Elecciones generales, ¿un referéndum sobre vivienda?

Dentro de la incertidumbre, antes de saber que iríamos a votar el 29 de noviembre, había algo seguro: iba a haber elecciones generales, este otoño o en otra fecha de 2027. Cierto que no era baladí la determinación de la fecha en que se celebrarían, pues emocionalmente hay momentos muy relevantes, como éste, pero también es cierto que pueden ocurrir tantas cosas en unos pocos días que para cualquiera es difícil calibrar el impacto de los acontecimientos esperados en el resultado de los comicios.

Es seguro también que, si nada tremendo ocurre entretanto, la cuestión del acceso a una vivienda digna va a ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Así lo han expresado ya algunas voces desde formaciones de izquierdas afirmando que “las elecciones generales van a ser un referéndum sobre la vivienda”. En todo caso, es claro que así será si así lo quieren y así lo interpretan. Y ya han comenzado a expresarse planteamientos y programas al respecto, no solamente desde la izquierda, pues también se ha sumado a ello Núñez Feijóo la pasada semana. Y esto no ha hecho más que empezar.

Ciertamente, la campaña electoral y las propuestas de los partidos políticos se centrarán en gran medida en esta cuestión, sin desdeñar otras de gran calado, claro está. Ahora bien, ¿qué puede significar “un referéndum sobre la vivienda” en este contexto electoral?

Un referéndum es una consulta a la ciudadanía sobre una decisión política de especial trascendencia, tal como lo prevé el artículo 92 de la Constitución, cuya previsión me sirve ahora de ejemplo. Por tanto, entiendo que quienes van a plantear las próximas elecciones generales como un auténtico plebiscito sobre el problema de la vivienda consideran, de un lado, que es una cuestión política de gran trascendencia y, de otro lado, entienden que tienen algo que consultarnos.

Lo que no comprendo es lo que van a preguntarnos. ¿Qué nos consultarán? ¿Lo que hay que hacer para ir dando solución a este tremendo problema? ¿O nos preguntarán sobre cómo valoramos lo (no) hecho hasta ahora en la legislatura que finaliza? ¿Será una consulta para calificar especialmente la actuación del Gobierno en esta materia? ¿Nos preguntarán por qué debemos confiar en que harán en el futuro lo que no han hecho en esta legislatura estando en el Gobierno?

Sinceramente, no sé lo que se nos va a plantear. Unas elecciones – generales o de otro nivel – siempre son, se quiera o no, el momento en el que, además de mirar al futuro, la ciudadanía también exige, o debiera hacerlo, responsabilidades políticas sobre lo realizado y sobre lo eludido, sobre el cumplimiento de los compromisos programáticos y sobre la rendición de cuentas que, en todo caso, se debe hacer. Y ello, sin duda, con mayor intensidad respecto del Gobierno, de cualquier Gobierno, de los partidos que lo han formado, pues en él recae la responsabilidad de dirigir la política interior y exterior, como está constitucionalmente previsto. Y porque es difícil poner el futuro en manos de quienes no han sabido gestionar en el pasado.

Pues bien, no encuentro un mejor modo de dar mi opinión en este pretendido “referéndum sobre el problema de la vivienda” que analizar lo realizado respecto a lo comprometido. Y ello, sin ser, en absoluto, ni de lejos, siquiera mínimamente experta en la materia. Pero no se trata ahora de dar soluciones, ya hay y habrá propuestas al respecto para tratar de cumplir con el ya archiconocido artículo 47 de la Constitución, sino de calificar lo hecho en esta legislatura. 

Todo comienza por el principio. Y, en este muy somero análisis, el comienzo es el Acuerdo para “Una nueva coalición de Gobierno progresista para España” firmado entre el PSOE y SUMAR en 2023. Es un Acuerdo que contiene once grandes bloques de materias, siendo el quinto de ellos el referido a “Garantizar el derecho a la vivienda y transporte de calidad para todos y todas”. Desconozco si la colocación de esta cuestión en el quinto lugar responde a un auténtico orden de prioridades, pero así es la cosa: la vivienda iba detrás de la economía, el empleo y salarios, la agenda verde y los derechos sociales. Fue la opción del Gobierno para la legislatura que va terminando.

