Transportistas denuncian que la Junta ha adjudicado sin concurso público 265 rutas escolares y exigen transparencia

A menos de una semana del inicio del curso escolar, la Junta de Extremadura mantiene todavía 27 rutas de transporte escolar sin adjudicar, después de que la convocatoria publicada el pasado viernes sacara a concurso 36 rutas y solo nueve encontraran empresa dispuesta a asumirlas. Las otras 27 siguen vacantes y, según coinciden los transportistas, “no las quiere nadie” en las condiciones económicas actuales. Este dato contrasta con el mensaje repetido por la consejera de Educación, Sandra Valencia, que durante días aseguró que el proceso estaba “prácticamente cerrado” y que la Junta había puesto en marcha una “tercera licitación”.

La controversia, sin embargo, no se limita a estas rutas vacantes. El sector cuestiona qué procedimiento se ha utilizado para cubrir las otras 265 rutas que tampoco habían encontrado adjudicatario en el primer llamamiento y que, según aseguran, no han vuelto a salir a licitación pública. Reclaman explicaciones porque, al no haberse convocado un nuevo concurso para esas 265 rutas, no todas las empresas han tenido las mismas oportunidades para optar a ellas, pese a tratarse de servicios que quedaron igualmente desiertos.

La consejera anunció a finales de la semana pasada que la Junta había puesto en marcha una nueva licitación, que ella consideraba la tercera y los empresarios la segunda, para intentar cubrir las rutas que permanecían vacantes. No precisó inicialmente su número, aunque aseguró que eran “muy pocas” y representaban “un porcentaje muy pequeñito” del total de las más de 500 rutas existentes en Extremadura. Los empresarios situaron ese número en 36.

La preocupación del sector se centra en las otras 265 rutas: rutas que quedaron sin empresa en el primer procedimiento y que, según denuncian, han sido adjudicadas sin un proceso público de licitación, lo que abre interrogantes sobre cómo se ha resuelto su asignación y por qué no se ha garantizado un procedimiento abierto y competitivo para todas las empresas interesadas.

Un transportista consultado por elDiario.es Extremadura asegura que esas 265 rutas no fueron incluidas en una nueva licitación abierta, sino que se han ido asignando directamente a empresas. “Han dejado 27 rutas sin adjudicar pero es que otras 265 las han dado a dedo”. Explica que tenía intención de presentarse a una de esas rutas, pero no ha tenido oportunidad de hacerlo porque “ni he podido licitar ni me la han ofrecido”.

Según su versión, la Administración habría contactado directamente con empresas del sector para conocer su disponibilidad y negociar las condiciones para asumir determinadas rutas. “Habrán ido llamando y habrán negociado unos precios para unas y otros para otras porque si no, no se entiende nada”, sostiene. Los empresarios plantean una cuestión central que la Junta debería aclarar: qué procedimiento administrativo se ha utilizado para adjudicar esas 265 rutas, qué empresas las han asumido y con qué condiciones económicas.

Mayores dificultades

Mientras esas 265 rutas han quedado, según los transportistas, fuera de una nueva convocatoria abierta, las 27 que siguen sin adjudicatario son ahora las que vuelven a salir a licitación. Se trata, además, de rutas que presentan mayores dificultades para encontrar empresas interesadas, bien por su localización, bien por las características del servicio. La propia consejera ha reconocido que las rutas pendientes son aquellas de “difícil cobertura” o que tienen “unas características específicas”. Para hacerlas más atractivas, la nueva convocatoria incorpora un incremento de las tarifas y otras condiciones planteadas por las empresas del sector.

Según las fuentes consultadas, los precios se han incrementado de forma significativa respecto a las cantidades inicialmente previstas. En las rutas correspondientes a la categoría de taxis, la cuantía ha pasado de 23.000 a 25.000 euros, aproximadamente un 8,7% más. En las rutas de categoría C, correspondientes a vehículos de unas 26 plazas, el precio habría pasado de 49.000 a 54.000 euros, un incremento de alrededor del 10,2%. Y en las de categoría B, el importe habría aumentado de 41.000 a 46.000 euros, aproximadamente un 12,2%. La consejera se ha referido a este cambio como un “pequeño incremento” de los precios para intentar conseguir empresas para las rutas más complicadas, aunque los transportistas sostienen que el aumento real supera el 15% en varios casos.

