Del 26S como fin del 15M

“O cae el rentismo o cae el Gobierno”.

Con este lema, la acampada del Sindicato de Inquilinas encarna estos días, en la forma y en el fondo, el espíritu de impugnación que vivimos en España en el año 2011. Hace 15 años, el 15M fue un señalamiento directo del “régimen del 78” y de los partidos que lo habían representado que proponía inaugurar un ciclo nuevo en la política española. Iban a ser los ciudadanos, organizados en asambleas, los que iban a estrechar la distancia que separaba al poder de la ciudadanía. Eran los de arriba contra los de abajo. Asaltaríamos los cielos. 

Y así fue.

El Gobierno actual y las versiones que lo precedieron se formaron en gran medida por personas que habían participado del 15M. Del puñado que durmió aquella primera noche del 15 de mayo en Sol, varias acabaron después en puestos de responsabilidad. Un número muy significativo de quienes se volvieron relevantes en la plaza terminaron siendo concejales, asesores, diputados, intelectuales y técnicos de los partidos que nacieron en los años siguientes, cuando no directamente ministros y hasta vicepresidentes del Gobierno. Incluso en el recién anunciado “Frente Amplio” que van a formar este año los antiguos integrantes de Sumar cuesta trabajo encontrar a un dirigente que no tuviera un papel en aquellos días de 2011. Tampoco el PSOE se libró del impacto. Es difícil imaginar que Pedro Sánchez hubiera llegado al poder sin el nuevo sentido común, tan contrario al establishment, que habían despertado las movilizaciones.

Cuando el nuevo régimen que quería traer el 15M no pudo desplazar del todo al antiguo, no le quedó más remedio que lidiar con él. Con el tiempo, las piezas fueron encajando en los huecos disponibles, y hoy no solo siguen vivos el PP y el PSOE, sino que también Vox se mueve dentro de ese mismo marco ideológico de la Constitución. Hasta Podemos ha dejado de ser ese movimiento asambleario y pretendidamente posmoderno que prometió en sus inicios y ha ido virando hacia algo mucho más parecido a un partido de izquierda clásica del siglo XX. De manera que las distintas versiones de los gobiernos progresistas de la última década, en el Estado, en las comunidades y en los ayuntamientos, han sido forzosamente un pacto; un equilibrio muy precario entre el régimen del 78 y ese nuevo sentido común que se quiso levantar para abolirlo.

Lo paradójico es que pese a esa aparente fragilidad ideológica, estos han sido quizás los gobiernos más eficaces de la historia democrática; los más capaces de enfrentar los cambios y de proponer medidas que hubieran sido impensables hace unas décadas. Solo en los últimos ocho años han enfrentado una pandemia, el temporal Filomena, un volcán, la guerra en Ucrania y en Irán, la Dana de Valencia, el enfrentamiento con Trump, un apagón, varios incendios, otro amago de un virus potencialmente mortal en un crucero, una crisis migratoria en Canarias y ahora otra en Ceuta. Mientras tanto, estos equipos de gobierno han producido algunas transformaciones muy relevantes en la arquitectura económica y social del país, como la reforma laboral, la subida extraordinaria del SMI, la extensión –aún imperfecta– del IMV, la reforma de la ley de dependencia, el impulso a las energías renovables y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Los resultados, a la vista está, son extraordinarios: España marca récords de crecimiento y de creación de empleo y hasta los intereses de la deuda, que fueron el canario en la mina del periodo anterior, están en mínimos históricos.

Y sin embargo, pese a toda su capacidad para la gestión, los partidos que conforman hoy el Gobierno parecen ser incapaces de escapar del paradigma impugnatorio del que nacieron. Aún hoy, aun después de haber demostrado esa sobrada capacidad para ejecutar un programa de gobierno, tanto el PSOE como los partidos del Frente Amplio parecen seguir empeñados en ser la oposición a la oposición, los que mejor señalan todas las cosas que van mal e identifican a los culpables de todos los problemas. Ellos son los mejores para “solucionar los problemas de la gente”, como le gusta decir a Yolanda Díaz, o para “frenar a la extrema derecha”, como dice Gabriel Rufián y repite incansablemente Pedro Sánchez, o para “que el miedo cambie de bando”, como afirma el ministro Bustinduy.

Pero cuando no se trata de arreglar problemas causados por un maligno enemigo exterior, ni de corregir los desmanes del ciclo neoliberal, sino de enfrentar las contradicciones del modelo de país que nos hemos dado, esa fragilidad ideológica que heredamos del 15M se revela como una verdadera, quizá insalvable, debilidad de la izquierda. 

