Las garantías de cumplimiento, la clave para la paz en Oriente Medio

La experiencia histórica de los conflictos armados entre 1990 y 2025, ofrece una lección contundente y difícilmente rebatible: de las 60 guerras registradas en ese período, el 35% concluyeron con un acuerdo de paz formal, y en todos y cada uno de esos casos, el éxito o el fracaso posterior del proceso estuvo directamente vinculado a la existencia o ausencia de garantías sólidas de cumplimiento. Esta evidencia empírica no es un dato menor ni anecdótico; es una verdad estructural que debería guiar cualquier proceso negociador serio, especialmente en una región tan volátil y compleja como Oriente Medio.

Las palabras, las declaraciones de intenciones y hasta las promesas solemnes firmadas ante la comunidad internacional, han demostrado ser insuficientes cuando no van acompañadas de mecanismos concretos y verificables que obliguen a las partes a cumplir lo acordado. Por ello, en cualquier negociación, no basta con definir la agenda temática ni con alcanzar un entendimiento provisional sobre los puntos de fricción; es imprescindible construir simultáneamente una arquitectura de garantías que dote al acuerdo de credibilidad, durabilidad y eficacia real. Sin esa arquitectura, la desconfianza entre las partes no solo persiste, sino que se agrava. La negociación auténtica no termina cuando se rubrica un acuerdo; empieza precisamente en ese momento, cuando comienza la ardua tarea de transformar compromisos formales en realidades verificables sobre el terreno.

Los tres conflictos actualmente activos en Oriente Medio más mediáticos (Irán, Gaza y el Líbano), presentan agendas negociadoras distintas, pero comparten el mismo déficit estructural, que es la ausencia de garantías creíbles de cumplimiento que permitan avanzar desde el regateo posicional hacia una negociación genuina y transformadora. En el caso de Irán, la agenda es deliberadamente corta pero extraordinariamente densa en implicaciones estratégicas: la apertura del estrecho de Ormuz, el establecimiento de un alto el fuego permanente, la definición del papel que Irán podría desempeñar en el control de esa vía marítima esencial para la economía global, la garantía verificable de que Teherán no producirá armas nucleares, el acceso a los activos financieros congelados y la consolidación de un cese de hostilidades duradero en el Líbano.

Lo que se observa en esas negociaciones no es un diálogo basado en intereses comunes, sino un regateo posicional en el que cada parte trata de maximizar sus ventajas sin ceder en lo esencial, lo que hace aún más urgente la introducción de mecanismos externos de verificación y presión. En Gaza, el problema inmediato es diferente pero igualmente bloqueado, ya que se trata de implementar y completar la primera fase del acuerdo propuesto por la administración Trump, pero esa implementación choca contra una realidad política incontestable, la de que Hamas no procederá a su desarme mientras las Fuerzas de Defensa de Israel permanezcan desplegadas en territorio gazatí. En el Líbano, la lógica es simétrica e igualmente circular. Hezbolá no suspenderá su actividad militar mientras Israel continúe ocupando y bombardeando territorios libaneses.

En los tres escenarios, Israel emerge como el principal obstáculo para cualquier avance sustantivo, ejerciendo una formidable capacidad de bloqueo que convierte al primer ministro Netanyahu en un spoiler, es decir, un actor con incentivos y capacidad para sabotear acuerdos que no se alineen con sus intereses políticos inmediatos. Ante esta realidad, Estados Unidos no tendrá más remedio que ejercer una presión decidida y sostenida sobre su aliado israelí, una presión que hasta ahora ha brillado por su intermitencia y ambigüedad, pero que se ha vuelto imprescindible si Washington aspira a desempeñar un papel mediador creíble y efectivo en la región.

Comprender la paz duradera exige distinguir con precisión entre dos dimensiones complementarias, pero conceptualmente diferentes: los mecanismos de seguimiento y las garantías de implementación. Los primeros sirven para saber si un acuerdo se cumple; observan, registran, certifican y dan constancia pública de las desviaciones. Las garantías de implementación, en cambio, tienen una función más profunda y transformadora: sirven para que el acuerdo pueda cumplirse realmente, creando las condiciones institucionales, jurídicas, diplomáticas y económicas que hacen posible la transición del compromiso formal a la realidad concreta.

