Encontrar piso en Murcia: la carrera por una habitación que empieza antes que el curso universitario
Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.
La odisea se ha repetido para infinidad de universitarios: anuncios que desaparecen en cuestión de horas, pisos compartidos que acumulan candidatos, habitaciones que obligan a desplazarse cada vez más lejos del campus y padres y madres que empiezan a buscar alojamiento incluso antes de conocer definitivamente la titulación o la universidad en la que estudiarán sus hijos o hijas.
Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.
Una ciudad universitaria con miles de estudiantes llegados de fuera
Murcia cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.
La dimensión de la UCAM añade, además, un componente especialmente relevante para el mercado residencial: su capacidad de atracción exterior. El 38% de sus estudiantes de grado y el 55,8% de los de máster proceden de otras comunidades autónomas, según los últimos datos del Ranking CYD difundidos por la propia universidad. A ello se suma una importante población internacional: otro 20% de sus alumnos son estudiantes extranjeros de 135 nacionalidades.
La Universidad de Murcia también atrae alumnado de fuera de la Región, aunque no existe una estadística pública única y actualizada que permita saber cuántos de sus estudiantes necesitan realmente una vivienda en la capital. Como referencia regional, un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2026 sitúa en el 22,9% el porcentaje de universitarios matriculados en la Región de Murcia —que incluye también la Universidad Politécnica de Cartagena— que procede de otras comunidades autónomas. Es una proporción superior a la media española, del 19,1%.
Las residencias: una alternativa cara y escasa
Las residencias universitarias ofrecen una solución más sencilla que compartir piso: habitación amueblada, suministros, conexión a Internet, limpieza y, en muchos casos, comedor, zonas de estudio, gimnasio o actividades.El problema es que tampoco hay camas suficientes y las que hay, no están al alcance de la mayoría de bolsillos.
Entre las opciones públicas se encuentra el Colegio Mayor Azarbe, perteneciente a la Universidad de Murcia, que ofrece 117 plazas para el curso 2026-2027, en régimen de alojamiento y manutención a un precio que oscila entre los 6.580 euros de la habitación individual con baño y los 6.215 de la doble.
Otra opción, aún más limitada, es la Residencia para Jóvenes de la Comunidad Autónoma, en la plaza Islas Baleares de Murcia, que para el próximo curso ofrece 74 plazas: 56 en apartamentos dobles y 18 individuales. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años —no exclusivamente universitarios— desplazados de su domicilio por razones de estudio o trabajo. Los precios de partida son de 290,82 euros mensuales por persona en apartamento doble y 387,03 euros en individual, a los que se añaden consumos mínimos de agua y electricidad.
En el ámbito privado, las diferencias son enormes. La Residencia Universitaria Campus, situada junto al campus de la UMU de Espinardo, ofrece para 2026-2027 habitaciones individuales desde 460 euros mas 59 euros de suministros, y dobles desde 384 euros mas 59 euros. La media pensión supone otros 195 euros al mes y la pensión completa, 289 euros.
En el extremo superior se encuentran propuestas como Bravo Students, en Guadalupe, la pedanía murciana que alberga el campus principal de la UCAM, con habitaciones desde unos 565 euros en formato compartido y desde 960 euros para determinadas habitaciones individuales, con servicios como wifi, limpieza semanal, piscina, gimnasio, salas de estudio y recepción 24 horas.
La Residencia Universitaria JC1, en Juan Carlos I, parte de unos 805 euros por persona en habitación doble y de 950 euros en individual, con baño privado, cocina, wifi, limpieza semanal y climatización. Y micampus, en La Ñora, ofrece opciones desde unos 809 euros mensuales en habitación doble con pensión completa, mientras que determinadas habitaciones individuales superan los 1.000 euros.
300 euros por una habitación: el nuevo suelo del mercado
Para quienes no pueden asumir el coste de una residencia universitaria, compartir piso sigue siendo la alternativa principal. En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.
El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.
Otro problema es que, en el mercado del alquiler, el estudiante no compite únicamente con otros universitarios. La habitación se ha convertido en una fórmula de acceso a la vivienda para jóvenes trabajadores y otras personas que no pueden asumir un alquiler completo.
