La política del desgaste permanente
En política, hay momentos en los que los hechos importan menos que la atmósfera. España vive precisamente uno de esos periodos. El debate público aparece dominado por una sensación de desgaste permanente y ruido político continuo que proyecta la idea de un país bloqueado. Pero la paradoja es que conviven dos realidades distintas: una percepción pública de inestabilidad y, al mismo tiempo, una notable capacidad de resistencia institucional del Gobierno.
El “caso Zapatero” ha intensificado esa sensación de agotamiento. No solo por los indicios o por el impacto mediático del sumario, sino porque cada nueva filtración alimenta un clima de sospecha difícil de gestionar políticamente. La estrategia de silencio del expresidente —comprensible desde el punto de vista procesal— tiene, sin embargo, costes evidentes para La Moncloa. En política, los vacíos comunicativos rara vez permanecen desocupados: los invade el adversario, el marco mediático o la especulación.
Probablemente, faltó desde el inicio una explicación institucional más exhaustiva sobre el rescate de Plus Ultra. Cuando la transparencia llega tarde, incluso procedimientos ajustados a derecho pueden aparecer ante parte de la opinión pública como políticamente opacos.
Eso explica que el Ejecutivo esté hoy atrapado en una posición defensiva. Y, sin embargo, la legislatura no está paralizada. Pese al relato permanente de bloqueo, desde las elecciones del 23 de julio de 2023 el Congreso ha aprobado alrededor de 60 iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno y el bloque de investidura. Sánchez gobierna en minoría y en un Parlamento fragmentado, pero sigue sacando adelante más legislación de la que transmite el clima político o mediático.
La cuestión central ahora es cómo reaccionan los socios parlamentarios. Y ahí lo que observamos es un reposicionamiento preventivo. Todos intentan marcar distancia retórica ante un posible agravamiento del caso, especialmente de cara a la declaración de Zapatero prevista para junio. Pero los órdagos tienen efectos limitados si no son performativos. El ejemplo más claro es el PNV. Puede elevar el tono e incluso pedir elecciones anticipadas, pero sabe que apoyar una moción de censura junto al PP y Vox tendría costes políticos enormes. No solo porque compite con EH Bildu en un espacio sensible a pactos con la derecha española, sino porque gobierna junto al PSE en Euskadi. Romper en Madrid podría poner en riesgo ese equilibrio territorial construido durante años.
Por eso Sánchez sabe que la legislatura todavía puede resistir. El umbral verdaderamente crítico no está tanto en el ruido político como en la posibilidad de que aparezcan pruebas de financiación irregular del partido o indicios de tráfico de influencias que afecten al núcleo gubernamental.
Y ahí emerge el otro gran actor: Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP vive atrapado en un auténtico dilema del prisionero político. Necesita aumentar la presión sobre Sánchez para capitalizar el desgaste, pero su dependencia de Vox limita enormemente su capacidad de construir una mayoría alternativa transversal. Cada pacto autonómico con Abascal refuerza la idea de que el PP carece de un proyecto autónomo de gobierno.
Por eso la hipótesis de una moción de censura resulta especialmente arriesgada para Feijóo, al igual que trasladar toda la responsabilidad a los socios de Sánchez. Apelar al precedente de 2018 es además tramposo: entonces existía una sentencia firme contra el PP en el caso Gürtel. A ello se suma que el presidente de los populares obvia que su alianza con Vox ha consolidado un “bibloquismo imperfecto” en el Parlamento español, donde la extrema derecha solo tiene a su partido como socio posible. Eso dificulta cualquier ecuación alternativa con fuerzas nacionalistas o moderadas, a diferencia de otras democracias como la portuguesa o la alemana.
Feijóo podría perder una moción no solo aritmética, sino políticamente, porque no proyecta una alternativa clara de poder. Los propios datos del CIS reflejan ese problema de liderazgo. En el barómetro de abril apenas aparecía como presidente preferido para un 9,9% de los ciudadanos, solo dos puntos por encima de Abascal. Pero quizá el dato más significativo está dentro de su propio electorado: únicamente un 47,7% de los votantes del PP le señalan como líder preferido, muy lejos del nivel de cohesión interna que mantiene Pedro Sánchez, respaldado por un 78,5% de sus votantes.
El problema de fondo es que el malestar ciudadano ante la corrupción está dejando de ser episódico para convertirse en estructural. El CIS ya reflejó tras el estallido del caso Ábalos un fuerte incremento de la preocupación por la corrupción, que llegó al 25% en julio de 2024 y que, aunque descendió después hasta el 8,9% en abril, previsiblemente volverá a repuntar ahora. La paradoja es que ese descontento no está siendo capitalizado principalmente por el PP, cuya pesada herencia reputacional limita su credibilidad como fuerza regeneradora.
Quien sí rentabiliza emocionalmente ese clima es la extrema derecha. No solo desde las redes sociales o determinadas tribunas mediáticas, sino también en la calle. La manifestación del sábado convocada por Sociedad Civil, arropada por toda la galaxia ultra, recordó inevitablemente a las protestas de Ferraz contra la amnistía: una movilización permanente basada en la deslegitimación moral del adversario y en la idea de que las instituciones han sido capturadas.
Ahí reside quizá el principal riesgo político de esta etapa. Porque las respuestas fáciles —una moción, un adelanto electoral o el ruido parlamentario— no resuelven el problema de fondo. La cuestión es cómo reconstruir confianza democrática antes de que el desgaste derive en desafección.