Incapaces de consensuar un paradigma nuevo y de liderar a grupos con intereses dispares en una misma dirección, estos partidos se vuelven torpes. Se traban. Se demuestran inoperantes y no saben qué hacer. Y acaban dando vueltas como pollos sin cabeza.

Esto es lo que estamos observando en estos días, desde que el Sindicato de Inquilinas forzó al Gobierno a enfrentar el elefante en la habitación de la legislatura. En menos de 24 horas el presidente del Gobierno ha afirmado que lo que hay que hacer es “privilegiar el uso residencial frente al turístico” –sea lo que sea que eso signifique–; Podemos ha pedido “expropiar 650.000 viviendas” –con cargo a los impuestos de todos los contribuyentes–; Yolanda Díaz ha llamado a “movilizarse contra el Gobierno” –ese mismo Gobierno del que es vicepresidenta–; la ministra del ramo ha responsabilizado a los “especuladores desalmados” y a Ayuso, como si no fuera de su competencia que los especuladores no puedan ser desalmados; y por las redes se filtra una batería de medidas para aprobar hoy que, como nos tiene acostumbrados el Gobierno en este tema, disparan en distintas direcciones sin terminar de acertar en ninguna. 

Mientras tanto, es imposible conocer el modelo que tiene este Gobierno –ni su oposición– en materia de vivienda. ¿Persiguen los partidos del Gobierno que todos los españoles vivamos en una casa en propiedad? ¿O están de acuerdo en que una parte de la población viva toda la vida de alquiler? ¿Creen que la situación actual, donde el 85% de las personas entre 25 y 45 años que no tienen casa dicen que les gustaría comprar una vivienda pero no pueden permitírselo, debe perpetuarse? ¿Qué modelo de país tiene este Gobierno en la cabeza? Más allá de defendernos de la extrema derecha y de arreglar las fechorías que hicieron los gobiernos de Mariano Rajoy, ¿dónde piensa que vivamos, de qué espera que trabajemos, cómo espera que criemos a nuestros hijos? ¿Qué papel debería tener España en el mundo para estos partidos que llevan tantos años gobernándonos? 

Qué paradoja que el ciclo político más exitoso de la izquierda española en términos de transformaciones concretas es el que ha producido un proyecto político más pobre, apenas capaz de enunciarse a sí mismo como muro para evitar que lleguen otros. Qué paradoja que este gobierno que ha sabido arreglar una buena parte de los problemas del país no se atreva a proyectar un país nuevo.

Esta es la razón por la que hemos vuelto a la casilla de salida. Con una nueva acampada en las calles y una nueva generación que quiere impugnar al gobierno porque no se encuentra representada. Porque siente que la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos ya es insalvable. La acampada del 26S es el final del ciclo del 15M. 

Ayer por la mañana, los representantes del Frente Amplio comparecieron junto a los de Bildu, BNG y ERC frente al hospital donde está ingresada Maricarmen. Portando carteles del Sindicato de Inquilinas pidieron que no se pongan parches y se atiendan íntegramente las demandas del Sindicato. 

Es bastante evidente que, además del compromiso que han tenido estos partidos con este tema en los últimos meses, que es real y que es honesto, existe cierta tendencia a la sobreactuación provocada por un temor a que esta nueva ola de impugnación termine por impugnarles a ellos: “Solo el pueblo salva al pueblo”, decían algunos portavoces de los acampados.

Y a mí me parece que el truco para no ser impugnados es sencillo. Y es que si algo demuestra esta acampada, si algo ha demostrado en estos meses el Sindicato de Inquilinas y demostró en su día el 15M, es que cuando uno tiene una visión política y voluntad de universalizarla, hay margen, más allá de las mayorías parlamentarias, más allá de los intereses particulares, para hacer nuevas mayorías, para enarbolar consensos nuevos y empujar hasta a los más reticentes a tu visión. 

Más aún: es que quizá lo que necesita la sociedad para sentirse representada, para sentir que las personas que nos gobiernan trabajan con nosotros y no para ellos mismos, no es que nos “resuelvan los problemas”, ni que nos “defiendan de la extrema derecha”; ni siquiera es que nos ofrezcan un mundo fácil de clientes políticos, sino que nos convenzan y que nos involucren en un proyecto, en una visión de futuro en la que nos podamos encontrar reflejados y de la que todos podamos ser parte.