Vox y la vivienda: cuando la solución no cabe en un tuit

Hay problemas cuya solución no cabe en un tuit. El de la vivienda, por ejemplo. El precio medio del alquiler en España ronda ya los 1.176 euros mensuales y el de compraventa creció un 12,8% interanual. Más del doble que la media europea.

Para solventar la cuestión, Vox ofrece —como para casi todo— una solución muy sencilla: menos inmigración, más desokupación y seguir señalando a Sánchez. Para ellos, el problema se resuelve señalando culpables: si no puedes pagar el alquiler, acabas convertido en un okupa; si no puedes comprar una casa, el culpable es el inmigrante; y, si todo falla, siempre queda el comodín Sánchez.

Todos estos mensajes son ideales para esas redes sociales que demandan mensajes cortos y fáciles de viralizar. Pero ¿qué propone exactamente Vox en sus programas electorales?

Porque el hecho es que, cuando atendemos al perfil de una franja importante de sus votantes —sectores trabajadores que se han alejado de la izquierda— encontramos una significativa contradicción. Y es que para los trabajadores menos cualificados la vivienda es, con diferencia, el problema que más destacan en las encuestas del CIS: el 35%, frente al 4,1% que recibe la inmigración. Pero, a esa masa más menesterosa de potenciales votantes, Abascal les ofreces en realidad exactamente lo contrario de lo que necesitan: la agenda habitacional del partido sigue centrándose en liberar suelo, reducir regulación, proteger al propietario, facilitar la construcción de renta libre y combatir la ocupación con desalojos en menos de 48 horas.

Pero esas medidas que favorecen a los grandes tenedores, alientan la especulación inmobiliaria y perjudican a un precariado cada vez más numeroso no se quedan solo en el papel del programa electoral, sino que escalan a los acuerdos autonómicos que Vox ha firmado con el PP este año, donde se despliega sin tapujos todo este viejo recetario neoliberal, aliñado además con ese nuevo mantra electoral de la «prioridad nacional». Una cantinela que tiene mucho gancho electoral, cosa de la que Vox es perfectamente consciente: el pasado junio llevaron al Congreso una moción para que los españoles tuvieran preferencia para comprar, alquilar o acceder a vivienda social. Fue rechazada por 314 votos frente a 33, lo que los sitúa como único referente electoral que defiende los intereses de los «verdaderos» españoles frente a la «invasión» inmigrante.

En cambio, a todos aquellos que defienden políticas sociales más redistributivas o una mayor intervención estatal del mercado, solo les espera la demonización más descarnada. El caso de Maricarmen lo mostró con especial crudeza. La gran aportación de Abascal al debate fue un tuit en el que llamó «milicias de Sánchez» a los manifestantes que salieron a la calle y acamparon en Sol. Además, con una paronomasia supuestamente ingeniosa, alentó esa teoría conspiranoica que asegura que las fuerzas tradicionales —esas que se opusieron a su moción— están particularmente interesadas en sustituir a la población blanca y cristiana europea por un nuevo contingente de población inmigrante que les sea electoralmente fiel: «toda España sabe que, si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa», escribió. La teoría del Gran Reemplazo sintetizada en 13 palabras.

Pero la frase, con ser supuestamente ocurrente, no explica por qué comprar o alquilar una vivienda cuesta hoy un 80% más que hace una década ni qué problemas causan la concentración de la propiedad, los fondos de inversión, el alquiler turístico y de temporada o un parque público que apenas representa el 2,5% del residencial, frente al casi 10% de la media europea. Para eso no sirven los retruécanos, los calambures ni otros juegos de palabras que tan bien quedan en un tuit.

Y luego está el PP. Esta táctica simplista y simplificadora, que supone una ventaja competitiva para Vox, es un problema para un PP que, según las encuestas, lideraría un futuro gobierno de coalición. Porque si ahora la cuestión es quién puede ofrecer el titular más duro contra los okupas o los inmigrantes, el año que viene el problema será qué políticas concretas podrían evitar que más personas sean expulsadas del mercado residencial. La próxima votación parlamentaria sobre vivienda será un buen test para identificar la posición del PP en este complicado asunto, una bomba de explosión retardada que le puede estallar cuando encabece ese futuro gobierno «limpio y decente» que garantice «los servicios públicos y la igualdad de los españoles».

Porque la emergencia habitacional no desaparecerá en un año. Seguirán faltando viviendas asequibles en un mercado desregulado, un mayor parque público, los alquileres seguirán presionando los salarios y miles de jóvenes continuarán retrasando su emancipación, aunque sea en una pequeña habitación de un piso compartido —con nevera y una pequeña cocina, con suerte—, una solución de último recurso que, aun así, no para de aumentar de precio porque ahora mismo la vivienda no es un derecho, sino una mercancía de alto valor especulativo, dadas las garantías que ofrece el marco legal español a los propietarios.

Así que sí, una frase ocurrente puede que sirva para ganar votos ahora. Pero solucionar —o simplemente paliar— el problema exige y exigirá implementar medidas concretas, osadas y, sobre todo, efectivas. Porque, cuando no funcionen, ya no estará Sánchez para cargar con las culpas.