devastador, descubrieron que la sanidad pública las acompañaba mientras todo iba bien, pero las expulsaba cuando más la necesitaban. Por eso decidieron llamarse Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública, porque nadie conoce mejor el significado de esa palabra que quien ha sufrido una expulsión semejante.
Conocí esta realidad cuando todavía era diputada en la Asamblea Regional por el testimonio de una amiga. No lo podía creer. Registré preguntas, iniciativas y denuncias porque me parecía profundamente injusta y, además, contraria a la ley. Con esta lucha se consiguió que dejaran de derivarlas a más de trescientos kilómetros de sus casas, pero el problema de fondo continúa hoy en día prácticamente intacto. Ellas nunca han pedido privilegios ni un trato especial. Solo reclaman permanecer en la sanidad pública hasta el final, igual que permanecieron en ella durante todo su embarazo.
Han pasado los años y sigo sin entender por qué una mujer que recibe el peor diagnóstico de su vida tiene que abandonar el hospital donde ha sido atendida para terminar en una clínica privada que no dispone de los mismos recursos asistenciales y donde, además, su dolor queda diluido en un circuito pensado para otras situaciones. Con el tiempo he comprendido que estas cosas nunca ocurren solas. Siempre hay alguien que decide, interpreta una ley, firma un contrato, preside un comité o responde una reclamación. Alguien que pone por delante de todo solo a su propia ideología.
A día de hoy, mientras estas mujeres siguen exigiendo que se cumpla la ley y puedan ser atendidas en los hospitales públicos, el Gobierno de la Región de Murcia pretende renovar un contrato de más de seis millones de euros de dinero público para seguir derivando estos procedimientos a esas clínicas privadas. Y cuando, agotadas todas las vías, acudieron al Defensor del Pueblo, sin esperar que anulara el contrato ni que sustituyera a los tribunales, sino que, al menos, investigara y preguntara a la Administración por el funcionamiento del registro de objetores de conciencia, por la aplicación efectiva de la ley, por las razones que siguen justificando estas derivaciones y por los posibles derechos que podían estar siendo vulnerados. Todas estas cuestiones ni siquiera obtuvieron respuesta y su queja fue archivada dejando sin contestar precisamente algunas de las preguntas que el Defensor del Pueblo sí podía dirigir a la Administración en el ejercicio de su función de supervisión. Y es entonces cuando dejo de preguntarme qué está pasando y empiezo a preguntarme en manos de quién estamos.
Cuando una conoce todo este recorrido resulta inevitable preguntarse quién toma realmente estas decisiones y desde qué criterios lo hace. Es necesario recordar -otra vez- que el comité clínico que interviene en estos casos está presidido por un médico que ha manifestado públicamente sus convicciones contrarias al aborto: el doctor Juan Luis Delgado, jefe de Medicina Materno-Fetal de La Arrixaca. Nunca he cuestionado su derecho a mantener esas convicciones. Lo tiene, como cualquier ciudadano. Lo que me sigo preguntando es si una mujer que acaba de recibir el peor diagnóstico de su vida puede sentir que decisiones tan trascendentales están rodeadas de la imparcialidad que debe ofrecer cualquier institución pública. Y, del mismo modo, tampoco puedo dejar de preguntarme qué confianza puede inspirar una respuesta del Defensor del Pueblo cuando llega firmada por una persona cuya trayectoria política ha estado directamente vinculada al Partido Popular, el mismo partido que Gobierna esta Región y que ha mantenido este modelo de derivaciones a clínicas privadas. No afirmo que eso determine por sí solo una resolución. Lo que afirmo es que, cuando hablamos de derechos fundamentales, las instituciones no solo deben ser independientes; también deben proyectar esa independencia porque estoy convencida de que la confianza de los ciudadanos empieza precisamente ahí.
En todo esto la ideología sí importa. Importa cuando pesa más que la ley. Importa cuando una norma aprobada por el Parlamento reconoce un derecho y, sin embargo, ese derecho sigue sin garantizarse plenamente desde la sanidad pública. Importa cuando una mujer es obligada a abandonar el hospital donde ha sido atendida durante meses precisamente el día en que más necesita sentirse protegida.
Llevamos demasiado tiempo creyendo que la corrupción política consiste únicamente en meter la mano en la caja. Pero también se deterioran las instituciones cuando dejan de servir a los ciudadanos para servir antes a una forma de entender el mundo. Cuando el cumplimiento de una ley depende de quién gobierna o cuando los derechos dejan de ser iguales para todos porque alguien decide que unos merecen menos protección que otros.
Y por si el abandono institucional no fuera suficiente, queda todavía otra herida no menos sangrante: la del juicio público. Hace apenas unos días, antes incluso de que muchas personas hubieran leído la noticia sobre la concentración de la Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública frente a la Consejería de Salud, las redes sociales ya se habían llenado de insultos. Hubo quienes las llamaron asesinas sin molestarse siquiera en conocer su historia. Hubo también comentarios despectivos, incluso de profesionales sanitarios, ridiculizando el propio nombre de la plataforma, como si aquellas mujeres hubieran decidido dejar de estar embarazadas y no estuvieran intentando sobrevivir al mayor duelo de sus vidas.
Confieso que siento vergüenza cada vez que leo comentarios así porque revelan hasta qué punto algunos han dejado de mirar a las personas para mirar únicamente sus propias convicciones. Vergüenza porque son incapaces de detenerse un minuto a preguntarse por qué una mujer está cruzando la puerta de una clínica. Vergüenza porque ni siquiera sienten la necesidad de leer antes de condenar. Y sí, también porque esos discursos hacen algo todavía más peligroso: terminan legitimando situaciones que nunca deberían normalizarse. Cuando una sociedad deja de empatizar con el sufrimiento ajeno y convierte los prejuicios en argumento, resulta mucho más fácil aceptar que las administraciones miren hacia otro lado mientras se vulneran derechos que la ley reconoce.
Sé que habrá quien lea este artículo pensando que solo habla del aborto. Se equivocará. Habla de mujeres que querían ser madres. Habla de mujeres que recibieron uno de los golpes más crueles que puede dar la vida. Habla de mujeres que, además de enfrentarse a un duelo insoportable, sintieron que las instituciones las abandonaban precisamente cuando más vulnerables eran. Y habla también de una sociedad que, demasiadas veces, prefiere juzgar antes que comprender.
Por eso, antes de responder desde la ideología, antes de buscar un argumento para desacreditar cuanto acabas de leer, solo te pido que te olvides por un momento de los partidos, las etiquetas y los prejuicios. Piensa únicamente en esa mujer y respóndete con absoluta honestidad.
¿Aceptarías que la trataran así si fuese tu hija?