Nuevas acusaciones avivaron hoy el debate sobre la detención de la diputada del Parlasur y activista social Milagro Sala en Argentina, después de que este jueves el kirchnerismo y oficialismo intercambiaran gritos en el Congreso por la agresión policial a una legisladora que fue a manifestarle apoyo.
En declaraciones a Radio El Mundo, el ministro de Seguridad de la norteña provincia argentina de Jujuy, Agustín Perassi, justificó hoy la actuación de la policía local contra los manifestantes que acudieron a respaldar a Sala en la apertura del juicio por la primera de las múltiples causas que tiene abiertas, entre ellos varios nombres conocidos del kirchnerismo.
Consultado por los golpes y empujones que sufrió la diputada Mayra Mendoza, que fue arrastrada por el cuello por los agentes, Perassi alegó que hay “fotos y videos” que demuestran que la legisladora estaba “histérica” y que quería saltar las vallas que la separaban de la entrada de los tribunales jujeños.
“Era una persona que estaba agresiva golpeando a otra gente”, sostuvo.
El ministro provincial también hizo referencia a otra agresión denunciada por una de las testigos que declarará contra Milagro Sala, Celia Ivana Velázquez, quien permanece en el hospital con lesiones leves tras haber sido asaltada por encapuchados.
“Tiene protección policial y su familia (...). La Justicia está investigando”, señaló.
Los dichos de Perassi vinieron precedidos por una encendida discusión este jueves en el Congreso entre el oficialismo -que gobierna la provincia de Jujuy- y el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), la fuerza dentro de cuyas listas Milagro Sala obtuvo su banca de diputada del Parlasur en las elecciones de finales de 2015.
La polémica por la agresión denunciada por Mendoza dominó el comienzo de la sesión del Parlamento, con gritos entre el oficialista Mario Negri y la bancada del FpV, que recibió la solidaridad de otras fuerzas, como el Frente de Izquierda.
Aunque repudió la actuación policial, Negri cargó contra el kirchnerismo por malversar, según él, “la política de derechos humanos” y por no hacer “autocrítica” frente a las múltiples investigaciones de corrupción que se han abierto desde que Cristina Fernández entregó el poder, en diciembre pasado.
Por su parte, Mendoza acusó posteriormente a Negri de “misógino”, según declaraciones recogidas por la prensa local.
La diputada del Parlasur permanece en la cárcel desde el pasado 16 de enero, cuando la Justicia jujeña ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
El caso despertó el interés de la comunidad internacional y desde octubre ya han pedido al Estado que la libere el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y otros referentes de derechos humanos de todo el mundo.
El Gobierno argentino y el jujeño alegan que la decisión está en manos de la Justicia y afirman que los organismos internacionales no manejan información completa sobre los cargos que pesan contra Sala, sino que solo tienen en cuenta la detención inicial por la protesta contra Morales.
El kirchnerismo y la defensa de Sala sostienen, por su parte, que Sala es una “presa política”.