El seguimiento mira y certifica; la implementación transforma la realidad. Los acuerdos de paz más sólidos y duraderos de la historia reciente, han combinado ambas arquitecturas: una estructura jurídica protegida internacionalmente y un sistema de seguimiento capaz de mantener presión política durante años, incluso cuando la atención mediática se desvanece y la voluntad política de los gobiernos flaquea. Esta distinción es especialmente relevante para los conflictos de Oriente Medio, donde la historia reciente está plagada de acuerdos que nunca superaron la fase declarativa, precisamente porque carecieron de mecanismos de presión externos suficientemente fuertes y eficaces. Aunque los gobiernos signatarios son siempre los responsables finales de la correcta implementación de lo acordado, resulta igualmente imprescindible diseñar una arquitectura externa de presión política, diplomática y económica que sea aplicable con igual rigor tanto a Israel como a Irán, sin excepciones ni dobles raseros que socaven la credibilidad del sistema.

Esta arquitectura debe incluir mecanismos de supervisión internacional con capacidad de intervención efectiva, incentivos positivos vinculados al cumplimiento progresivo de los compromisos y costes reales y predecibles asociados a cualquier violación del acuerdo, de modo que los actores más reticentes comprendan que el incumplimiento tiene consecuencias tangibles e inevitables. En este marco, existe además una solución técnica potencialmente viable para uno de los nudos gordianos del expediente nuclear iraní. El problema del stock de uranio enriquecido ya en posesión de Irán podría resolverse si potencias como China o Rusia acordasen adquirir ese material, retirándolo del territorio iraní bajo supervisión internacional, lo que reduciría drásticamente el riesgo de proliferación sin que Teherán tuviese que percibir esa cesión como una rendición unilateral, dado que recibiría a cambio compensaciones y el reconocimiento implícito de sus derechos en el marco del Tratado de No Proliferación.

Esta fórmula, ya explorada en versiones anteriores de la negociación nuclear, tiene la virtud de conjugar los intereses de seguridad de Occidente con los intereses económicos y de prestigio de Irán, ofreciendo además a Moscú y Pekín un papel constructivo que podría alinearlos con el proceso de estabilización regional, en lugar de mantenerlos en una posición de obstaculización estratégica.

Más allá de las soluciones inmediatas y los mecanismos puntuales de verificación, la sostenibilidad de la paz en Oriente Medio exige una visión de largo alcance que trascienda la gestión de los conflictos individuales para abordar la arquitectura de seguridad regional en su conjunto. Los países del Golfo, ahora ya lo tienen claro. A corto y medio plazo, deberá comenzar a discutirse seriamente la creación de un sistema de seguridad colectiva para Oriente Medio, inspirado en el modelo que Europa construyó a partir de 1975 con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa —la CSCE, hoy convertida en la OSCE—, un instrumento que, en plena Guerra Fría y en un contexto de desconfianza mutua profunda entre bloques antagónicos, logró establecer normas de conducta compartidas, mecanismos de verificación militar, compromisos sobre derechos humanos y canales de diálogo político multilateral que contribuyeron decisivamente a la distensión y, eventualmente, a la transformación pacífica del orden europeo.

Un sistema análogo para Oriente Medio tendría que incorporar a todos los actores relevantes de la región, incluyendo Israel, Irán, los países árabes del Golfo, Egipto, Turquía y los actores no estatales con representación política reconocida, bajo el paraguas de las Naciones Unidas y con el respaldo activo de las grandes potencias. Este sistema proporcionaría garantías de seguridad colectiva para todos sus miembros, establecería normas vinculantes sobre el uso de la fuerza, la proliferación de armamentos y el respeto a la soberanía territorial, y crearía mecanismos de gestión pacífica de controversias que redujesen la tentación de recurrir a la violencia como instrumento de política exterior. La lección fundamental que la historia del conflicto en Oriente Medio impone con brutal claridad es que ningún acuerdo bilateral, por bien diseñado que esté, puede garantizar una paz sostenible en una región donde las interdependencias de seguridad son tan complejas y donde los incumplimientos de unos tienen consecuencias inmediatas sobre todos los demás. Solo una arquitectura de seguridad regional multilateral, dotada de instituciones permanentes, mecanismos de verificación independientes y capacidad real de presión política y económica, podrá ofrecer las garantías estructurales que los conflictos de Gaza, el Líbano e Irán requieren para ser no solo gestionados, sino definitivamente resueltos. El momento para comenzar a construir esa arquitectura es precisamente ahora, mientras los conflictos aún están activos, porque solo así las garantías podrán ser integradas desde el origen en cualquier acuerdo que aspire a ser duradero y creíble.