La escuela pública nos necesita a todos
Estos días, mientras sigo las movilizaciones del profesorado que se están sucediendo en diferentes lugares, hay algo que me preocupa especialmente. No son únicamente las condiciones que denunciamos los docentes, sino también algunos de los comentarios que escucho y leo sobre quienes hemos decidido reivindicar mejoras para la enseñanza pública.
Soy profesora de Secundaria y Bachillerato, pero también soy madre de dos niños que estudian en un colegio público. Conozco las dificultades que supone organizar la vida familiar cuando hay una huelga docente. Sé que no todas las familias disponen de abuelos o permisos laborales para buscar una alternativa y entiendo el trastorno que estas situaciones pueden ocasionar. Lo que me cuesta comprender es que, en lugar de cuestionar un sistema que hace tan difícil la conciliación, algunas de esas críticas terminen dirigiéndose contra quienes demandamos mejoras.
No creo que esa sea la opinión de todas las familias, ni mucho menos. Hay madres y padres que conocen perfectamente las dificultades de los centros y que apoyan estas reivindicaciones, pero me preocupa que determinados discursos terminen desvirtuando nuestra profesión y restando importancia a una labor educativa que va mucho más allá de mantener al alumnado ocupado durante unas horas.
Hemos terminado trasladando a la escuela las consecuencias de un sistema laboral que impide la conciliación, y puede que esa sea una parte importante del problema. Los centros educativos se han convertido en un recurso imprescindible para la organización de muchas familias, pero esa necesidad no debería impedirnos cuestionar en qué condiciones se desarrolla la enseñanza dentro de ellos.
No pretendo enfrentar a las familias con los docentes. De hecho, creo que deberíamos estar mucho más cerca de lo que estamos. Como madre, quiero que mis hijos estudien en aulas donde sus profesores puedan conocerlos y dedicarles el tiempo que necesiten. Como profesora, quiero poder ofrecer exactamente eso a mis alumnos.
Cuando los docentes reclamamos una reducción de las ratios, no estamos pidiendo simplemente trabajar con menos alumnos para estar más cómodos. Estamos reclamando poder dedicar más tiempo a cada uno de ellos. Sin embargo, para reducir las ratios hacen falta más profesores y más aulas; en definitiva, más inversión.
Algo parecido ocurre con la atención al alumnado con necesidades educativas. Hablamos mucho de inclusión y de la importancia de respetar los distintos ritmos de aprendizaje, pero para que esa inclusión sea efectiva, necesitamos más profesionales especializados y unas condiciones que permitan atender adecuadamente a cada estudiante.
También reclamamos una reducción de la carga burocrática. Cada vez dedicamos más tiempo a la elaboración de documentos e informes que terminan restándoselo a otras cuestiones directamente relacionadas con la enseñanza.
Cuando escucho determinados comentarios sobre las huelgas, tengo la impresión de que todas estas reivindicaciones quedan relegadas a un segundo plano. Por eso me gustaría que, cuando se convocara una huelga educativa, las familias no la percibieran como un problema ajeno que viene a complicarles la vida, sino que pudieran reconocer en muchas de esas demandas las mismas mejoras que desean para sus hijos. Apoyar e interesarse por las reivindicaciones o simplemente evitar descalificar a quienes las plantean también supone reconocer que la educación pública es una responsabilidad compartida.