Materias primas israelíes, boicots y la sombra del fósforo blanco: la ruta que conecta Ashdod con Cartagena
El amanecer en la dársena de Escombreras arroja las primeras luces del día sobre el movimiento constante de grúas, tuberías y buques mercantes. Para quienes trabajan en el puerto de Cartagena, el atraque de un buque químico parece una operación rutinaria. Sin embargo, detrás de la llegada en la noche del jueves del Chemical Luna se esconde una controversia que conecta a la Región de Murcia con el conflicto palestino-israelí.
La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y Boicot, Desinversiones y Sanciones de Murcia (BDS Murcia), alertaban esta semana de la llegada este viernes al puerto cartagenero de un nuevo cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel. Denuncian que la multinacional Israel Chemicals Limited (ICL) sigue introduciendo en España, a través de la Región de Murcia, materias primas procedentes de territorios ocupados, una actividad que consideran incompatible con el derecho internacional y con las medidas adoptadas por el Gobierno español.
Según la información recopilada por ambos colectivos a partir de registros portuarios y plataformas de seguimiento marítimo, el buque Chemical Luna, con bandera de Malta y procedente del puerto israelí de Ashdod, tenía prevista la descarga de 2.010 toneladas de ácido fosfórico en Escombreras. Una operación que ha vuelto a situar en el centro de la polémica a ICL Group, uno de los gigantes mundiales de la industria química y de fertilizantes, cuya presencia en la Región de Murcia es mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista.
Un gigante químico con fuerte implantación en Murcia
ICL Group es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes y el sexto productor global de potasa. ICL aporta anualmente aproximadamente 14.900 millones de ILS —nuevo séquel, la moneda oficial de Israel— a la economía israelí (cerca de 4.100 millones de dólares americanos). Una cifra que representa cerca de un 1,2% del PIB total de ese país y aproximadamente el 15% del PIB de la región del Néguev, donde se concentra su actividad industrial. El mismo lugar donde organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando demoliciones masivas de viviendas y planes de traslado forzoso sobre las comunidades beduinas autóctonas.
Esta multinacional israelí, que opera en numerosos países, también mantiene una importante estructura empresarial en España a través de su filial ICL Iberia. Su principal centro de producción y distribución en el país se encuentra en Totana, mientras que Cartagena constituye una pieza clave para la entrada de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes.
La conexión murciana no termina ahí. La empresa utiliza habitualmente las instalaciones portuarias de Escombreras para recibir cargamentos químicos procedentes de Israel. Según las denuncias reiteradas por BDS Murcia, durante el último año han llegado más de quince barcos con productos similares desde el puerto de Ashdod, con una frecuencia aproximada de una embarcación al mes.
Las descargas son realizadas por Fomento y Desarrollo Agrícola (FOMDESA), empresa integrada en el grupo ICL y con instalaciones situadas en el propio recinto portuario de Cartagena, donde también se encuentran algunas de las infraestructuras logísticas vinculadas a la actividad de la multinacional.
Para los colectivos propalestinos, esta cadena logística convierte a la Región de Murcia en una de las principales puertas de entrada en España de materias primas extraídas en territorios cuya explotación es objeto de controversia jurídica internacional.
El origen de la controversia: recursos extraídos en territorios ocupados
La principal denuncia de RESCOP y BDS Murcia gira en torno al origen de los materiales comercializados por ICL. Diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas de investigación han señalado durante años que la compañía obtiene parte de sus recursos minerales en zonas vinculadas a la cuenca norte del Mar Muerto y otros territorios sometidos a ocupación israelí. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) ha llegado a calificar a ICL como una empresa cómplice de la ocupación palestina debido a su actividad extractiva en estas áreas y a sus conexiones corporativas con la industria militar israelí.
Según la documentación difundida por los colectivos, el ácido fosfórico transportado por el Chemical Luna procede de ICL Rotem, una filial que opera en el desierto del Néguev. Los activistas sostienen que parte de los recursos explotados por la compañía están vinculados a territorios palestinos ocupados y que la extracción de minerales y el aprovechamiento de recursos hídricos en esas zonas vulneran el derecho internacional.
“Estamos hablando de materias primas cuya rentabilidad depende directamente de una situación de ocupación que ha sido condenada reiteradamente por Naciones Unidas”, afirma Miguel Velázquez, miembro de BDS Murcia. “No es un comercio neutral. Son recursos obtenidos en un contexto de desposesión del pueblo palestino y transformados después en beneficios empresariales”.
