Los motivos del 11N
El 11 de noviembre debe convertirse en un día de movilización general, que ponga en el centro los problemas de la mayoría social en España. Somos conscientes de que estamos ante una convocatoria heterodoxa. En nuestro imaginario colectivo, la huelga general es la respuesta de mayor intensidad del movimiento sindical, normalmente ante una agresión legislativa del gobierno de turno. No es el caso. Estamos ante una convocatoria que pretende dar una dimensión laboral a una gran movilización que sitúe los salarios, la vivienda, los precios y los servicios públicos en el centro del debate político y social. Desde las calles y desde los centros de trabajo.
El detonante de la convocatoria ha sido el dramático caso de Maricarmen Abascal y el posterior rechazo de la mayoría parlamentaria (PP, Vox y Junts) a dos Decretos Ley que pretendían paliar algunas de las consecuencias del problema de la vivienda sobre la ciudadanía. El drama de una mujer de 87 años generó una amplia movilización social cargada de emoción. Maricarmen se convirtió en un icono de la resistencia ante la injusticia y de la dignidad de la comunidad. También mostró la vulnerabilidad de las personas ante la lógica implacable del mercado y la mercantilización extrema de la vivienda.
El acceso a la vivienda constituye hoy la principal factura social que atraviesa España. Tiene un sesgo generacional, pero no solo atenaza la vida de la gente joven y sus posibilidades de emancipación. También afecta, de un modo u otro, al bolsillo de millones de hogares españoles y a las expectativas de vida de otros tantos.
Acometer una política ambiciosa de vivienda requiere mucha voluntad política, muchos recursos y mucha cooperación entre administraciones. Ninguna administración puede librarse de la crítica, pues las medidas tomadas en los últimos años han sido insuficientes. El objetivo del 11N, en mi opinión, debe ser promover la convalidación de los decretos decaídos. Pero también contribuir a generar un sentido común en materia de vivienda que haga irreversibles políticas ambiciosas en el próximo ciclo político. Las comunidades autónomas han bloqueado sin coste político alguno la ley que permitía, por ejemplo, topar los alquileres en las zonas tensionadas. El alcalde de Madrid se permitió reconocer, jocoso como es él, que no iba a hacer nada por regular los precios de los alquileres en Madrid. Que sea el mercado el que decida quién puede vivir y quién no.
Una acción decidida para garantizar el acceso a la vivienda requiere movilizar un parque de 1,5 millones de casas a precio asequible en la próxima década. Mientras tanto, hay que impedir la acumulación de pisos por parte de los fondos de inversión, limitar drásticamente los usos turísticos de inmuebles que deben servir para vivir, impedir desahucios sin alternativas habitacionales. También hacen falta programas públicos que garanticen que el conjunto de la población residente en España puede contar con este bien básico, como exige el ordenamiento constitucional.
Pero para CCOO, el 11N es más que hablar de vivienda. Es, ante todo, hablar de cómo se distribuyen la renta y la riqueza en la España actual. Por tanto, hablar de salarios. Conviene precisar algo. No hay convenio colectivo o incremento salarial que pueda hacer frente al alza de precios de la vivienda. Recordemos que según el INE ha subido un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026. Ni siquiera una subida salarial de hasta el 7%, como reclamamos a CEOE, y un incremento similar del SMI permitirían hacer frente a semejante despropósito.
