En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, manifiesta que quieren escuchar y ser escuchados “con la voluntad sincera y franca de llegar a acuerdos que permitan avanzar y dónde se pueda hablar de la libertad de los presos políticos y exiliados, del reconocimiento de la autodeterminación y del progreso social y económico para todo el mundo”.
Así, reclama “valentía y altura democrática” para afrontar esta cuestión y le adjunta el resultado de la encuesta 'Percepción sobre el debate territorial en España 2019' en todo el Estado que recoge que el 68% de los españoles apuesta por solucionar el conflicto en Catalunya con diálogo y negociación, aunque la mayoría --un 46,8%-- opta por que este diálogo sea dentro del marco de la Constitución, mientras que el 21,2% cree que debe ser sin límites.
“Así lo hemos defendido siempre desde el Govern de la Generalitat, y lo continuaremos haciendo a pesar de la respuesta que hemos recibido en forma de rotundas negativas, ataques a nuestra lengua y cultura y la regresión de los derechos fundamentales”, expone la consellera.
Según Budó, la encuesta también constata un algo grado de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia española, tanto en Catalunya --87,5%-- como en el resto de España --75-5%--, y ha llamado a la clase política a tomar nota de ello.
También recoge que hay “margen” para realizar un referéndum al concretar que un 71% de los catalanes lo reclaman como vía de solución del conflicto frente a un 22% que no lo quieren, y que si fuera legal y acordado, el 81% de los catalanes y el 48% del resto de españoles aceptarían el resultado.
Otra de las cuestiones que le expone es la pérdida de miedo de catalanes y del resto de españoles a debatir temas anteriormente considerados tabú, como “el derecho a decidir de los ciudadanos y el papel de la monarquía española que, todo sea dicho, el 73% de los catalanes y el 41% de los españoles suspenden”.
Para Budó, el encaje y la relación entre Catalunya y el resto de España es una cuestión de debate y preocupación para muchos ciudadanos, que “traspasa las fronteras del Estado y que también preocupa al resto de instituciones europeas”.
“Es un conflicto que en los últimos años se ha judicializado de una forma exponencial y que ha comportado la existencia de presos y presas políticas y de exiliados y exiliadas, la persecución de las ideas y de los movimientos sociales y la regresión de derechos fundamentales”, añade.
Además, avisa de que las tensiones se han agravado tras las “durísimas” penas de prisión a los líderes independentistas catalanes por parte del Tribunal Supremo (TS), lo que considera que se ha evidenciado en los resultados de las diferentes convocatorias electorales de los últimos dos años.