La cuestión ha cobrado especial relevancia desde que la Asamblea General de Naciones Unidas respaldara en septiembre de 2024 el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia que insta a los Estados a evitar relaciones económicas que contribuyan al mantenimiento de la ocupación israelí.
El fósforo blanco y las acusaciones contra ICL
Uno de los aspectos más controvertidos de la actividad de ICL es su relación con la producción de fósforo blanco. Diversos informes y organizaciones han señalado que una filial estadounidense de la compañía, ICL Performance Products, suministró fósforo blanco al Ejército de Estados Unidos y a clientes comerciales. La cuestión adquirió una enorme repercusión internacional tras las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el uso de municiones de fósforo blanco por parte de Israel en Gaza y el sur del Líbano.
Esta sustancia se adhiere a la piel y a la ropa, provocando quemaduras graves de hasta tercer grado que pueden llegar a los huesos. Las heridas provocadas por este compuesto, además de ser extremadamente dolorosas, tienen una alta tasa de mortalidad porque el cuerpo absorbe el fósforo, lo que puede causar envenenamiento y fallos multiorgánicos.
Aunque ICL ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones de participar directamente en operaciones militares israelíes, la existencia de contratos relacionados con la producción de fósforo blanco ha sido ampliamente documentada.
Para BDS Murcia, esta circunstancia añade una dimensión ética especialmente grave a la actividad de la compañía. “No podemos separar el negocio de ICL de las consecuencias humanas que estamos viendo en Palestina”, sostiene Velázquez. “Cuando una empresa obtiene beneficios de territorios ocupados y además aparece vinculada a la cadena de suministro de materiales como el fósforo blanco, existe una responsabilidad que debe ser examinada públicamente”.
¿Se está incumpliendo el Real Decreto-ley 10/2025?
La llegada periódica de estos barcos ha abierto también un debate jurídico. En octubre de 2025 entró en vigor el Real Decreto-ley 10/2025, impulsado por el Gobierno español para reforzar el embargo de armas a Israel y prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.
BDS Murcia sostiene que los cargamentos vinculados a ICL deberían quedar afectados por esa normativa debido a su origen. La organización recuerda que en septiembre, noviembre y diciembre de 2025 ya denunció la llegada a Cartagena de los buques Trans Tind, Chemical Master, Abana y otro viaje anterior del Chemical Luna. Según los activistas, estas operaciones continuaron realizándose pese a la entrada en vigor del decreto.
Incluso Izquierda Unida llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando que se investigara la legalidad de algunas de estas importaciones y si podían constituir una vulneración de la nueva normativa.
Sin embargo, hasta la fecha no existe constancia pública de que las autoridades españolas hayan paralizado estos cargamentos ni de que se haya producido una resolución administrativa o judicial firme que declare ilegal la actividad denunciada.
Universidad, instituciones y silencio político
Otro de los focos de crítica es la relación entre ICL y distintas instituciones públicas. Desde hace años, la compañía mantiene acuerdos de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según denuncian los colectivos propalestinos, el convenio fue renovado en noviembre de 2025, aunque bajo la denominación de Fuentes Fertilizantes, antigua marca comercial de la empresa. Los activistas han solicitado reiteradamente que la universidad rompa sus vínculos con la multinacional. Por el momento, la UPCT no ha emitido ningún pronunciamiento público relevante sobre estas peticiones.
Tampoco se conocen declaraciones específicas del Gobierno regional de Murcia respecto a las denuncias sobre los cargamentos de ICL o sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 en el puerto de Cartagena. Ese silencio institucional es precisamente uno de los elementos que más indignación genera entre los activistas.
“Nos encontramos con una situación en la que se habla mucho de derechos humanos, pero se mantiene intacta una estructura económica que sigue permitiendo beneficios derivados de la ocupación”, afirma Velázquez. “Murcia no puede mirar hacia otro lado mientras su principal puerto continúa formando parte de estas rutas comerciales”.
Cartagena como símbolo
Las protestas convocadas sistemáticamente por RESCOP, BDS Murcia y la plataforma Palestina Libre Región de Murcia en la explanada del puerto de Cartagena, pretenden, precisamente, convertir esa contradicción en un asunto de debate público. Para los organizadores, la cuestión trasciende la mera llegada de un barco concreto. Lo que está en juego, aseguran, es el papel que desempeñan las infraestructuras españolas en una red económica global vinculada a la ocupación de Palestina.
La pregunta que plantean los colectivos es incómoda pero directa: ¿puede seguir considerándose un simple negocio la importación de recursos cuya explotación está ligada a territorios ocupados?