Hablamos de salarios y de empleo, claro que sí, pero conviene no errar el tiro. En España arrastramos desde hace décadas un problema de bajos sueldos, relacionado en buena parte con deficiencias persistentes de nuestro modelo económico. En los últimos años, nuestro marco laboral ha experimentado una transformación importante, y para bien. Hay más gente trabajando que nunca. Los salarios medios nominales suben incluso con cierta intensidad. La estabilización de la contratación da nuevas certezas a millones de personas y la subida del SMI ha mejorado notablemente los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras. Todo ello ha impulsado el crecimiento de la economía y ha permitido transferencias públicas sin precedentes desde la administración central a las CCAA. Lideramos el crecimiento económico en la UE y reducimos a la vez la deuda y el déficit público. Se ha producido incluso una transformación parcial de nuestro modelo productivo al calor de una transición energética estratégica para España. Si atendemos a la evolución demográfica, podemos aproximarnos al pleno empleo en pocos años, lo que facilitará el incremento de los salarios de nuestro país. La juventud trabajadora tendrá la mayor capacidad de negociación salarial en varias décadas, aunque la quieran situar ante un escenario decadente y apocalíptico.
Negar esto bajo una supuesta radicalidad sobrevenida es, ni más ni menos, que poner la alfombra roja (negra más bien) a la reacción. Y, además, no es necesario para hacerse eco de otra realidad.
Los tres picos de inflación sufridos en los últimos cinco años se han comido buena parte de los incrementos salariales. Seguimos teniendo tasas inasumibles de precariedad laboral y demasiados empleos mal pagados, además de millones de horas extras que ni se cobran ni se cotizan. Buena parte de los salarios y los convenios colectivos están bloqueados. Hace falta una fuerte movilización para conseguir mejoras salariales que distribuyan el récord de beneficios que acumulan muchas empresas. La economía crece, pero eso no significa necesariamente que la riqueza se distribuya de forma equitativa y suficiente, sobre todo en un contexto de precios altos.
Pero hay más. Las rentas de los hogares también van a las cuentas de resultados de las empresas dedicadas a la educación, la sanidad o la dependencia. Porque el deterioro paulatino de los servicios públicos empuja a muchas familias a destinar una parte de sus ingresos a un seguro médico que adelante las consultas o a una plaza en Formación Profesional que la red pública no facilita. También a una universidad privada, en un contexto en el que estas copan la oferta de másteres y títulos de postgrado. Buena parte de las comunidades autónomas impulsan este planteamiento. Así, una parte de la clase trabajadora paga estos servicios a costa de otros gastos o del ahorro. La otra, la que no puede permitírselo, queda segregada y excluida.
Y todo con un agravante. En la anterior crisis los servicios públicos se deterioraron para recortar gasto y reducir el déficit en medio de una crisis de caballo. Ahora las administraciones autonómicas tienen más recursos que nunca, pues las transferencias del Estado y de la UE han sido históricas. Por tanto, estos recortes no responden a una crisis económica. Es, ante todo, la materialización de una opción política. La desigualdad y la segregación como proyecto social, esperando alcanzar el gran bocado: el de las pensiones. No lo digo yo, lo dice Figaredo cuando habla de la privatización y la reducción drástica de las pensiones públicas.
Ante quienes nos acusan de convocar una huelga por motivos electorales, tenemos que afirmar lo obvio. El sindicalismo confederal y de clase hace una lectura global de la situación económica y política de España. Pero no por seguidismo de nadie, sino por autonomía. Para explicar a la clase trabajadora y al conjunto del país qué está en juego y cómo se deterioran las rentas. Decimos las cosas como son. La mejora del empleo en España es inédita, pero la situación dista de ser ideal: no se cambia un modelo de país de décadas en unos pocos años. Los salarios se van en alquileres imposibles y los carcome una inflación que procede en gran parte de los conflictos bélicos que impulsa un agente político: un tal Donald Trump. El mismo que pretende hacer saltar por los aires la Unión Europea a través de las fuerzas políticas de extrema derecha, como afirman sin rubor los propios EEUU.
Salarios, precios, vivienda. Una reivindicación simple en su formulación, pero que encierra toda una forma de entender cómo se organiza la sociedad. La elección es entre un contrato social para un país más justo, más solidario, más inclusivo, más seguro y más eficaz y un país donde se mercantiliza cualquier derecho. Un país que somete toda necesidad humana a la ley del mercado y que reduce la identidad y la seguridad a señalar a cualquier otro como amenaza.