La vivienda cooperativa como respuesta a la coyuntura política
No hace falta repasar la secuencia de la última semana. La suspensión de desahucios de personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler estuvieron en vigor apenas unas horas. Más allá de las responsabilidades de cada cual, lo ocurrido revela un problema de fondo. La seguridad residencial de millones de personas depende de aritméticas parlamentarias frágiles y cambiantes. Ahora mismo, en España, las tímidas iniciativas que se han tomado en los últimos tiempos para encarar la gravísima situación de la vivienda pueden quedar drásticamente cercenadas si los resultados de las elecciones del 29 de noviembre no permiten seguir esa trayectoria. El debate parece atrapado entre dos polos. Los que propugnan más liberalización de suelos y procedimientos para así poder construir más, o aquellos que reclaman la recuperación del papel del Estado en la protección del derecho a la vivienda. Pero, en ese pulso suele quedar fuera del foco una tercera vía con mucha historia en otros países y que aquí también tiene presencia. La vía de la comunidad organizada, la vía cooperativa.
Como estos últimos tiempos se ha ido recordando, España no es un país que no haya construido vivienda protegida. Lo hizo, y en grandes cantidades, durante décadas. El problema es que no se conservó. La mayor parte de esa vivienda tenía una calificación temporal y así, al cabo de un número de años, se descalificaba y pasaba al mercado libre como cualquier otro piso. Dinero público, suelo público y esfuerzo colectivo acababan convertidos en patrimonio privado. Esto afectó también a la iniciativa sindical, ya que las cooperativas que se creaban para acceder a la vivienda usando la cesión del suelo público, una vez construido el edificio la cooperativa se disolvía y cada quien accedía a la propiedad de su piso. Así fuimos llenando un cubo agujereado. El resultado es que hoy el parque de vivienda social apenas ronda el 2,5 o el 3% del total, muy lejos de la media europea.
Hay un segundo problema, menos citado pero real. Cuando la vivienda es de una administración que se percibe como lejana, la relación de quien la ocupa con el inmueble tiende a ser ambigua. No es suya, pero tampoco siente que sea de nadie en concreto. El mantenimiento depende de una burocracia lenta, los desperfectos se acumulan y la responsabilidad se diluye. No se trata de culpabilizar a los inquilinos, sino de reconocer una lógica que conocemos bien en la que lo que es de todos en abstracto acaba siendo de nadie en la práctica. Elinor Ostrom recibió un Premio Nobel de Economía por demostrar hace años que los bienes comunes no están condenados a la tragedia si existe una comunidad con reglas propias, implicación y capacidad de vigilancia mutua. Esa es precisamente la virtud de la cooperativa.
En el modelo de cooperativa en cesión de uso, la propiedad del edificio es siempre del colectivo. Las personas socias tienen un derecho de uso indefinido, que incluso pueden transmitir, pero no pueden vender el piso para obtener una plusvalía. Si alguien se va, recupera su aportación y otra persona entra en las mismas condiciones. La vivienda queda fuera del mercado especulativo de forma permanente. Y lo hace, además, con independencia del ciclo político. Lo hemos visto esta misma semana, cuando en cuestión de horas nos hemos quedado sin protección. Mande quien mande en el ayuntamiento o en la comunidad autónoma, el edificio sigue siendo de quienes lo impulsaron y lo gestionan. No depende de que un gobierno decida vender parque público a un fondo, como ya ha ocurrido, ni de que una convocatoria electoral cambie las prioridades. Y como el edificio es de todos los socios, cuidarlo es responsabilidad compartida. La asamblea, los vecinos y las normas comunes actúan como un control horizontal mucho más eficaz que cualquier inspección.