Dicho quinto bloque contemplaba un gran número de medidas, difíciles de contener en esta columna. Pero las resumo en la medida de lo posible: aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible por varios mecanismos; desarrollo de las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo incentivos fiscales y regulación de los alquileres; habilitación de un programa nacional de ayudas y subvenciones para mejorar la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas; mejoras para los préstamos hipotecarios; consolidar el Bono Alquiler Joven; nueva línea de avales del ICO; trabajar para erradicar el sinhogarismo de calle en 2030; mecanismos de protección en materia de desahucios y lanzamientos...

Estos fueron, muy resumidamente expresados, los compromisos del Gobierno. Cada cual podrá contrastarlos con lo desarrollado. Pero lo que es innegable es que, por diversas razones, la vivienda es hoy un problema infinitamente mayor que en 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno por vez primera, y que en 2023. No lo digo yo, sino “la calle”, como algunos se refieren reiteradamente a una parte de la ciudadanía. Y, en todo caso, es una evidencia que éste es un problema que ha adquirido unas dimensiones superlativas: según el CIS, tal como consta en su página web, ya desde febrero del presente año, aunque los propios datos lo sitúan varios meses atrás, “todo lo relacionado con el acceso a la vivienda se percibe ya como el principal problema que existe actualmente en España según un 42,8% de los encuestados por el Barómetro de febrero”. La novedad que constata este último estudio es que ha pasado a ser, también, la primera preocupación cuando se pregunta “por el primer problema que personalmente le afecta más” con un 27,6% de las respuestas“.

Hay quien considera que, con la no convalidación y consecuente derogación de los dos Reales Decretos-Ley el pasado viernes, a Sánchez se le ha aparecido Dios, o la Virgen o alguien del más allá, o del más acá, ya que ahora tiene una oportunidad de capitalizar el voto de las izquierdas, de ser el referente en la lucha por la vivienda digna contra todas las derechas, contra el rentismo y el canibalismo inmobiliario. Cada cual ve la realidad como quiere, como le interesa o como puede. Todas las visiones son legítimas; otra cosa es que sean realistas y honestas.

Por otra parte, tal como hemos conocido ya, el Consejo de Ministros va a aprobar nuevamente los dos Reales Decretos-Ley a fin de ser convalidados por la Diputación Permanente, en la que, ahora sí, se cuenta con la mayoría suficiente. No es la manera más ortodoxa de legislar ni, en mi opinión, la más respetuosa con la “voluntad popular”, aunque es plenamente constitucional y no es la primera vez que ocurre, pues ya se hizo una vez, siendo también Sánchez Presidente, en 2019 cuando dicha Diputación Permanente aprobó el 3 de abril de 2019 el Real Decreto-Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, siendo así que, como ahora, también entonces el Congreso derogó idéntica norma el 22 de enero anterior. 

No sé lo que va a pasar en las próximas elecciones generales ni quién formará gobierno. Ni sé lo que quienes acampan en la calle por el derecho a la vivienda van a pensar y votar, dado que también en ese espacio se aprecia un gran reproche a la mayoría parlamentaria, si es que alguna vez la ha habido, cuando también se reclama “la derogación de la Ley mordaza”, por ejemplo.

Lo que sí sé es que, para dar una respuesta clara, si los comicios son, como se va a pretender, “un referéndum”, quisiera una pregunta también clara, como, por ejemplo: ¿cómo valora usted lo hecho en esta legislatura por quienes tenían la responsabilidad y obligación constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna? “Preguntar” otra cosa, plantear otro debate, intentando eludir toda rendición de cuentas y asunción de responsabilidades no es propio de unaa izquierda que yo considero madura. En todo caso, eso sí, por supuesto, que cada vote respondiendo a la pregunta que entiende se le está formulando.