La respuesta divide a gobiernos, juristas, empresas y organizaciones internacionales. “Cada barco que llega es una prueba de que la ocupación también es un negocio del que se lucran algunas empresas”, asegura Miguel Velázquez, quien denuncia que, de momento, “no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpetrando Israel en la franja de Gaza”.
Su exigencia más urgente resuena como un clamor: que las autoridades competentes denieguen el acceso a los servicios portuarios de Cartagena a aquellos barcos que, como el Chemical Luna, son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de unos territorios cuya ocupación ha sido declarada ilegal por el derecho internacional y que, en los últimos meses, ha acabado con la vida de más de 73.000 gazatíes, el 80% de ellos civiles.
“El boicot funciona”: la campaña que busca aislar a las empresas vinculadas a la ocupación
Más allá de las protestas en el puerto de Cartagena, BDS Murcia y Extinction Rebellion han intensificado en los últimos meses una campaña en la Región de Murcia dirigida a empresas, instituciones y patrocinadores para que rompan relaciones con compañías que, a juicio de ambos colectivos, se benefician de la ocupación israelí y del genocidio en Gaza. La iniciativa parte de una idea sencilla: la presión social y económica puede acabar teniendo efectos allí donde la diplomacia y las instituciones internacionales han demostrado sus limitaciones.
Los activistas señalan como ejemplos recientes las controversias que han rodeado a Eurovisión o la retirada de patrocinadores y colaboraciones vinculadas a grandes eventos deportivos como La Vuelta, casos que consideran una prueba de que la movilización ciudadana es capaz de modificar decisiones empresariales y abrir debates públicos que hasta hace poco parecían impensables.
“El boicot funciona porque obliga a las empresas a elegir entre seguir beneficiándose de una situación de ocupación o asumir que existe una responsabilidad ética que no puede ignorarse”, explica Velázquez. “Como sociedad tenemos la obligación de no convertirnos en cómplices pasivos de la destrucción que sufre el pueblo palestino. No se trata solo de lo que hacen los gobiernos, sino también de las decisiones que toman las empresas y del papel que desempeñamos como consumidores y ciudadanos”.
Desde BDS Murcia y Extinction Rebellion insisten, no obstante, en que sus acciones no están dirigidas contra las plantillas de las empresas afectadas. Los colectivos subrayan que los trabajadores de ICL Iberia y de las instalaciones de Totana y Cartagena ya formaban parte del tejido industrial murciano antes de la llegada del capital israelí y que seguirían desempeñando su actividad si la compañía recuperase una estructura empresarial independiente, como la antigua Fuentes Fertilizantes.
“No estamos señalando a los trabajadores ni cuestionando su derecho a conservar sus empleos”, afirma Velázquez. “Nuestra denuncia va dirigida a los propietarios y a un modelo empresarial que, a nuestro juicio, obtiene beneficios de la ocupación y contribuye a sostener una maquinaria de guerra. Los puestos de trabajo no tienen por qué desaparecer si desaparece esa vinculación”.
Al ser preguntada por esta redacción acerca de una valoración respecto a las denuncias formuladas por BDS Murcia y RESCOP sobre la llegada de cargamentos procedentes de Israel, desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia han declarado que en estos casos “se aplica el protocolo establecido, se examina la documentación y en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, se aplica y se actúa en consecuencia”.
ICL: “Los productos que descargamos en el Puerto de Cartagena no proceden de asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”
Desde la compañía, aseguran que ICL “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables”. Asimismo, manifiestan que los productos importados por la compañía y descargados en el Puerto de Cartagena no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre ni en la norma que desarrolla dicho Real Decreto.
En concreto, estas fuentes de ICL sostienen que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. También afirman que “ICL no explota minerales ni materias primas en Cisjordania ni en territorios palestinos” y que la compañía no ha figurado “ni ahora ni en el pasado” en ninguna base de datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre empresas vinculadas a actividades en asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
Respecto a los productos descargados en Cartagena, desde la compañía se asegura que se trata de materias primas destinadas a usos civiles, principalmente industriales, agrícolas y alimentarios. “ICL no produce ni vende ningún tipo de producto para usos militares. Los productos de ICL a base de fosfato se desarrollan para funciones alimentarias, industriales y agrícolas, esenciales para los fertilizantes utilizados en regiones agrícolas como la de Murcia”, concluyen.
La redacción de elDiario.es Región de Murcia también ha solicitado declaración al propio Gobierno de la Región de Murcia, a la Autoridad Portuaria de Cartagena y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre esta misma cuestión. En el momento de la publicación de este reportaje no se había recibido respuesta por parte de dichas entidades consultadas. En caso de producirse, sus declaraciones serán incorporadas a esta información.