Abascal, abanderado de España. Patriotas de pulsera, soluciones de humo
Ver a Pedro Sánchez agitando una rojigualda en un mitin de Alcorcón ha hecho que Santiago Abascal y el Partido Popular se rasguen las vestiduras como sumos sacerdotes escandalizados por tamaña blasfemia. Resulta desolador observar cómo la derecha española ha logrado patrimonializar un símbolo que, sobre el papel, debería representarnos a todos. O eso dice la teoría. Para Abascal y compañía, la bandera no es un emblema constitucional, sino una propiedad privada con derecho de admisión. Ellos son los notarios de la patria, los encargados de expedir certificados de pureza nacional y decidir quién tiene permiso para exhibir la sacrosanta tela y quién no.
El reglamento para obtener el carné de «buen español» parece estricto: queda terminantemente prohibido pactar, hablar o cruzarse en el ascensor con fuerzas nacionalistas o independentistas como Bildu, ERC o Junts. Sin embargo, la moral patriótica de Vox es de geometría variable. Cuando el cálculo electoral obliga, a Abascal no le tiembla el pulso para tender puentes y buscar una entente cordiale con Sílvia Orriols. Resulta que la alcaldesa de Ripoll es, vaya por Dios, tan independentista como el que más, pero, como comparten alergia al inmigrante, la unidad de destino en lo universal pasa de repente a un cómodo segundo plano. El patriotismo de pulsera tiene estas cosas: se vuelve muy flexible cuando huele un nicho de votos.
Lo más sarcástico de esta supuesta superioridad moral de la derecha es la amnesia histórica interesada. La actual bandera de España no cayó del cielo, sino que es el resultado de una compleja negociación política en la que, durante la Transición, la izquierda tuvo que tragarse unos cuantos sapos. Baste recordar aquella histórica rueda de prensa de abril de 1977 en la que Santiago Carrillo, flanqueado ya por la enseña rojigualda, anunció que el Partido Comunista renunciaba a la tricolor republicana y aceptaba la monarquía como peaje impuesto por Adolfo Suárez para lograr su legalización. Aquello fue un trágala en toda regla, un sacrificio para encajar una forma de Estado que se hurtó deliberadamente a cualquier validación plebiscitaria. No en vano, la mayoría de los españoles sigue demandando un referéndum. Que quienes heredaron el símbolo sin hacer ni una sola concesión le nieguen ahora el saludo a quienes renunciaron a los suyos en aras de la convivencia es el colmo del cinismo.
En realidad, todo este affaire de la «banderita» —como la llamó despectivamente Abascal— es el síntoma perfecto de la enfermedad que arrastra la política occidental desde hace más de un cuarto de siglo: dado que la socialdemocracia asumió los postulados económicos del libre mercado —Nancy Fraser lo llama «neoliberalismo progresista»—, la contienda electoral se ha refugiado en lo que los politólogos anglosajones denominan symbolic politics (política simbólica). Al desaparecer el debate sobre el modelo productivo o el reparto de la riqueza, cada bando erige su particular tótem tribal, lo utiliza como banderín de enganche electoral y lo esgrime como un arma arrojadiza para ocultar que, en lo sustancial, apenas tienen margen o voluntad para cambiar las reglas del juego económico.
El problema es que la realidad no se deja tapar las vergüenzas con telas de colores. Tras la gran recesión de 2008, una pandemia global, la guerra en Ucrania y el reciente conflicto con Irán —y el consiguiente estrangulamiento de la cadena de suministros en Ormuz y Bab el-Mandeb—, las urgencias de la ciudadanía han descendido a la base misma de la jerarquía de necesidades humanas —o human motivations— propuesta por el psicólogo norteamericano Maslow a mediados del siglo pasado. Hoy la gente no pide épica identitaria; pide poder pagar la cesta de la compra y el alquiler. Lo vimos hace poco en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde el electorado castigó la pirotecnia simbólica de Trump y los republicanos para premiar a candidatos con propuestas verosímiles contra la inflación y la crisis habitacional.
España, sin embargo, parece empeñada en ir a contracorriente, instalada en un efectismo político huero que beneficia enormemente a una derecha sin proyecto. El mejor ejemplo de esta indigencia intelectual es el reciente vídeo de campaña de Vox sobre el alquiler, bajo el título de Los inalquilables. En lugar de ofrecer una sola medida realista sobre el mercado inmobiliario, el anuncio vincula arteramente la falta de pisos con la llegada de inmigrantes. Poco importa que esas personas trabajen y sostengan con sus cotizaciones el sistema de pensiones. En el universo mental de Abascal y los suyos, todos los males de la patria se resuelven con tres recetas mágicas: echar a Sánchez, expulsar inmigrantes y bajar —o quitar directamente— impuestos a troche y moche.
Vox promete en ese vídeo que «todos los españoles» tendrán una vivienda digna, aunque no aclara si piensa levantarla con ladrillos o con tuits patrióticos. Pero la verdadera trampa está en el sujeto de la frase: los «españoles». Porque si algún día gobiernan, será el propio Abascal quien pase lista y decida quién entra en ese selecto club y quién se queda en la calle por antipatriota. El plan de Vox para solucionar el complejo problema de la vivienda es sencillísimo: si no hay pisos para todos, bastará con ir retirando el carné de español a quien sobre. Y, quien proteste, que se abrigue con la bandera que más le guste.