Navarra Suma parece decidida a dar un vuelco a la política navarra. Su portavoz y presidente, Javier Esparza, le ha propuesto este martes a la presidenta María Chivite la abstención de sus 20 parlamentarios en el debate de los presupuestos de 2021 a cambio de que el Gobierno foral vete en la negociación a EH Bildu, con quien se pactó las cuentas del 2020. En la que ha sido la primera reunión de la negociación de las cuentas para el curso que viene, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados en su postura mantenida hasta ahora con el Gobierno para evitar un nuevo acuerdo del Ejecutivo con EH Bildu.
“Más fácil no se lo podemos poner a Chivite para no tener que seguir optando por el independentismo vasco y para poder confeccionar un presupuesto propio sin que Bildu le condicione nada”, ha señalado Esparza en una declaraciones recogidas por el partido en una nota de prensa. Esparza, que ha participado en la reunión por videoconferencia tras haber anunciado el domingo su positivo por COVID-19, ha ofrecido dar vía libre a las cuentas que el Gobierno elabore “con las medidas que estime más oportunas” a través de la abstención de todos sus parlamentarios, lo que sería suficiente para que salieran aprobadas en el pleno, con el único requisito de que la coalición de la izquierda abertzale no entre en la negociación.
Una opción que de aceptarla el Ejecutivo de Chivite supondría un vuelco a legislatura de un Gobierno de coalición de PSN, Geroa Bai (PNV y socialverdes) y Podemos, apoyado desde fuera por Izquierda-Ezkerra (IU), que precisamente surgió para evitar que la derecha volviera a gobernar en Navarra, y que hace menos de un año pactó con EH Bildu sus primeros presupuestos con el techo de gasto más alto de los últimos años. Socios que ya han manifestado en alguna ocasión que no votarían a favor de unas cuentas acordadas con la coalición de derechas.
Fuentes del Gobierno insisten en que la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma que la del año pasado cuando desde la derecha se les criticó el acuerdo con EH Bildu: “Lo importante es el qué y no el con quién”, defendieron entonces. “La política navarra es muy entretenida”, se resignaba la presidenta Chivite sobre los juegos de las mayorías parlamentarias en una entrevista con elDiario.es, al recordar que Navarra Suma había pactado recientemente con uno de sus socios, Geroa Bai, la reducción de la jornada laboral de los profesores mayores de 57 años de la red concertada, rechazada por el PSN, y con EH Bildu en unas ayudas para los autónomos. El propio PSN apoyó hace unos meses, desmarcándose del resto de socios del Gobierno, la nueva Ley de Símbolos propuesta por Navarra Suma, para limitar el uso de la ikurriña en la Comunidad foral, después que el cuatripartito de Uxue Barkos derogara la anterior. Estas mismas fuentes señalan que el Gobierno no aceptará vetos en la negociación por parte de ningún partido. “No es momento de chantajes, ni de vetos ni de exclusiones de nadie”, apuntaba el portavoz del PSN en la Cámara foral, Ramón Alzórriz.
El hipotético acuerdo con Navarra Suma en las cuentas supondría una ruptura con el que ha sido el partido de la oposición con el que más se ha acordado, lo que podría complicar a Chivite lo que resta de legislatura. Además, podría cambiar también la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, con quién se pactó una de las últimas prórrogas del estado de alarma y cuyo apoyo podría ser necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
“Es un chantaje político hacia el Gobierno”
El ofrecimiento de la derecha navarra no ha gustado en EH Bildu, que lo ha calificado de “chantaje hacia el Gobierno”, advirtiendo al Ejecutivo de Chivite del “coste político” de aceptarlo. “Tiene que valorar si está dispuesto a aceptar ese chantaje y estar preso de las decisiones de Navarra Suma a la hora de tener mayorías políticas”, ha señalado el portavoz Adolfo Araiz.
EH Bildu, que también se ha reunido este martes con el Gobierno para acercar posturas en la negociación presupuestaria, ha valorado de forma “positiva” la disposición del Ejecutivo a reeditar el acuerdo alcanzado el curso pasado. Para esta negociación, la coalición abertzale ha pedido una reforma fiscal “que permita aumentar los ingresos sin recurrir únicamente a la deuda”, teniendo en cuenta que el Gobierno ha fijado ya un techo de gasto superior en 208 millones de euros al del 2020.