La oficina Anticorrupción expedienta a dos altos cargos del Gobierno de Navarra por represaliar al denunciante de Belate
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un expediente sancionador contra Pedro López Vera, quien fuera director general de Obras Públicas hasta hace unos meses, y el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, por haber represaliado a Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate y que denunció la adjudicación de este contrato a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la OANA considera una infracción “muy grave” que se trasladase al denunciante a una nave industrial y propone una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros.
La obra para el desdoblamiento de los túneles de Belate, el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a las empresas investigadas por presunta corrupción (76 millones de euros), estuvo envuelta en polémica desde su adjudicación después de que tres miembros de la mesa se opusieran alegando indicios de arbitrariedad. El secretario de la mesa y denunciante, un alto funcionario del Gobierno de Navarra, llegó a decir que sobre la obra “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”. Al poco tiempo de denunciar la adjudicación, Lorenzo Serena fue trasladado a una nave industrial, lo que para la OANA supuso un acto de represalia. “Constituyó un acto de represalia contra don Lorenzo Serena Puig, ya que se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo como consecuencia de su denuncia ante la OANA”, señala en informe.
Entre los motivos para considerarlo una represalia la OANA destaca que la decisión de trasladarlo por motivos de “reorganización”, según señaló el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se tomó tan solo seis días antes de que Serena tomará posesión de su plaza, que “llevaba adscrita al Negociado de Explotación Zona Este desde el año 2017” cuyas oficinas están en la sede de la calle San Ignacio, en el centro de Pamplona. “La decisión del cambio de adscripción de la plaza se tomó una vez que al señor Serena se le había adjudicado la plaza, no antes”, añade.
La directora de la Oficina Anticorrupción, Edurne Eginoa, también considera que las declaraciones que dio el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra fueron “esclarecedoras” a este respecto. En su comparecencia admitió que el director general, Pedro López Vera, le propuso que “sacaran el edificio” a Lorenzo Serena por el “mal ambiente laboral” que se había generado en las odicinas San Ignacio cuando se supo que volvía tras haber denunciado la adjudicación de Belate. La Oficina concluye que “sacar del edificio” a un denunciante no es reorganizar, “sino tomar una represalia”.
También destaca que, pese a que Lorenzo Serena “mostró su negativa a trasladarse” y que “los responsables conocían sus limitaciones” para desplazarse a la nueva ubicación en Landaben, “hicieron caso omiso a sus circunstancias y procedieron con el cambio”. Con todo, al conocerse que la OANA lo consideraba una represalia, el Gobierno de Navarra anuló la resolución del traslado y devolvió a Lorenzo Serena a su plaza en el centro de la capital.
Por todo ello, Anticorrupción considera este traslado una infracción “muy grave” de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una infracción de este tipo está sancionada con una multa de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.
A este respecto, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado la “dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate”. “Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha agregado.
El director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, fue destituido en diciembe de 2025 tras una crisis entre los socios de Chivite a raíz de un informe de reparo de la Intervención General por el sobrecoste de 8,5 millones de euros propuesto por Acciona y Servinabar y firmado por López Vera y que Intervención consideró que no estaba justificado.