El Chemical Luna llega a Cartagena entre las denuncias por el origen de su carga y la promesa de inspección del Gobierno
El buque Chemical Luna enfilaba en la medianoche de este viernes la dársena cartagenera, donde hizo su entrada alrededor de las 00.42 horas. Tras una escala de algo más de 19 horas en Castellón, de donde zarpó este jueves a las 06.14 horas, el petrolero y quimiquero de bandera maltesa, construido en 2008 y con número IMO 9521423, llega al puerto de Cartagena con 2.010 toneladas de ácido fosfórico a bordo y con una nueva controversia sobre el origen de las materias primas que alimentan la industria de fertilizantes en la Región de Murcia.
La llegada del barco se produce en un contexto marcado por las denuncias del movimiento pacifista BDS Murcia, que sostiene que el cargamento procede del territorio palestino ocupado del Negev y que, por tanto, podría estar afectado por las restricciones contempladas en el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.
No es la primera vez que un barco vinculado a la multinacional israelí ICL desembarca en Cartagena. Según recuerda BDS Murcia, a razón de aproximadamente un barco al mes, más de una quincena de embarcaciones han transportado productos químicos desde Israel hasta el puerto de Escombreras durante el último año. El precedente más reciente fue el del Trans Tind, cuya carga también generó una investigación por parte de las autoridades aduaneras.
ICL responde a las acusaciones de los movimientos pro palestinos
Esta redacción ha solicitado a ICL Iberia información sobre el origen exacto de las materias primas descargadas en Cartagena, así como su posición ante las acusaciones de explotación de recursos en territorios palestinos ocupados y las denuncias relacionadas con el suministro de fósforo blanco por parte de filiales del grupo.
La compañía asegura que “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables” y subraya que los productos importados “no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025”.
ICL afirma que la documentación de origen y trazabilidad acredita que las materias primas proceden de Rotem, en Israel, y recalca que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. La empresa añade que conviene “no confundir denominaciones geográficas distintas como Nahal Rotem” con la instalación de Mishor Rotem, donde asegura que se localiza el origen de los productos.
Sin embargo, BDS Murcia rechaza esa explicación. Diego Miñano, miembro del colectivo, sostiene que “no existe ninguna garantía ni control sobre el sistema de etiquetado de ICL”. El activista recuerda que entidades como Who Profits o el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo han denunciado que la compañía extrae minerales mediante el bombeo y evaporación de aguas del Mar Muerto, una zona situada en Palestina.
“El origen de las mercancías y el proceso productivo se lleva a cabo en territorios ocupados ilegalmente, con independencia de que el posterior etiquetado se produzca en un determinado código postal”, afirma Miñano. A su juicio, la empresa se beneficia además del acuerdo comercial preferencial entre la Unión Europea e Israel, lo que le permitiría acogerse a ventajas arancelarias. “¿Qué empresa diría la verdad si mentir les sale más barato y además eluden posibles investigaciones?”, se pregunta.
Para el portavoz de BDS, el caso evidencia “la impunidad de empresas que se lucran de la ocupación ilegal en Palestina sin ser sancionadas” y también “la inacción del Gobierno de España, que aprueba medidas simbólicas cuya efectividad es nula”.
Mientras tanto, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia asegura que, ante la llegada del Chemical Luna al puerto de Cartagena se activará el procedimiento habitual. Fuentes del organismo han explicado que “se llevará a cabo el protocolo establecido para este tipo de casos, y se examinará la documentación”. Asimismo, añaden que “en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, por supuesto que se aplicará y se actuará en consecuencia”.
Al respecto, BDS Murcia reclama a las autoridades aduaneras españolas que vayan más allá de la mera comprobación de la documentación aportada por la empresa y utilicen las herramientas legales previstas para comprobar el origen real de las materias primas. Unas facultades de control previstas en el Código Aduanero de la Unión (Reglamento UE 952/2013), que permiten verificar el origen efectivo de las mercancías y examinar su trazabilidad cuando existan indicios o sospechas de fraude en el etiquetado o de una declaración inexacta del país de procedencia.
Mientras, en tierra, activistas y administraciones se preparan para un nuevo episodio de una disputa que trasciende el ámbito comercial y que vuelve a situar a la ciudad portuaria en el centro del debate sobre las relaciones económicas con Israel y el alcance real de las medidas adoptadas por el Gobierno español.