La alta demanda y la escasez general de vivienda repercute directamente sobre el precio: en julio de 2026, el alquiler residencial en Murcia capital alcanzó los 9,9 euros por metro cuadrado, un 3,8% más que un año antes. La consecuencia es una especie de efecto dominó: si el piso completo se encarece y comprar resulta inaccesible para buena parte de los jóvenes, el propietario puede optar por dividir la vivienda en habitaciones y maximizar sus ingresos. El resultado es que una solución que nació como alternativa económica termina siendo cada vez más cara.
Cuando la red de transporte público no ayuda
María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021 debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.
Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.
Su caso resume a la perfección cómo el lugar de residencia puede terminar condicionando la formación postobligatoria en España cuando el estudiante no cuenta con avales, ingresos propios o una familia que pueda adelantar varios meses de renta.
Contratos de temporada: ¿puerta a los abusos?
Hay otra cuestión que muchos estudiantes descubren cuando ya están buscando piso: no todos los alquileres están sometidos al mismo régimen jurídico. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) diferencia entre el alquiler destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda y los contratos de temporada.
Para un estudiante que llega a Murcia desde otro lugar, el contrato puede plantearse como alquiler de temporada por estudios, por ejemplo, de septiembre a junio. En ese caso, el contrato se rige en gran medida por lo pactado entre las partes, frente al carácter más protector de los arrendamientos de vivienda.
La diferencia es importante. En un contrato de vivienda habitual existen mayores garantías de duración y prórroga. Además, desde la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador en los alquileres de vivienda. En los contratos de temporada, en cambio, existe mayor libertad contractual. De ahí que puedan aparecer contratos de nueve o diez meses, cláusulas específicas sobre gastos, fianzas y honorarios o condiciones de salida diferentes.
Y aquí aparece una de las principales zonas grises del mercado: que un contrato se llame “de temporada” no significa que cualquier condición que incluya sea automáticamente válida. La causa temporal debe responder a una necesidad real y quedar correctamente reflejada en el contrato.
Por eso, el estudiante debe fijarse especialmente en la tipología de su contrato, cuál es la causa de la temporalidad, la duración, qué incluye la renta, qué gastos se repercuten, qué fianza se exige y quién cobra los honorarios de intermediación. La propia Ley de Vivienda reconoce el derecho de quien va a alquilar a solicitar información sobre las condiciones económicas y características de la vivienda antes de entregar dinero.
“Me pidieron pagar antes de enseñarme el contrato”
Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.
Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.
La recomendación ahí es básica: no entregar dinero sin conocer quién alquila la vivienda, qué se está contratando y en qué condiciones. En el caso de aquellas personas que confíen el alquiler a profesionales se debe tener en cuenta que la Ley de Vivienda establece obligaciones de información para quienes intervienen como mediadores, lo que incluye facilitar datos sobre el arrendador, el precio total, las condiciones económicas y las características físicas del inmueble, antes de formalizar la operación.
Un problema de desigualdad
Dos estudiantes. Misma capacidad académica. Pero uno vive en la ciudad de Murcia y otro necesita desplazarse desde otra localidad. Así que el segundo debe añadir a su decisión el coste de una residencia o una habitación en un piso compartido. Ahí el problema no es únicamente inmobiliario, es de igualdad de oportunidades.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas al alquiler para jóvenes y establece, entre otras medidas, una ayuda de hasta 200 euros mensuales para el alquiler o cesión de una habitación habitual y permanente, con determinados requisitos de ingresos y residencia. Pero esa condición de vivienda habitual y permanente vuelve a dejar sobre la mesa la cuestión de los estudiantes que utilizan un contrato estrictamente temporal durante el curso. Por su parte, el Gobierno autonómico de López Miras (PP) no contempla ayudas propias para sufragar el alquiler de habitaciones por parte de los estudiantes, al margen de las financiadas por el Estado.
Mientras tanto, el mercado continúa avanzando más deprisa que las soluciones, con estudiantes que se enfrentan a una matrícula que pagar, a las incertidumbres del curso que va a comenzar y a una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿dónde voy a vivir?