El Tribunal Constitucional acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de Navarra, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El pleno del TC acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los apartados de la ley objeto de la impugnación, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que “la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
La admisión a trámite del recurso del Gobierno central no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional resolverá en próximas fechas.