El conflicto tiene una consecuencia directa para algunos pequeños transportistas. Otro de los empresarios consultados asegura que disponía de un vehículo y que estaba dispuesto a competir por una de las rutas que habían quedado sin adjudicar. En su caso, se trata de una furgoneta adaptada para transportar a dos personas usuarias de silla de ruedas. “Pensaba concursarla ahora, pero resulta que se la habrán ofrecido directamente al que la tuvo el año pasado o a alguien que en la primera convocatoria fue rechazado”, explica. La situación le deja con “un coche parado” y sin la ruta por la que tenía previsto presentar oferta. Reconoce que incluso una nueva licitación no garantizaba que hubiera conseguido la adjudicación, pero considera que la ausencia de una convocatoria abierta le impide directamente competir: “No sacarla ya está mal y favorece a las empresas grandes”.

Por su parte, Educación confía en que todo esté resuelto antes del 10 de septiembre. Defiende que el proceso está avanzando y que la segunda licitación fue“un éxito”, una segunda licitación inexistente según los interesados. Según la consejera, ese procedimiento ha permitido cerrar cerca de 300 rutas de las más de 500 existentes en Extremadura. No ha garantizado que esta vaya a ser la última licitación. “No puedo asegurar que esta ‘tercera’ licitación sea la última y definitiva”, ha reconocido. No obstante, ha asegurado que Educación todavía tiene margen hasta el 10 de septiembre, día fijado para el inicio del curso escolar, y ha transmitido “total confianza” en que todos los alumnos podrán llegar a sus centros con normalidad.

Valencia ha defendido además que su departamento lleva semanas trabajando directamente con las empresas y las asociaciones del sector. “No se ha cansado de hablar, de llamar y de tener contacto directo con todas las empresas”, ha señalado. Pero, según los transportistas, no ha sido con todas. La Junta confía en poder anunciar esta semana la cobertura total del servicio. El sector, en cambio, reclama transparencia sobre el destino de las 265 rutas que no volvieron a salir a licitación e insiste en conocer qué procedimiento permitió adjudicarlas, a qué empresas fueron asignadas y qué precios se han pactado. La respuesta a esas preguntas determinará si se trató de adjudicaciones directas conforme a alguno de los procedimientos previstos legalmente o si, como denuncian los empresarios consultados, se evitó una nueva concurrencia abierta perjudicando a muchos, sobre todo a los más modestos.

Una empresaria denuncia que el sistema empleado por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas durante la situación de emergencia estaría perjudicando especialmente a las pequeñas empresas y favoreciendo la concentración del servicio en manos de grandes operadores. Según relata, la Administración habría invitado a participar principalmente a las empresas que ya prestaban las rutas el año anterior y a otros operadores de fuera de la zona que saben de antemano que no van a optar, dejando al margen por ejemplo a pequeños transportistas interesados en optar a nuevos servicios. Los afectados cuestionan así que el procedimiento pueda considerarse una licitación abierta y advierten de que este modelo estaría contribuyendo a reforzar el monopolio de determinados grupos empresariales: “No sabemos si esto es legal o no, pero desde luego no es ético”.

Desde Guareña, un último transportista sentencia ante esta situación: “Parece mentira que yo siendo empresario del sector no me haya enterado de nada de cómo ha sido este proceso que se supone abierto. Todo ha sido un chanchullo detrás de otro”.

El cambio de procedimiento introducido por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas de transporte escolar, según empresarios y empresarias, está alterando también el equilibrio del sector. Frente al sistema de licitación pública, el nuevo mecanismo consiste en ofrecer cada ruta a tres empresas: una de ellas, generalmente próxima al itinerario y con posibilidades reales de asumir el servicio, y otras dos que pueden encontrarse a una distancia considerable y para las que, por costes y logística, la ruta resulta poco atractiva. En la práctica, las empresas con mayor capacidad para asumir estos servicios están adquiriendo un mayor peso en el proceso y cuentan con más margen para fijar sus condiciones económicas. El sector alerta de que este modelo está favoreciendo una progresiva concentración de las rutas en manos de las compañías de mayor tamaño y está provocando un incremento de los precios, en un mercado en el que cada vez tienen menos capacidad de competir las pequeñas empresas. El resultado, denuncian, es un sistema que, lejos de garantizar una competencia efectiva, puede estar abriendo la puerta a una suerte de monopolio de facto.