La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha rechazado facilitar información sobre el caso Zabalaza, como así le habían solicitado una veintena de senadores, entre ellos el designado por el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai). Esteban ha respondido que “no resulta legalmente posible acceder a la solicitud” de información sobre la muerte de Mikel Zabalza tras las torturas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en 1985, como recoge un informe recientemente publicado y por el cual el Gobierno vasco le ha reconocido como víctima de la violencia policial.
La responsable del servicio de inteligencia señala en su escrito de respuesta al requerimiento senatorial que “en caso de existir la documentación referida en el escrito por algunos senadores y senadoras a la dirección del CNI, resulta legalmente improcedente el acceso a la misma sin su previa desclasificación, para lo que, en su caso, habría de procederse conforme a la ley de Secretos Oficiales”.
Igualmente, añade que “en el caso de que el CNI tuviera en su poder o conocimiento documentación, en cualquier formato, relacionada con la muerte de Mikel Zabalza Garate, estaría clasificada como 'secreto' de acuerdo a las prescripciones legales invocadas en este escrito, y mientras dicha naturaleza persista, su tratamiento no puede ser otro que el que la propia ley sobre Secretos Oficiales ordena”.
La respuesta es similar a la que hace unos días dio Pedro Sánchez en el Congreso, cuando le aseguró al congresista del PNV Aitor Esteban que “si la autoridad judicial pide la desclasificación de documentos y esos existen, no tenga duda de que este Gobierno colaborará con la Justicia”.
El informe elaborado por el Gobierno vasco que ha motivado esta solicitud de información sobre el caso, concluye que Mikel Zabalza no tenía ninguna relación con ETA y que, tras haber sido detenido en el marco de una operación antiterrorista, fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Desmonta así la versión oficial de la época, que señala que falleció ahogado en el río Bidasoa.
La única duda que todavía no está resuelta es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa donde apareció el cadáver más de 20 días después de su detención, y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables.
El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez, impulsor de la iniciativa, ha señalado que “vamos a seguir el 'consejo' de la directora del CNI y vamos a pedir al presidente del Senado, Ander Gil, que, al igual que ocurre en el Congreso, regule desde la Presidencia ese acceso a secretos de Estado que impiden conocer la verdad sobre uno de los casos más sangrantes de violencia policial que hemos vivido en democracia”.
Martínez ha destacado que “estamos analizando con expertos en derecho la posibilidad de acciones penales contra cualquier responsable político o de la administración pública que no colabore con la justicia en el esclarecimiento de la muerte del navarro Mikel Zabalza y siga ocultando pruebas como está ocurriendo aún hoy, 36 años después de su muerte”. “En un estado de derecho no puede haber impunidad. Y desde Geroa Bai no vamos a parar hasta que se haga justicia”, ha manifestado.
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