El gobierno birmano negó que el Ejército esté implicado en la quema de decenas de casas en aldeas de la minoría musulmana rohingya, en la zona del oeste del país sometida desde hace más de un mes a una vasta operación militar.
El Ejército se desplegó en el distrito de Maungdaw del estado de Rakhine, en la frontera con Bangladesh, tras el asalto armado el 9 de octubre contra tres puestos de la policía fronteriza que habría sido perpetrado por miembros de esta minoría perseguida en el país.
Activistas locales acusan al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y saqueos contra la población rohingya mientras Human Rights Watch (HRW) denunció el domingo con imágenes de satélite la quema de 450 casas en tres aldeas de esta minoría.
La Oficina de la Consejera de Estado y líder de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, rebajó la cifra de casas quemadas a 180 y el alcance de los daños en base a imágenes tomadas desde helicópteros militares.
El subdirector de la oficina, Zaw Htay, insistió además en atribuir los incendios a insurgentes que desde el asalto de octubre siguen enfrentándose a las fuerzas de seguridad, según publica hoy el diario estatal Global New Light of Myanmar.
En la última semana al menos 69 supuestos insurgentes murieron a manos de la Policía y el Ejército en lo que las autoridades describieron como emboscadas que los asaltantes, calificados como terroristas, habrían llevado a cabo armados con palos y machetes.
Zaw Htay añadió que el gobierno prevé levantar la prohibición de acceso a la prensa no estatal en esta zona, vetada desde el inicio de la violencia a organizaciones de ayuda humanitaria, observadores y prensa independiente, aunque no precisó ninguna fecha.
HRW calificó el reconocimiento de daños en Maungdaw y el anuncio de levantamiento del cerco para la prensa como “un paso adelante hacia la verdad de lo que ha ocurrido” pero insistió en reclamar que este acceso sea “rápido y sin restricciones”, según un comunicado.
El anuncio coincidió con la llegada a Rakhine de los expertos de una comisión creada por el Gobierno para que elabore un informe con recomendaciones para prevenir la violencia sectaria y promover la reconciliación en ese estado.
La comisión está presidida por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, que el lunes expresó su “profunda preocupación” por el estallido de violencia y llamó a las fuerzas de seguridad a actuar de acuerdo con la ley.
Más de un millón de rohingya viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohingya, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.