Los datos avalan esas afirmaciones. En Copenhague, alrededor de un tercio de las viviendas funcionan bajo el modelo de cooperativa de propiedad colectiva, y, en cambio, otro tercio que hace años dependía del Ayuntamiento, acabo siendo privatizado al cambiar la mayoría gobernante. En Zúrich, cerca de una de cada cuatro viviendas pertenece a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, y la ciudadanía votó en referéndum el objetivo de llegar a un tercio del parque. En Viena, sumando la vivienda municipal y la de asociaciones sin ánimo de lucro, más de la mitad de la población vive en viviendas protegidas de la especulación, lo que acaba moderando los precios del conjunto del mercado. Y en Uruguay, las cooperativas de ayuda mutua agrupadas en FUCVAM llevan medio siglo demostrando que el modelo funciona también en contextos con muchos menos recursos.
En España, el panorama es todavía mucho más modesto, pero se mueve. La Borda, en Sants, construida sobre suelo municipal cedido en derecho de superficie, se ha convertido en una referencia europea. Sostre Cívic agrupa ya a decenas de proyectos en Cataluña, Entrepatios ha abierto camino en Madrid, y existen ya más de 2.000 viviendas en cesión de uso en distintas fases. Son cifras pequeñas en un parque de millones de viviendas, pero muestran que el modelo es viable en ciudades densas y consolidadas.
El marco legal empieza a acompañar. La Ley de Impulso de la Economía Social, reconoce por primera vez en la legislación estatal las cooperativas en cesión de uso como especialmente protegidas. Y el Parlament tramita una reforma de la ley catalana de cooperativas para blindar el modelo, impulsada por casi todo el arco parlamentario, Junts incluido. Quizá sea una pista. Cuando se trata de sacar la vivienda del mercado mediante la propiedad colectiva y no mediante la regulación, los consensos pueden ser más fáciles de construir ya que cada quién tiene vínculos concretos.
¿Qué pueden hacer las administraciones? Mucho, y sin necesidad de asumir toda la carga. Pueden ceder suelo público en derecho de superficie a largo plazo, de modo que el suelo siga siendo público y el edificio colectivo: una doble garantía antiespeculativa. Pueden facilitar financiación mediante avales, préstamos de entidades públicas como el ICF o el ICO, y alianzas con la banca ética y cooperativa, como Coop57 o Fiare, que ya están jugando un papel clave. Pueden simplificar trámites y ofrecer acompañamiento técnico a grupos que, a menudo, tardan años en sacar adelante un proyecto. Y pueden favorecer la intercooperación, las cooperativas de segundo grado que agrupan proyectos y permiten ganar escala y capacidad de negociación.
No todo es sencillo. Entrar en una cooperativa exige una aportación inicial que muchas familias no pueden asumir. Si queremos que sea una respuesta real al problema, las políticas públicas tienen que ayudar a cubrir esas aportaciones a quienes no las tienen. La cooperativa no sustituye la necesidad de un parque público potente, pero lo complementa y lo hace más resistente.
Hay además un terreno donde el cooperativismo puede ser especialmente significativo. Vivimos más años, muchas personas mayores viven solas y el modelo de residencias ha ido mostrando sus carencias y sus fragilidades. Experiencias como Trabensol, en Torremocha de Jarama, donde un grupo de jubilados diseñó su propio espacio con apartamentos privados y amplios servicios comunes, señalan otra forma de envejecer, con autonomía, con compañía y gestionando colectivamente los cuidados. También aquí el obstáculo son los recursos, porque muchas pensiones no dan para ello. Pero si las administraciones ceden suelo y conectan estos proyectos con los servicios de atención domiciliaria, se abre una alternativa más digna y probablemente más sostenible que la institucionalización.
En definitiva, no se trata de presentar el cooperativismo como la solución mágica a la crisis de la vivienda. Se trata de reconocer que, entre el mercado que expulsa y un Estado que no siempre ha sabido conservar lo que construía, existe un espacio de propiedad colectiva, gestión democrática y arraigo comunitario. Un espacio que no cambia de manos con cada elección ni con cada ciclo especulativo. Quizás ese sea su principal valor, el valor de convertir la vivienda en algo que no se compra, no se vende, ni se especula con ella, sino que permanece y se cuida.