El alto funcionario del Gobierno de Navarra Lorenzo Serena acredita más de 28 años de experiencia como letrado y ejerció de secretario de la mesa de adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate. Emitió uno de los tres votos particulares contrarios a la asignación de la mayor obra de la comunidad foral en una década, 68 millones de euros más IVA (76 en total) que ahora serán ampliados, a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Invitado por la comisión de investigación del Senado, ha ratificado sus sospechas: “Existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”.
“Se insistió en que se justificaran las valoraciones de las ofertas, pero tres personas entendimos que no estaba suficientemente motivado y discrepamos. Hubo cinco que sí creyeron que estaba suficientemente motivado”, ha explicado Serena en respuesta a preguntas a la senadora de UPN María Caballero durante su larga intervención, de más de dos horas, ante esta comisión. Serena ha asegurado, además, que recientemente la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas de Navarra consideró que había sufrido “represalias” al haber tenido traslados de puestos después de estos hechos.
La obra de duplicación de los túneles de Belate no aparece citada en el informe de la UCO de la Guardia Civil por el que el Tribunal Supremo investiga a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero es una de las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama por su conexión con Cerdán tras haberse encontrado en casa del empresario Antxon Alonso un contrato privado por el que le vendió el 45% de las acciones de la empresa a Cerdán. Se trata de Servinabar 2000.
La adjudicación de la obra de Belate estuvo envuelta en polémica desde el comienzo. Tres miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, “puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. También destacaron que el presidente de la mesa de contratación conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.
Durante su declaración en el Senado, Serena se ha reafirmado en lo expuesto en su voto particular. Según ha añadido, el informe de valoración elaborado por los técnicos era “descriptivo” y no aportaba razones que justificaran que una oferta era mejor que otra. “Se describía que una empresa ofertaba utilizar un láser que estaba patentado. Yo les pregunté si eso era bueno o no. Otra que iba a trabajar tres turnos y sábados y domingos, cuando el contrato de obra es un contrato de resultados. Describir eso sin mayor razón...”, ha expuesto. Ha remarcado que la última firma del expediente se hizo un 26 de diciembre, el de 2023, justo después de Navidad, y que la ejecución arrancó también con informes negativos.
Se da la circunstancia de que el alto funcionario ha sido interrogado en la comisión de investigación por una expresidenta del Gobierno, Uxue Barkos, de Geroa Bai (que en el Senado comparte grupo con Sumar y no con el PNV), y por un exvicepresidente, Javier Remírez. El ahora senador socialista ha aprovechado su turno para hacer tanto preguntas como afirmaciones, destacando sobre todo que nadie investiga Belate por ningún motivo. Le ha pedido Remírez también que aclare si había hablado antes con UPN -que lleva años preguntando por Belate- e incluso por sus relaciones con periodistas. “Seamos un poquito serios”, le ha llegado a decir el compareciente a Remírez al final. “Me repele estar aquí”, ha afirmado también Serena, que celebraba su cumpleaños con esta jornada vespertina en la Cámara alta.
Tirando de ironía, ha pedido también que no se insista en que porque algo no haya sido recurrido o porque tenga determinados informes favorables es más legal. Ha señalado que la Administración está llena de “tullidos” y “tarados”, en referencia a actos y resoluciones nunca recurridas pero igualmente ilegales o irregulares, algo que es “ambivalente”. Ha sugerido que basta una firma para que alguien que no sea funcionario cobre una nómina, por ejemplo. El representante del PP, José Manuel Balseiro, ha llegado a exhibir una fotografía de Koldo García practicando “esa curiosa afición de cortar troncos” con publicidad de Servinabar 2000 y también ha deslizado que este funcionario fue represaliado por el Gobierno socialista de Navarra por sus críticas al proceso de Belate. Ha recordado que acabó trabajando en una nave industrial y le ha pedido que la describa. Ni PNV ni EH Bildu han tomado parte en la sesión.
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